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martes, 14 de julio de 2026

EL CAPITÁN Y LA SOBERANÍA - REFLEXIONES SOBRE EL RUMBO DE NUESTRA DEMOCRACIA


Artículo escrito por: A PASO FIRME

    Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión. Hoy quiero proponerles un ejercicio de imaginación que nos transportará más de dos mil años atrás, pero que nos servirá para entender el pulso de nuestro presente.

    Imaginen que se encuentran a bordo de un navío en medio de un océano incierto. El cielo se oscurece y las olas comienzan a golpear con fuerza. En ese momento de crisis, ¿a quién confiarían el timón? ¿Al pasajero que mejor habla, al que les promete el viaje más placentero o a aquel que realmente conoce los secretos de las corrientes, las estrellas y la navegación?.

    Hace más de dos mil años, Sócrates advertía sobre el riesgo de una democracia incapaz de distinguir entre el conocimiento y la simple popularidad. Su analogía del barco no buscaba eliminar la democracia, sino señalar una fragilidad inherente: el peligro de que el debate público deje de privilegiar la razón y comience a premiar únicamente aquello que resulta emocionalmente atractivo o demagógicamente útil.

    Para Sócrates, el voto no era un instinto, sino una habilidad que requiere ser enseñada y practicada. Si permitimos que el barco sea dirigido por quien solo sabe ganar simpatías, el naufragio es inevitable. Bajo esta luz, cabe hacernos la pregunta que hoy nos incomoda en Chile: ¿Quién gobierna realmente?. La respuesta inmediata es "el pueblo", pero al observar cómo funciona nuestra arquitectura política, la respuesta se llena de matices que desafían esa simplicidad.

    En teoría, vivimos en una democracia representativa. Sin embargo, en la práctica, los partidos políticos ocupan el centro absoluto de toda la arquitectura institucional: seleccionan candidatos, negocian leyes, distribuyen cuotas de poder y determinan el rumbo del país.

    El problema surge cuando observamos el contraste entre el enorme poder que ejercen y el escaso respaldo ciudadano que poseen. La militancia partidaria es hoy una fracción mínima del padrón electoral; sin embargo, esa minoría define las reglas bajo las cuales vivimos millones de independientes.

    Aquí resuena de nuevo la advertencia socrática. ¿Hemos permitido que la "maquinaria de popularidad" de los partidos reemplace a la deliberación racional? El sistema muchas veces termina premiando estructuras partidarias mucho más que liderazgos individuales con conocimiento real, y esa diferencia importa muchísimo si queremos que el barco llegue a buen puerto.

    Debemos ser conscientes de que esta navegación tiene un costo, y es alto. Todos financiamos las campañas, el funcionamiento permanente de los partidos, los asesores y toda la estructura destinada a sostener el sistema. Cuando la política se financia con recursos de todos, deja de pertenecer exclusivamente a los partidos; nos pertenece a todos nosotros.

    Aceptar este financiamiento público nos otorga el derecho de exigir un estándar ético y técnico extraordinariamente alto. Pero aquí aparece una paradoja que genera un dolor profundo en nuestra convivencia: el Estado nos obliga a sostener económicamente el sistema y, además, nos obliga a legitimarlo mediante el voto obligatorio bajo amenaza de sanción.

    Si una democracia necesita multas para que sus ciudadanos concurran a las urnas, ¿no estaremos ante un síntoma de un déficit profundo de educación cívica y confianza institucional?. El voto debería ser un acto de responsabilidad soberana, no el simple cumplimiento de una obligación administrativa para evitar una multa. Las democracias, al final del día, terminan reflejando el nivel de exigencia de quienes participan en ellas.

    Uno de los mayores problemas aparece cuando quienes redactan las reglas del sistema son, al mismo tiempo, quienes obtienen beneficios de ellas. Un ejemplo racional y concreto lo vimos tras las elecciones de 2025, cuando trece partidos enfrentaron su disolución por no cumplir los mínimos legales. Vimos cómo el sistema permite interpretaciones para facilitar la continuidad de las organizaciones políticas por sobre la medición del respaldo ciudadano real.

     Lo mismo ocurre con mecanismos como la paridad de género o el método D'Hondt. Más allá de la validez de sus objetivos, como promover la participación femenina o la proporcionalidad, surge una duda sobre la soberanía. Cuando el sistema interviene después de que el ciudadano ya votó para ajustar el resultado a nuevo un diseño previo, se está aplicando un segundo filtro que el elector no controló en la urna.

    Si el ciudadano vota creyendo que su voto determina quién resulta elegido, pero un filtro posterior altera esa voluntad, la pregunta deja de ser sobre género o matemáticas; pasa a ser una pregunta sobre quién es realmente el soberano. ¿Dónde termina el criterio de corregir la voluntad popular en favor de un diseño preestablecido?.

    ¿Cómo sanamos este dolor democrático?, una propuesta racional es devolverle el timón al ciudadano mediante el voto nulo vinculante. Si una mayoría concluye que la oferta política carece de la calidad o el conocimiento necesarios, ese voto nulo debería invalidar la elección donde sea que ella ocurre. Este mecanismo obligaría a los partidos a dejar de apostar por el "mal menor" y a empezar a buscar la excelencia y a su vez daría un valor inconmensurable a las primarias electorales, convirtiéndolas en reales barómetros de la política y no en el mero trámite que hoy son, considerando además que hoy no hay reembolso a los partidos políticos y además ellas podrían dar paso a propuestas de candidaturas de independentes, pero independientes de verdad.

    Sin embargo, la democracia no es solo el acto de votar; eso es apenas el último paso. La democracia comienza mucho antes: cuando el ciudadano se informa, contrasta argumentos, estudia y fiscaliza. Comienza cuando dejamos de actuar como "hinchas" de un color político y empezamos a comportarnos como soberanos exigentes.

    El verdadero problema de Chile no es solo la calidad de sus dirigentes, sino el nivel de exigencia que como sociedad estamos dispuestos a imponerles. El día en que dejemos de premiar la improvisación, el populismo y la demagogia que Sócrates tanto temía, ese día empezaremos a elegir navegantes distintos.

    Este cambio no nacerá en el Congreso ni en las sedes de los partidos; nacerá frente al espejo. Porque la democracia se degrada cuando los gobernantes fallan, pero también se degrada profundamente cuando los ciudadanos renuncian a ejercer plenamente su responsabilidad. La soberanía no consiste solamente en tener derecho a votar; consiste en exigir que ese voto sea respetado, ejercerlo con responsabilidad y comprender que cada decisión individual termina escribiendo la historia completa de un país.

    Antes de despedirnos, quiero compartir una reflexión personal con ustedes, mantener este espacio de análisis, realizar la búsqueda, investigación y dedicar el tiempo necesario para conectar las advertencias de Sócrates con nuestra realidad actual, es una tarea que asumo con total compromiso, sin embargo, para que este proyecto siga creciendo y, sobre todo, para reforzar la independencia de mis ideas, quiero invitarlos a ser parte activa de su sostenibilidad.

    Si valoran este contenido, les invito a realizar un aporte modesto. En ningún caso es una obligación, pero sí es un gran reconocimiento al trabajo detrás de cada episodio y me permite seguir impulsando nuevos proyectos con la libertad que este análisis exige. En la descripción de este podcast encontrarán la forma de ayudarme.

Gracias por escuchar, por reflexionar y por hacerse cargo de su rol como soberanos.

 

martes, 12 de mayo de 2026

CHILE NO COMENZÓ EL 11 DE SEPTIEMBRE

Artículo escrito por: A PASO FIRME


Bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis y reflexión. Hoy abordo un tema del que llevamos más de 50 años intentando conciliar y es comprender que Chile no comenzó el 11 de septiembre de 1973.

Nací en la década de los 60 y fui testigo de uno de los períodos más complejos y dolorosos de la historia de Chile. No aprendí sobre 1973 en redes sociales ni en documentales producidos muchos años después; lo viví junto a mi familia, junto a millones de chilenos que experimentaron la polarización, el miedo, la escasez, la violencia política y el quiebre institucional.

En mi hogar, como en muchos otros, la intervención militar fue vista como una respuesta necesaria frente a un país que parecía avanzar hacia el caos y la confrontación total. Esa fue la percepción de una gran parte de Chile en ese momento, aunque con el tiempo muchos hayan preferido silenciarlo o simplificarlo.

Este podcast no nace desde la neutralidad artificial ni desde consignas ideológicas. Nace desde la experiencia, desde la memoria y desde la convicción de que la historia de Chile no comenzó el 11 de septiembre de 1973. Mucho ocurrió antes, y entenderlo es indispensable si realmente queremos comprender lo que pasó después.

Chile vive desde hace más de cincuenta años una fractura histórica, política y emocional que sigue condicionando la forma en que distintas generaciones comprenden el pasado. El problema no radica únicamente en los hechos ocurridos entre 1970 y 1990, sino también en la manera en que esos hechos han sido relatados, interpretados y utilizados políticamente.

Durante décadas se ha intentado instalar la idea de que la historia chilena comienza el 11 de septiembre de 1973, como si el quiebre institucional hubiese surgido espontáneamente, desconectado de los acontecimientos previos. Sin embargo, cualquier análisis serio exige comprender el contexto completo: la crisis política, económica e institucional del gobierno de la Unidad Popular, la radicalización ideológica propia de la Guerra Fría, la existencia de grupos armados revolucionarios, la polarización extrema de la sociedad chilena y la posterior intervención militar.

Comprender ese contexto no implica negar ni relativizar lo que pueden ser considerados abusos cometidos posteriormente bajo el gobierno cívico-militar. Del mismo modo, reconocer violaciones a los derechos humanos no obliga a omitir la existencia de una crisis institucional profunda ni la violencia revolucionaria impulsada desde sectores de izquierda.

La historia de Chile no puede entenderse desde relatos absolutos ni desde consignas ideológicas. Requiere aceptar simultáneamente hechos incómodos para todos los sectores.


El contexto político previo al 11 de septiembre de 1973

Salvador Allende llegó al poder en 1970 obteniendo la primera mayoría relativa, pero no mayoría absoluta. Conforme a la Constitución vigente, correspondía al Congreso Pleno decidir entre las dos primeras mayorías presidenciales.

La Democracia Cristiana, liderada por Eduardo Frei Montalva, terminó facilitando la ratificación de Allende mediante un acuerdo político sustentado en el denominado Estatuto de Garantías Constitucionales.

Este punto resulta fundamental porque demuestra que el acceso de Allende al poder no respondió a una mayoría nacional clara, sino a un mecanismo institucional válido dentro del sistema político chileno de la época.


Chile en el contexto de la Guerra Fría

El conflicto chileno no ocurrió aislado del mundo. Chile se encontraba en medio de la Guerra Fría, escenario donde Estados Unidos y Unión Soviética disputaban influencia ideológica, política y estratégica en América Latina.

La revolución cubana y el liderazgo de Fidel Castro impulsaban activamente proyectos revolucionarios en la región. La extensa visita de Castro a Chile durante el gobierno de Allende fue percibida por amplios sectores políticos y sociales como una señal de creciente alineamiento ideológico con Cuba y el bloque soviético.

Documentos desclasificados posteriores confirmaron tanto la intervención estadounidense para impedir la consolidación de la Unidad Popular como la colaboración política e ideológica existente entre Cuba y sectores revolucionarios latinoamericanos.


La crisis institucional y económica

Durante el gobierno de la Unidad Popular el país experimentó:

l Inflación descontrolada

l Desabastecimiento

l Paralización productiva

l Tomas de industrias y fundos

l Expropiaciones masivas

l Debilitamiento institucional

l Creciente violencia política

l Fragmentación social y política

Amplios sectores de la población comenzaron a percibir que el gobierno intentaba avanzar hacia un modelo revolucionario inspirado en el marxismo-leninismo.

El acuerdo de la Cámara de Diputados de Chile del 22 de agosto de 1973 acusó formalmente al gobierno de Allende de infringir gravemente la Constitución y quebrantar el Estado de Derecho.

Ese documento constituye una de las pruebas políticas más importantes para comprender que el conflicto no era exclusivamente militar, sino también institucional y parlamentario.


La radicalización política y las organizaciones armadas

La violencia política no fue patrimonio exclusivo de un sector. Existieron organizaciones armadas de izquierda como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, laVanguardia Organizada del Pueblo, el GAP vinculado a la protección presidencial y, posteriormente el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Estas organizaciones promovían abiertamente la vía armada revolucionaria, realizaron entrenamientos militares, internación de armas, asaltos, secuestros y atentados políticos.

El asesinato de Edmundo Pérez Zujovic por el VOP en 1971 constituye uno de los casos más emblemáticos de violencia política previa al pronunciamiento militar.

Posteriormente, el FPMR ejecutó internación masiva de armas en Carrizal Bajo y realizó el atentado contra el presidente Augusto Pinochet en 1986.

Del mismo modo, existieron organizaciones de derecha como Patria y Libertad, involucradas en sabotajes, enfrentamientos y acciones violentas contra el gobierno de Allende.

Por tanto, describir el período como completamente pacífico antes de la intervención militar constituye una distorsión histórica.


La carta de Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor

Uno de los documentos más relevantes para comprender el clima político de la época es la carta enviada por Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor tras el 11 de septiembre de 1973.

En ella, Frei responsabiliza directamente al gobierno de la Unidad Popular del quiebre institucional y denuncia:

l Destrucción del orden constitucional

l Creación de estructuras paralelas de poder

l Internación de armas

l Influencia cubana

l Preparación revolucionaria armada

La carta demuestra que la percepción de una amenaza totalitaria no era exclusiva de las Fuerzas Armadas ni de sectores de extrema derecha, sino también de parte importante del mundo democrático civil chileno.

Al mismo tiempo, Frei sostuvo la necesidad del respeto a los derechos humanos y del retorno a la democracia, reflejando la complejidad política del período.

La carta desmonta así dos simplificaciones históricas, la idea de que no existía amenaza revolucionaria y, la idea de que cualquier acción posterior del régimen militar quedaba automáticamente legitimada.


El 11 de septiembre de 1973

El 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas de Chile intervinieron militarmente y derrocaron al gobierno de Allende.

Amplios sectores civiles apoyaron inicialmente la intervención militar, interpretándola como una respuesta frente al colapso institucional y económico del país.

Para muchos chilenos de la época, el conflicto era percibido como una confrontación existencial entre modelos incompatibles, por un lado una revolución marxista y por otro la preservación del sistema republicano tradicional.

Ese apoyo civil inicial es un hecho histórico frecuentemente minimizado en algunos relatos posteriores.


Régimen militar, crecimiento económico y derechos humanos

El régimen encabezado por el entonces General Augusto Pinochet impulsó profundas reformas estructurales:

l Apertura económica

l Modernización del Estado

l Desarrollo de infraestructura

l Control de la inflación

l Crecimiento económico especialmente desde mediados de los años 80

Muchos consideran que dichas transformaciones sentaron las bases del modelo económico chileno contemporáneo. Sin embargo, no se puede omitir que también se cometieron serias violaciones a los derechos humanos.

La Comisión Rettig y la Comisión Valech documentaron miles de víctimas. Al mismo tiempo, existe un debate persistente respecto de eventuales falsos exonerados, irregularidades en sistemas de reparación, la utilización política de los derechos humanos y diversas controversias judiciales relativas a beneficios estatales asociados al tema. También persiste controversia sobre la figura jurídica del “secuestro permanente” aplicada en numerosos procesos judiciales relacionados con detenidos desaparecidos. Todas estas discusiones continúan generando profundas divisiones políticas y sociales.


Violencia política posterior al retorno democrático

La violencia política no terminó inmediatamente con el fin del régimen cívico-militar. Organizaciones armadas continuaron operando durante los años posteriores, incluyendo acciones terroristas, atentados y asesinatos políticos.

El asesinato del Senador Jaime Guzmán en 1991 por miembros vinculados al FPMR sigue siendo uno de los episodios más traumáticos de la transición democrática.

La persistencia de divisiones ideológicas respecto de estos hechos refleja que la reconciliación nacional continúa siendo incompleta.


La disputa por el relato histórico

Durante décadas, distintos sectores políticos han intentado construir relatos parciales sobre el período.

Un sector ha enfatizado exclusivamente la represión, las violaciones a los derechos humanos y, el carácter dictatorial del régimen cívico-militar. Otro sector ha enfatizado la crisis previa, la amenaza revolucionaria, el apoyo civil al pronunciamiento y, los logros económicos posteriores.

Ambos enfoques suelen omitir elementos incómodos. La historia de Chile exige reconocer simultáneamente la crisis institucional del gobierno de la Unidad Popular, la radicalización ideológica, la existencia de organizaciones armadas, la intervención extranjera, el apoyo civil a la intervención militar, las violaciones a los derechos humanos y, las consecuencias traumáticas posteriores.

Reducir el período a una lucha entre “demócratas” y “monstruos” impide comprender la complejidad real de lo ocurrido.


Reflexión final

Chile continúa enfrentando una herida histórica porque gran parte del debate público sigue atrapado entre relatos incompatibles y memorias enfrentadas.

La reconciliación auténtica no puede construirse negando la crisis previa a 1973, ni relativizando las violaciones a los derechos humanos, ni utilizando el dolor como herramienta política permanente.

Comprender la historia exige abandonar visiones absolutas y aceptar que el país vivió uno de los períodos más complejos, polarizados y también por qué no, violentos de su vida republicana.

Sólo una comprensión completa del contexto histórico permitirá que futuras generaciones estudien este período con mayor equilibrio, lejos de consignas ideológicas y más cerca de la verdad histórica en toda su complejidad.

miércoles, 4 de marzo de 2026

SOBERANÍA EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN - Poder, infraestructura crítica y coherencia estratégica

 Artículo escrito por: A PASO FIRME

    Analicemos esto por partes y comencemos por revisar la soberanía jurídica versus la soberanía efectiva.

    Desde la Paz en Westfalia en 1648, la soberanía se entiende como autoridad suprema dentro de un territorio y ausencia de subordinación externa, pero en el siglo XXI, esa definición resulta incompleta, hoy la soberanía no se mide solo en términos jurídicos, se mide en capacidad material, Control tecnológico, Autonomía energética, Independencia estratégica y Poder económico.

    El reciente episodio en que Estados Unidos revocó visas a tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric obliga a revisar esta distinción con mayor profundidad.

    En el centro del debate no está una visa, está el Proyecto Humboldt; se trata del primer cable submarino que busca conectar directamente Sudamérica con Oceanía y Asia, consolidando a Chile como hub digital regional.

    Los cables submarinos no son simples infraestructuras comerciales, transportan más del 95% del tráfico global de datos, son arterias financieras, tecnológicas y estratégicas.

    En el actual escenario de competencia sistémica entre Estados Unidos y la República Popular China, la infraestructura digital es terreno geopolítico.

    Washington había advertido previamente a la representación diplomática chilena sobre los riesgos estratégicos de ciertos esquemas de cooperación tecnológica con Beijing, la advertencia existió, por lo tanto la reacción posterior no puede entenderse como improvisación, sino como uan parte de una doctrina consistente de contención tecnológica frente a China.

    El gobierno chileno invocó soberanía nacional y jurídicamente tiene razón, Chile decide con quién desarrolla su infraestructura, pero la soberanía es simétrica, si Chile decide con quién se asocia, Estados Unidos también decide a quién concede o revoca visas. No estamos ante una violación del derecho internacional, estamos ante un choque de decisiones soberanas en un entorno de asimetría de poder, así las cosas, la discusión entonces, no es jurídica, es estratégica.

    Aquí entra un elemento adicional, durante su trayectoria política, Gabriel Boric fue particularmente crítico del presidente Donald Trump, las diferencias fueron ideológicas y discursivas; en sistemas presidenciales fuertes, la política exterior no está completamente desvinculada del liderazgo político, no se trata de personalizar la sanción, pero sí de reconocer que el clima político influye en el margen de negociación y en la disposición al diálogo. En diplomacia, las relaciones personales importan.

    Aquí es donde llegamos al punto más delicado, en 2017, la República Popular China promulgó su Ley de Inteligencia Nacional y en su Artículo 7mo. establece:

        “Cualquier organización o ciudadano deberá apoyar, asistir y cooperar con el trabajo de inteligencia nacional de conformidad con la ley, y guardar el secreto de las actividades de inteligencia nacional de las que tenga conocimiento.”

Este artículo genera fricción estructural con Occidente por tres razones:

  • Primero: obligatoriedad universal.
No distingue entre territorio nacional o extranjero, un ciudadano chino trabajando en infraestructura estratégica fuera de China está legalmente obligado a cooperar si se le solicita.

  • Segundo: alcance sobre empresas.
La ley incluye organizaciones, compañías como Huawei o COSCO Shipping, ellas están jurídicamente sujetas a esa obligación.

  • Tercero: ausencia de contrapesos judiciales independientes.
No existen mecanismos institucionales robustos para negarse si el Estado invoca seguridad nacional.

    Este marco normativo es parte del análisis estratégico que realiza Estados Unidos cuando evalúa infraestructura crítica.

    La objeción habitual es inmediata, Estados Unidos también tiene leyes de inteligencia con alcance extraterritorial, es cierto, existen normas como la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) y disposiciones del Patriot Act que permiten recolección de datos bajo determinadas circunstancias; la diferencia entonces no está en la existencia de facultades de inteligencia, todos los Estados las tienen, la diferencia radica en Sistemas de contrapesos judiciales independientes, Posibilidad de litigio público, Prensa libre y una División de poderes efectiva.

    En el sistema estadounidense, una empresa puede impugnar decisiones en tribunales federales. En el sistema chino, la independencia judicial frente al Partido Comunista es estructuralmente inexistente.

    No quiero que nos perdamos en esto, porque aquí no se trata de idealizar a Washington, se trata de comparar arquitecturas institucionales. Para infraestructura crítica, la diferencia institucional SÍ importa y es crucial.

    Revisemos brevemente asuntos relacionados con este análisis y desglosemos casos de dependencia estratégica de lecciones comparadas.

    Alemania aprendió en 2022 lo que significaba depender energéticamente de la estatal rusa Gazprom, cuando Gazprom redujo el suministro de gas en medio de tensiones por la guerra en Ucrania, formalmente Alemania era soberana, materialmente, su margen de maniobra era reducido.

    Perú experimenta hoy las tensiones derivadas de su acuerdo con COSCO Shipping en el puerto de Chancay, aquí se ilustra cómo la soberanía contractual puede verse condicionada por compromisos asumidos bajo asimetría de poder.

    En ambos casos, los contratos eran legales, pero la asimetría de poder condiciona la capacidad de revisión futura, entonces el problema no es firmar acuerdos, el problema es firmarlos sin considerar el marco estructural del socio con el que se hacen los acuerdos.

    La cuestión finalmente no es ideológica, no es “Estados Unidos bueno” versus “China malo”, a mi juicio, la pregunta estratégica es, ¿Qué riesgos incorpora el Estado de Chile cuando vincula infraestructura digital crítica a actores sujetos a una legislación que obliga cooperación con su aparato de inteligencia?, más aún, ¿Está Chile en posición material de gestionar simultáneamente la presión de Washington y las obligaciones contractuales con Beijing?. En un sistema internacional competitivo, la neutralidad tecnológica es cada vez más difícil de sostener.

    Queridos oyentes, Chile es soberano desde 1818, consolidado tras la independencia liderada por don Bernardo O’Higgins, sin embargo, nuestro país ha cedido jurisdicción voluntariamente en múltiples tratados internacionales. La soberanía moderna no es absoluta, es relacional; depende de poder, con capacidad y coherencia estratégica. Invocar soberanía sin medir consecuencias estructurales es retórico, ejercer soberanía exige inteligencia y cálculo.

    La soberanía no desaparece en la globalización, pero su margen efectivo depende del poder relativo.

    Para países medianos, la pregunta clave no es si pueden decidir, es cuánto pueden sostener esa decisión frente a grandes potencias y en el caso particular de infraestructura crítica, las decisiones no son meramente comerciales, son geopolíticas y, en geopolítica, las normas internas del socio son parte del contrato, aunque no aparezcan en la firma.

    Al final de este análisis, la verdadera pregunta no es si Chile es soberano, la verdadera pregunta es ¿Está ejerciendo Chile su soberanía con plena conciencia del entorno estratégico en el que opera?, porque en el siglo XXI, la soberanía no es un eslogan, es una variable absolutamente dependiente del poder.

sábado, 14 de febrero de 2026

EL LITIO EN LA CUERDA FLOJA - ¿RIQUEZA DEL FUTURO O ERROR DEL PASADO?

 


Artículo escrito por: A PASO FIRME

    Chile tiene aproximadamente el treinta por ciento de las reservas mundiales de litio, treinta por ciento, un número que suena a poder, a ventaja estratégica, a futuro asegurado; sin embargo, mientras discutimos cómo administrar esa riqueza, el mundo tecnológico ya está trabajando, silenciosamente en alternativas que podrían relativizar ese dominio.

La historia económica no premia al que tiene el recurso, premia al que entiende el momento.

    Durante años, el litio fue el rey indiscutido del almacenamiento energético: alta densidad, eficiencia, versatilidad; se trata de la columna vertebral de los vehículos eléctricos y de la transición energética global, pero el litio no es perfecto.

    Su extracción en salares requiere enormes volúmenes de agua, particularmente sensibles en zonas como el norte de Chile. El proceso de reciclaje es tanto complejo como costoso y las baterías contienen elementos críticos como cobalto y níquel, que agregan desafíos ambientales y sociales.

Nada de esto lo invalida, pero sí lo relativiza.

    Mientras tanto, el sodio, un elemento abundante, presente en la sal común y en el océano, comienza a ganar terreno.

    Las baterías de sodio no tienen la misma densidad energética que las de litio, es decir, pesan más para almacenar lo mismo, pero ofrecen ventajas relevantes, por ejemplo, menor costo, materias primas ampliamente disponibles, menor presión geopolítica, menor toxicidad, mayor facilidad de reciclaje, mejor tolerancia a temperaturas extremas. En aplicaciones de almacenamiento estacionario como redes eléctricas, el sodio puede ser perfectamente competitivo.

    Aquí es donde aparece el dato estratégico, empresas como BYD ya han anunciado avances tanto en baterías de sodio como en baterías de estado sólido, con planes de producción hacia 2027. China no está apostando todo a una sola carta química, está diversificando, está investigando, está anticipando.

    Mientras tanto, en Chile, el debate público gira en torno a cómo administrar la renta del litio …y cómo cubrir déficits fiscales inmediatos, he aquí donde el análisis se vuelve incómodo, porque tener el recurso no equivale a dominar la tecnología, tener reservas no equivale a tener industria, tener ventaja natural no equivale a tener estrategia. Chile podría estar invirtiendo agresivamente en investigación aplicada, fabricación de celdas, desarrollo de reciclaje avanzado, formación de capital humano especializado y diversificación hacia nuevas químicas como el sodio.

Pero el foco, el foco sigue estando, una vez más, en la extracción primaria.

Entonces, conviene mirar hacia atrás.

    A comienzos del siglo XX, Chile era el principal productor mundial de salitre natural; el salitre era nuestro oro blanco, financiaba al Estado, sostenía la economía y parecía una fuente inagotable de recursos ...hasta que la ciencia hizo su trabajo.

    En 1909, el químico alemán Fritz Haber, junto a Carl Bosch, desarrollaron el proceso que permitió sintetizar amoníaco a partir del nitrógeno del aire, el famoso proceso Haber-Bosch, ¿el resultado? Fertilizantes sintéticos, ¿el impacto? Devastador para la industria salitrera chilena.

    No fue una guerra, no fue un bloqueo, no fue una conspiración, fue ciencia, innovación, conocimiento aplicado y, en pocos años, la riqueza que parecía eterna se evaporó. Las oficinas salitreras quedaron abandonadas en el desierto, pueblos completos desaparecieron, la economía chilena entró en una crisis profunda.

    La pregunta es inevitable, ¿Aprendimos algo? Porque hoy volvemos a escuchar el mismo relato: “Tenemos el recurso estratégico del siglo XXI.” y puede ser cierto, pero también puede ser parcialmente cierto.

    Si el mundo avanza hacia baterías de sodio, estado sólido u otras químicas emergentes …si la densidad energética mejora …si los costos bajan …si el reciclaje se simplifica…

    ¿El litio seguirá siendo importante? Sí, pero no necesariamente hegemónico y depender exclusivamente de su renta podría ser, otra vez, un error histórico.

    La experiencia del salitre debería formar parte de la memoria colectiva de Chile, porque no fue la política la que reemplazó al salitre, fue la ciencia; no fue un decreto, fue conocimiento aplicado con disciplina y visión de largo plazo.

    La pregunta final es incómoda, pero necesaria, ¿Estamos usando el litio para construir futuro tecnológico …o para financiar presente político? Porque si la respuesta es lo segundo, la historia podría repetirse.

    La porfía de anteponer la política al conocimiento no es una experiencia heredable, es una experiencia repetible y Chile, Chile ya sabe cómo termina esa historia.

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