Hoy reflexionaré brevemente sobre lo que considero es un descriterio respecto de la situación que vive nuestro país y, la iniciativa porfiada de algunos parlamentarios para lograr que este 17 de septiembre 2026 sea feriado.
Hay algo profundamente equivocado en la política chilena cuando, en medio de un país que necesita desesperadamente recuperar el empleo, la productividad y el crecimiento, una parte de nuestros parlamentarios encuentra como prioridad regalarle a Chile un día más de descanso. El 18 de septiembre de este año cae viernes y el 19, sábado. Aun así, en la Cámara de Diputados avanzan iniciativas para convertir el jueves 17 en feriado. Entre ellas está la impulsada por Zandra Parisi, del Partido de la Gente. ¿De verdad este es el gran problema que Chile necesita resolver?
Mientras algunos parlamentarios calculan cuántas cuecas caben en un fin de semana largo, otros deberíamos estar calculando cuántos empleos necesita Chile crear para que miles de familias puedan llegar a fin de mes con esa dignidad que tanto pregonan. La tasa de desempleo llegó a 9,4% en el trimestre abril-junio de 2026 y la informalidad laboral alcanzó el 27%, equivalente a más de 2,5 millones de personas. Ese es el Chile real, el de quien busca trabajo, el de la persona que sobrevive en la informalidad, el de la pyme que mira su estructura de costos y no sabe cómo absorber una nueva exigencia laboral, y el del trabajador independiente que no tiene aguinaldo ni sueldo asegurado.
Es en este escenario donde nuestros honorables legisladores descubren que la prioridad nacional es un jueves libre. Recordemos algo elemental, los feriados no son gratuitos. Para quien recibe una remuneración mensual y puede disfrutar de un día adicional de descanso, puede parecer una excelente noticia, sin embargo, alguien tiene que producir, abrir, transportar, atender, fabricar y prestar servicios. Cuando determinadas actividades no pueden detenerse, las empresas deben reorganizar sus operaciones y absorber mayores costos y aquí es donde se produce el problema, porque el impacto puede ser especialmente duro para las pequeñas y medianas empresas, que no tienen la espalda financiera de una gran empresa o corporación.
Esto ocurre, además, después de una sucesión de reformas que han incrementado los costos asociados al empleo formal. La reducción progresiva de la jornada laboral, el aumento de las cotizaciones previsionales y el incremento del sueldo mínimo pueden tener objetivos perfectamente legítimos. Nadie debería confundir esta crítica con una defensa de sueldos miserables o de jornadas abusivas. El problema es otro, toda política tiene un costo y alguien debe pagarlo. Ese principio parece desaparecer del debate cuando se acerca una elección.
La Ley de 40 Horas ya llevó la jornada laboral a 42 horas desde abril de 2026 y la reducirá a 40 en 2028. Paralelamente, las empresas enfrentan mayores costos laborales y un mercado en el que contratar formalmente sigue siendo una decisión difícil, particularmente para las unidades productivas más pequeñas.
Por eso conviene preguntar, ¿quién paga la fiesta?
Porque las Fiestas Patrias tampoco son gratis. Una salida familiar a una fonda, una comida, transporte, juegos, bebidas o simplemente un paseo implican gastos adicionales. Para una familia que llega con holgura a fin de mes, puede ser una oportunidad agradable. Para quien está desempleado, trabaja informalmente o apenas consigue cubrir sus necesidades básicas, un feriado adicional no necesariamente constituye una mejora de su calidad de vida. Puede convertirse simplemente en un día adicional en que aparece la tentación de gastar dinero que no tiene.
Mientras tanto, quienes votan estas leyes seguirán recibiendo su remuneración. La dieta parlamentaria no se suspende porque el Congreso haya decidido que el resto del país descanse.
Y aquí aparece el problema político de fondo, el mismo de siempre: el populismo.
Ponga atención y seamos honestos, no estoy hablando de una cueca. Tampoco de estar en contra de las Fiestas Patrias. El problema es utilizar una decisión de dudoso beneficio económico para obtener una recompensa política inmediata. Porque es extraordinariamente fácil decirle al ciudadano: “Yo conseguí que tengas un día más feriado”. Mucho más difícil es decirle: “Voy a impulsar medidas para aumentar la productividad, facilitar la contratación, atraer inversión y generar empleos formales y mejor remunerados”.
Lo primero produce aplausos inmediatos. Lo segundo exige explicar economía y ahí hay un abismo en la clase política actual.
La política populista siempre prefiere el aplauso inmediato, el apretón de manos falso y el abrazo cínico e hipócrita.
Por eso resulta particularmente paradójico que uno de los impulsores sea el Partido de la Gente. Si pretende representar al trabajador, a la clase media y al pequeño empresario que se parte el lomo trabajando, debería ser precisamente quien entendiera que la mejor política para la gente no siempre es la que la gente quiere escuchar. Un buen representante no está para repartir caramelos. Está para tomar decisiones difíciles, incluso cuando esas decisiones no generan aplausos.
En todo esto hay un aspecto todavía más preocupante: la utilización de la representación parlamentaria como mecanismo de presión sobre el Ejecutivo. Si efectivamente se pretende condicionar otras materias legislativas a que el Gobierno apoye esta iniciativa, estaríamos ante una práctica políticamente inaceptable. Los votos de los diputados no son propiedad personal ni moneda de cambio. Son una representación otorgada por los ciudadanos para legislar en función del interés público. No son fichas de casino que puedan utilizarse para negociar favores políticos.
Por eso, en este caso, la posición del Gobierno merece respaldo. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha advertido sobre los efectos de un feriado adicional y el Ejecutivo ha manifestado que no están dadas las condiciones para modificar el calendario.
No porque un feriado sea una catástrofe nacional. No lo es. Tampoco porque descansar sea malo. Todo lo contrario. El descanso es necesario y las Fiestas Patrias son parte de nuestra identidad y de nuestra cultura.
Sin embargo, jamás debemos olvidar que gobernar responsablemente también significa saber decir que no.
Chile necesita recuperar productividad, empleo formal, inversión y crecimiento. Necesita que contratar a una persona vuelva a ser una decisión razonable para una pequeña empresa. Necesita que el trabajador tenga oportunidades reales de aumentar sus ingresos y no solamente más días libres para administrar un presupuesto cada vez más escaso.
Un país no sale del subdesarrollo porque sus ciudadanos tengan más feriados. Un país sale del subdesarrollo cuando produce más, invierte más, innova más y consigue que sus trabajadores ganen más porque su productividad aumentó. En otras palabras, debemos dejar de hablar de horas de trabajo y convertir el relato en cuánto producimos en esas horas de trabajo.
Eso exige algo bastante menos popular que regalar un jueves, requiere trabajo, disciplina, inversión, educación, productividad y responsabilidad fiscal.
