EL DILEMA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

 

Artículo escrito por: A PASO FIRME

Poder, responsabilidad y los límites de una inteligencia que estamos aprendiendo a crear

1. El peligro no es una máquina malvada, sino un objetivo mal definido

El físico José Ignacio Latorre, director del Centre for Quantum Technologies de Singapur y autor de Un nuevo contrato social: Gobernar un mundo con inteligencias no humanas, ha advertido sobre un riesgo inquietante: si se ordena a una inteligencia artificial que elimine todo aquello que amenace al planeta, podría concluir que la propia humanidad constituye esa amenaza.

La advertencia no pertenece al terreno de la ciencia ficción. No supone que las máquinas desarrollen maldad, conciencia moral o deseos propios. Apunta a un problema técnico y político: un sistema puede perseguir con enorme eficacia el objetivo que se le asigna y, sin embargo, producir consecuencias incompatibles con los valores humanos si ese objetivo está mal formulado o carece de límites.

Este es el llamado problema de la alineación: conseguir que los objetivos, decisiones y acciones de una IA permanezcan subordinados a valores humanos explícitos. Optimizar la salud del planeta sin establecer salvaguardas para la vida, la dignidad y la libertad humanas podría conducir a conclusiones extremas. La cuestión decisiva, por tanto, no es qué intención tiene la máquina, sino quién define sus objetivos, con qué criterios y bajo qué controles.

De ahí una primera advertencia de Latorre: la humanidad no puede delegar en algoritmos la soberanía sobre sus decisiones éticas. La tecnología debe estar sometida a instituciones, normas y responsabilidades humanas.

2. Una tecnología de doble uso: amplifica nuestras capacidades y nuestros errores

La inteligencia artificial no posee, por sí misma, una moral. Es una tecnología de doble uso: puede contribuir a resolver problemas complejos o multiplicar la capacidad de causar daño. Su orientación depende de los fines que le asignen quienes la diseñan, financian, entrenan y utilizan.

· Potencial constructivo. Puede acelerar el descubrimiento de medicamentos, mejorar la predicción de fenómenos climáticos, apoyar la investigación científica y facilitar el diseño de materiales y soluciones de alta complejidad.

· Potencial destructivo. También puede perfeccionar armas autónomas, extender la vigilancia masiva, facilitar la manipulación de información y procesos electorales, y erosionar la privacidad a una escala difícil de contrarrestar.

La neutralidad técnica, por ello, no equivale a neutralidad de sus efectos. Los algoritmos pueden reproducir y amplificar decisiones humanas, incluidos sus prejuicios, intereses y abusos. El riesgo no reside únicamente en lo que una IA sea capaz de hacer, sino en el poder que concentra y en la ausencia de controles efectivos sobre su uso.

3. La pregunta central: quién gobierna esta transformación

El desarrollo de la IA y de la computación cuántica avanza impulsado, en buena medida, por grandes empresas tecnológicas, Estados y actores vinculados a la competencia económica y militar. No está dirigido por una autoridad democrática mundial ni por un consenso ético universal.

Esta concentración de capacidades plantea tres preguntas inseparables:

· ¿En manos de quién está el poder? Un número limitado de corporaciones y gobiernos dispone de recursos, datos e infraestructura para definir buena parte del rumbo tecnológico. La ciudadanía y las instituciones públicas corren el riesgo de llegar tarde a decisiones que afectarán sus derechos y oportunidades.

· ¿Qué valores se incorporan a los sistemas? Sin acuerdos compartidos, el desarrollo queda condicionado por incentivos comerciales, estrategias geopolíticas y prioridades militares. La pregunta no es solo si la IA funciona, sino a quién beneficia, a quién perjudica y quién puede exigir responsabilidades.

· ¿Puede la ley seguir el ritmo de la tecnología? Los procesos legislativos suelen ser lentos, mientras que los modelos y sus aplicaciones cambian en plazos mucho más breves. Esa brecha puede dejar a las sociedades reaccionando cuando los riesgos ya se han materializado.

El dilema, entonces, no consiste simplemente en saber si estamos preparados para convivir con estas herramientas. Consiste en determinar si nuestras democracias conservan la capacidad de orientar su desarrollo antes de que decisiones esenciales queden fuera del control público.

4. El nuevo contrato social propuesto por José Ignacio Latorre

En su libro "Un nuevo contrato social", Latorre aborda este tema desde una óptica muy interesante: Gobernar un mundo con inteligencias no humanas, ahí plantea que las estructuras políticas heredadas de la tradición moderna —asociadas a pensadores como Hobbes, Locke y Rousseau— deben revisarse ante una realidad inédita, vale decir, la humanidad comparte el mundo con sistemas no humanos capaces de aprender, procesar información y ejecutar acciones con creciente autonomía.

Su planteamiento no propone renunciar a la tecnología ni prohibirla de manera general. Propone actualizar el pacto social para impedir que la inteligencia artificial se convierta en una autoridad sin control o en un instrumento de dominación. Ese nuevo marco puede comprenderse a través de tres dimensiones:

· Dimensión civil: la persona y sus derechos. Reafirmar la dignidad, la libertad y la responsabilidad individual. La ley debe definir qué decisiones requieren juicio humano indelegable —en ámbitos como la justicia, la guerra y la salud— y cuáles pueden recibir apoyo algorítmico. La automatización no debe borrar la responsabilidad de quienes deciden.

· Dimensión inteligente: sistemas auditables y subordinados. La IA no puede operar como una caja negra inmune al escrutinio. Se requieren mecanismos de transparencia, auditoría y supervisión pública proporcionales a los riesgos. Bien utilizada, también podría ayudar a detectar irregularidades y mejorar la administración de instituciones humanas; pero esa posibilidad no justifica entregarle autoridad sin controles.

· Dimensión natural: los límites del planeta. El contrato social debe reconocer que la vida humana depende de sistemas ecológicos finitos. La preservación ambiental es un objetivo legítimo, pero debe integrarse con la protección de la humanidad, no formularse como una meta aislada que permita sacrificarla.

El punto de fondo es que la IA debe permanecer al servicio de un orden político y ético definido por las personas. No basta con que un sistema sea eficiente: también debe ser legítimo, explicable y responsable ante la sociedad.

5. De la ética a la ley: límites que puedan hacerse cumplir

La ética pierde eficacia pública cuando queda reducida a declaraciones voluntarias. La tesis que atraviesa el planteamiento de Latorre es que los principios deben traducirse en reglas exigibles, instituciones capaces de fiscalizar y consecuencias para quienes incumplan. Las empresas no pueden ser las únicas encargadas de definir los límites de tecnologías que afectan a toda la sociedad.

Tres frentes muestran la dificultad:

· Sesgos y decisiones opacas. Los sistemas aprenden de datos producidos por sociedades humanas. Si esos datos contienen discriminaciones o desigualdades históricas, los modelos pueden reproducirlas y amplificarlas bajo una apariencia de objetividad matemática. En decisiones sensibles —como conceder un crédito o apoyar un diagnóstico— deben existir explicaciones comprensibles, auditorías y vías efectivas de reclamación.

· Alineación y líneas rojas. Es necesario asegurar que los objetivos de los sistemas no entren en conflicto con derechos fundamentales. La regulación europea de IA constituye un ejemplo de enfoque basado en niveles de riesgo y restricciones para determinados usos. Entre las prácticas que han generado especial preocupación se encuentran la puntuación social, ciertos usos de identificación biométrica en espacios públicos y la manipulación que pueda causar daños.

· Responsabilidad identificable. Cuando un sistema produce un daño, no puede aceptarse que la complejidad técnica diluya la responsabilidad entre desarrolladores, proveedores, empresas usuarias, autoridades y operadores. La regulación debe establecer quién responde, qué deberes tenía y qué mecanismos de reparación corresponden.

No existe una fórmula regulatoria sencilla. Una norma demasiado débil puede dejar desprotegida a la ciudadanía; una regulación mal diseñada puede bloquear usos beneficiosos y concentrar todavía más el mercado. El desafío es construir controles eficaces, proporcionales al riesgo y sujetos a revisión democrática.

6. La dimensión geopolítica: no existe una moral tecnológica universal

La regulación de la IA también está atravesada por la competencia entre potencias. La Unión Europea ha puesto un énfasis relevante en los derechos fundamentales y la protección de datos; Estados Unidos combina una fuerte prioridad por la innovación y la competencia económica con intereses de seguridad nacional; China desarrolla sus sistemas dentro de un marco de mayor centralidad del control estatal y la estabilidad política.

Estas diferencias no deben convertirse en caricaturas: dentro de cada bloque existen debates y cambios de política. Sin embargo, muestran que no hay un acuerdo mundial sobre qué valores deben orientar la IA.

Surge así una paradoja peligrosa. Si un país o bloque impone restricciones más exigentes que sus competidores, puede temer perder ventajas económicas, tecnológicas o militares. Esa presión puede incentivar una carrera hacia estándares más bajos, precisamente cuando la magnitud de los riesgos exige cooperación internacional. La competencia no elimina la necesidad de reglas comunes; la vuelve más urgente.

7. Armas autónomas: cuando el algoritmo se acerca a la decisión de matar

El debate sobre los sistemas de armas autónomas letales —conocidos como LAWS— concentra de manera dramática los dilemas anteriores. Aquí no se trata solo de eficiencia o privacidad: se trata de quién decide sobre la vida y la muerte.

· La pérdida del control humano significativo. Un sistema puede identificar patrones y seleccionar objetivos, pero no posee compasión ni juicio moral. La decisión de atacar exige considerar contexto, proporcionalidad, distinción entre combatientes y civiles, y consecuencias humanas. Esas responsabilidades no deben desaparecer detrás de una operación automatizada.

· El vacío de responsabilidad. Si un arma autónoma ataca por error un hospital o causa víctimas civiles, no se puede juzgar al algoritmo. Debe poder determinarse la responsabilidad de quienes diseñaron, autorizaron, desplegaron y supervisaron el sistema. La cadena técnica no puede transformarse en una cadena de impunidad.

· La aceleración de una escalada. Sistemas que operan a velocidades superiores a la capacidad humana de reacción pueden reducir el tiempo disponible para verificar información, corregir errores o detener una operación. Una falla o interpretación equivocada podría desencadenar una escalada antes de que los responsables políticos alcancen a intervenir.

En Naciones Unidas persiste el desacuerdo sobre cómo abordar estas armas: numerosos Estados y organizaciones civiles promueven restricciones o prohibiciones vinculantes, mientras varias potencias militares se resisten a aceptar límites que consideran incompatibles con sus intereses estratégicos. La discusión revela el problema central: quienes tienen mayor capacidad para desarrollar estas tecnologías también tienen incentivos para conservarlas.

Conclusión: la inteligencia artificial necesita un límite humano

La advertencia de José Ignacio Latorre obliga a mirar más allá del asombro tecnológico. La inteligencia artificial puede ampliar nuestras capacidades científicas, económicas y sociales, pero también puede multiplicar nuestros errores, prejuicios y formas de dominación. No es una fuerza moral autónoma: refleja los objetivos, incentivos y decisiones de quienes la construyen y la utilizan.

Por eso, el dilema no se resuelve preguntando si debemos aceptar o rechazar la IA. La pregunta decisiva es bajo qué condiciones, con qué límites y bajo la autoridad de quién permitiremos que intervenga en nuestras vidas. La innovación no puede convertirse en una excusa para debilitar derechos, diluir responsabilidades o entregar soberanía a empresas, gobiernos o sistemas opacos.

El nuevo contrato social que inspira el trabajo de Latorre exige actualizar nuestras instituciones antes de que la capacidad tecnológica supere nuestra capacidad política para gobernarla. Eso implica preservar decisiones humanas indelegables, establecer auditorías y responsabilidades claras, proteger la dignidad y los límites ecológicos, y construir acuerdos internacionales que reduzcan los riesgos de una carrera sin control.

La pregunta final no es si las máquinas llegarán a ser más inteligentes que nosotros. Es si, mientras las hacemos más poderosas, seremos capaces de conservar la responsabilidad, el juicio moral y la soberanía necesarios para gobernarlas.

LA SOCIEDAD FRENTE A SU ESPEJO

Artículo escrito por: A PASO FIRME

    Chile ha sido sacudido, una vez más, por escándalos que reflejan las malas prácticas y los antivalores que parecen haberse instalado en nuestra sociedad. Hemos sido testigos del ruidoso impacto mediático que provocaron unas expresiones absolutamente impresentables sobre niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), pronunciadas durante una fiesta de cumpleaños privada. Sin embargo, aquella reunión dejó de ser un asunto privado cuando uno de sus participantes decidió difundir el registro en redes sociales. Desde ese momento, el episodio se propagó con rapidez y dio origen a una batalla comunicacional de tal magnitud que prácticamente nadie permaneció indiferente.

    La ciudadanía adoptó posiciones contrapuestas. Por un lado, surgieron voces que repudiaron categóricamente las expresiones; por otro, aparecieron quienes dirigieron sus críticas contra esas condenas, relativizando lo ocurrido o intentando justificarlo. También se enfrentaron distintas concepciones éticas y morales: unas sosteniendo que tales dichos eran inaceptables bajo cualquier circunstancia y otras procurando restarles gravedad.

    Más allá de las recriminaciones cruzadas, el escándalo terminó permeando a toda la sociedad. Dejaré deliberadamente de lado las consecuencias políticas del caso, porque considero que ello distrae de lo verdaderamente importante y que es, analizar cómo ha evolucionado nuestra sociedad en términos éticos, morales y valóricos.

    Escudarse en la explicación de que aquellas expresiones forman parte del llamado «humor negro», como si se tratara de una rutina de stand-up comedy, resulta sencillamente inaceptable. El humor no puede convertirse en un refugio para eludir la responsabilidad ni en un argumento destinado a evitar sanciones o reproches públicos.

    Tampoco resulta aceptable sostener que nada de esto habría ocurrido si el video no hubiese sido difundido por uno de los asistentes. Ese argumento es, a mi juicio, aún más preocupante, porque supone que una conducta deja de ser reprochable simplemente porque permanece oculta. Lo ofensivo y lo inaceptable no desaparecen por el hecho de no hacerse públicos. Del mismo modo, un abuso no deja de existir porque la sociedad decida mirar hacia otro lado; por el contrario, esa indiferencia contribuye a perpetuarlo y, en cierta medida, nos convierte en cómplices silenciosos.

    En la actualidad parece cada vez más complejo hablar de valores y de moral. Sin embargo, ambos constituyen los pilares que orientan la conducta humana y hacen posible la convivencia pacífica dentro de una comunidad. Los valores fundamentan la moral, pues representan el «por qué» de las normas que regulan nuestro comportamiento. La moral, a su vez, materializa esos valores, ya que ninguna norma moral surge en el vacío, ella nace de la necesidad de proteger aquello que una sociedad considera digno de preservar. Si una comunidad valora la vida, por ejemplo, su sistema moral establecerá que matar es moralmente inaceptable.

    Valores y moral cumplen, además, una función esencial de cohesión social. Compartir un conjunto básico de principios y normas permite que los ciudadanos desarrollen confianza mutua y puedan prever razonablemente el comportamiento de los demás. Asimismo, ambos elementos contribuyen a definir la identidad cultural de una nación, pues la jerarquía de valores de una sociedad termina reflejándose en sus leyes, sus costumbres y en el orden institucional que la sostiene.

    Quizá el aspecto más preocupante del episodio no sea únicamente la gravedad de las expresiones pronunciadas, sino la facilidad con la que parte de la sociedad intentó justificarlas, relativizarlas o convertirlas en una simple controversia mediática. Cuando el debate deja de centrarse en la dignidad de las personas y pasa a concentrarse en quién grabó, quién difundió el video o cuáles serán las consecuencias políticas del caso, existe el riesgo de perder de vista el problema de fondo: la progresiva erosión de aquellos principios éticos y morales que hacen posible una convivencia basada en el respeto, la empatía y la responsabilidad.

LA TRAGEDIA DE UNA DEMOCRACIA SIN CIUDADANOS

Artículo escrito por: A Paso Firme 

 Bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis y reflexión. Hoy abordo un tema respecto del que quiero que nos detengamos un momento a pensar y, es algo sobre lo que solemos dar por sentado. Siempre nos han dicho que la mayor virtud de la democracia es que todos tenemos voz. Pero, ¿se han puesto a pensar en su verdadera tragedia? No es que todos hablen, sino que, frente a una urna, el peso de una idea brillante y el peso de la más profunda ignorancia valen exactamente lo mismo.

La democracia libera una fuerza numérica inmensa, la de las mayorías. El problema es que, cuando esas mayorías dejan de ser ciudadanos que reflexionan y se convierten en masas movidas solo por la emoción o la manipulación, el sistema empieza a pudrirse desde adentro. Y es que la democracia no nos garantiza sabiduría; nos garantiza participación, y son dos cosas radicalmente distintas.

Si miramos la historia, las sociedades rara vez caen por enemigos externos; se erosionan por dentro cuando olvidan qué es lo que las sostiene. Chile no es la excepción. Nuestra crisis actual nace de ahí: de décadas donde la política dejó de formar ciudadanos para dedicarse a fabricar consumidores de ideologías.

Quienes nacimos en los años 60 recordamos un país distinto. No digo que fuera perfecto ni libre de conflictos, pero había estructuras. Había respeto por el profesor, por la autoridad, un sentido del deber y una disciplina que hoy parecen de otro mundo. En ese entonces, la educación cívica nos enseñaba que la democracia no era solo un catálogo de derechos para exigir, sino una obligación moral de participar con responsabilidad.

Luego, algo se rompió. Las consignas reemplazaron a las ideas y la emoción le ganó a la reflexión. La política descubrió que era más rentable agitar resentimientos que formar conciencias. Esa polarización nos llevó al quiebre de 1973 y a diecisiete años sin democracia. Sé que muchos, por comodidad o conveniencia, prefieren ver ese periodo como una caricatura: o pura estabilidad o solo oscuridad. Pero la historia honesta es compleja. Hubo una ausencia de pluralismo y libertades, sí, pero también una disciplina social, un respeto institucional y una continuidad económica que muchos percibían a diario y que terminaron moldeando el Chile moderno. Mirar esto sin fanatismo es, simplemente, honestidad intelectual.

Lo irónico es que esos años nos entregaron una sociedad, en muchos sentidos, más estructurada para volver a la democracia. Había límites claros y el esfuerzo aún tenía prestigio. Pero la democracia que recuperamos en los 90, en lugar de fortalecer esos cimientos, empezó a desmontarlos. La educación cívica salió de las salas de clases. La autoridad del profesor se erosionó hasta lo impensable. De pronto, lo que antes era falta de respeto se celebró como rebeldía política. ¿Recuerdan aquel jarro de agua lanzado a una ministra? Fue un símbolo devastador: degradar la autoridad ya no daba vergüenza, daba capital político.

Mientras tanto, la clase política se encerró en su propio ecosistema, lejos de la gente común. La democracia, que debía limitar el poder, terminó creando élites que viven del conflicto eterno. Les dimos nuestro voto y ellos lo usaron para cavar trincheras ideológicas y proteger sus privilegios. La pirámide se invirtió: ahora somos nosotros los que trabajamos para sostener estructuras políticas que solo parecen existir para perpetuarse a sí mismas.

Hoy, esas consecuencias han dejado de ser teoría para volverse nuestra realidad cotidiana. Lo vemos cuando la violencia física reemplaza a la palabra, como en esa agresión a puños y patadas contra un parlamentario en un club deportivo, un síntoma brutal de que ya no hay espacios sagrados para el respeto. Lo vemos cuando se llama a “rodear” el Congreso para imponer exigencias por la fuerza, o cuando se bloquean debates antes de que siquiera comiencen, restando votos para la discusión inicial solo por cálculo político.

Incluso vemos grupos parlamentarios dedicados a presentar miles de indicaciones, no con el afán de mejorar una ley, sino con el objetivo mezquino de paralizar al gobierno de turno. Pero debemos entender algo: el resultado final no es solo un gobierno estancado; el verdadero resultado es un país que ha extraviado el valor del diálogo. Al dejar de reconocer al otro como un rival legítimo, hemos permitido que el espíritu de nuestra democracia se vacíe de contenido, dejando atrás solo instituciones de cartón.

Votar no basta. Una urna no convierte mágicamente a alguien en un ciudadano consciente. Podemos seguir teniendo elecciones mientras nos hundimos en el populismo, la dependencia y el resentimiento. El daño más profundo ha sido cambiar el deber por el derecho. Se nos enseñó a exigir, pero no a contribuir. Se habló de derechos, pero se olvidó la responsabilidad, el mérito y el autocontrol, entonces, lo que tenemos como resultado es una sociedad de masas hipersensibles y líderes oportunistas, donde cualquier límite se siente como opresión.

En este “modelo de democracia”, el premio se lo lleva el que grita más fuerte, el que simplifica lo complejo y el que alimenta las emociones más básicas. Decir la verdad o pensar demasiado hoy cuesta votos y popularidad. Por eso, los peores ascienden y los prudentes callan para evitar ser destruidos.

Pero no nos equivoquemos, el problema no es solo la democracia, el problema es una sociedad que olvidó cómo sostenerla. Las democracias no solo mueren por golpes militares; mueren cuando los ciudadanos dejan de actuar como tales. Mueren cuando la familia no transmite respeto, mueren cuando la autoridad es ridiculizada y mueren cuando la verdad se percibe como una agresión personal.

Al final, la pregunta más inquietante no es si la democracia fracasó. La verdadera pregunta es si todavía somos una sociedad con la madurez suficiente para merecerla.

RESERVA INVESTIGATIVA Y DERECHO A LA INFORMACIÓN: UN ANÁLISIS PSEUDO FILOSÓFICO Y ÉTICO

 

Escrito por: A PASO FIRME

    A propósito de una iniciativa parlamentaria que apareció estos días en las noticias y, que busca sancionar con cárcel a quienes difundan investigaciones penales en casos que estén como reservados por la justicia y que lo han llamado “moción de protección de antecedentes en proceso penal”, ha surgido mi interés de darle una vuelta respecto de las implicancias de esta iniciativa, para ello me valí de la experiencia de lecturas previas, consulté otras de estudiosos sobre el tema y si bien no soy filósofo — y mucho menos un modelo de virtud —, me atreveré a abordar este tema con una óptica filosófica, ética e incluso moral, con la humildad de quien sabe que razona desde sus propias contradicciones… como todo buen ser humano que se respete.

    La reserva del caso, una figura procesal común en los sistemas de justicia penal se establece para proteger la eficacia de las investigaciones, resguardar los derechos de las partes involucradas y evitar la contaminación de pruebas o la fuga de sospechosos. En Chile, como en otros países, el Ministerio Público puede decretar la reserva para restringir la difusión de información durante etapas sensibles del proceso investigativo. No obstante, esta medida entra en tensión con el derecho a la información y la libertad de prensa, pilares fundamentales en una democracia. Este breve análisis y reflexión en función de lecturas previas sobre el tema, más mi propio entendimiento basado en lo que comprendo por sentido común, explora estas tensiones a la luz de las reflexiones de pensadores clave de la filosofía política, ética y del derecho, proponiendo dos líneas argumentativas: una que condena la transgresión de la reserva, y otra que la justifica bajo ciertos principios democráticos.

 

    Desde una perspectiva que privilegia el orden, la seguridad y la integridad institucional, la reserva del caso cumple un rol fundamental. Thomas Hobbes, en Leviatán, argumenta que el Estado debe garantizar la paz y el orden, y que los ciudadanos deben ceder parte de su libertad para asegurar estos bienes comunes, yendo un poco más allá, Hobbes trata en este libro sobre la justificación del poder absoluto del Estado como garantía de paz y seguridad y argumenta que, sin un gobierno fuerte, los humanos vivirían en un estado de guerra constante, por lo que es necesario un soberano con poder total para mantener el orden social, claro que ahí podríamos desviarnos un poco del tema y estar yendo demasiado lejos, sin embargo, desde esta óptica, divulgar información, según Hobbes, reservada socava la autoridad legítima del Estado y puede generar caos o frustrar la administración de justicia.

    Immanuel Kant, en su Metafísica de las costumbres, enfatiza la necesidad de respetar el deber y las normas como imperativos categóricos. Filtrar información en contra de una orden judicial o fiscal representa, en este marco, una falta grave al deber cívico y moral. La transgresión implica instrumentalizar a otros (los investigados, las víctimas, la sociedad) con fines posiblemente ajenos al deber moral, lo que para Kant es éticamente inaceptable.

    John Rawls, en su Teoría de la justicia, podría respaldar la reserva como parte de un sistema jurídico justo. Según Rawls, las instituciones deben operar bajo principios que todos aceptarían desde una "posición original" de equidad. La reserva protege la imparcialidad del proceso judicial, y su transgresión podría minar la justicia procedimental, afectando la confianza en el sistema.

    Por el contrario, desde una perspectiva que prioriza la libertad individual, el escrutinio público y el control del poder, se puede defender la filtración como un acto legítimo, incluso necesario. John Stuart Mill, en Sobre la libertad, sostiene que la libertad de expresión y de prensa son fundamentales para evitar la tiranía y permitir la corrección de errores institucionales. Desde su lógica utilitarista, si la filtración sirve al bien público y revela prácticas indebidas, su valor moral puede superar su carácter ilegal.

    Hannah Arendt, quién fue una filósofa y teórica política germano-estadounidense, conocida por sus estudios sobre el totalitarismo, el poder, la libertad y la naturaleza del mal, aporta otra clave en su trabajo Verdad y política, ahí se discute el valor de la verdad factual en la vida pública. Arendt critica la manipulación de la información por parte de los poderes del Estado y sostiene que la ocultación sistemática erosiona la confianza ciudadana. En contextos donde la reserva se usa para encubrir negligencia o abuso, la filtración se convierte en un acto político legítimo.

Michel Foucault, filósofo francés, en sus estudios sobre poder y saber (Vigilar y castigar, La verdad y las formas jurídicas), argumenta que el conocimiento es inseparable del poder. Para Foucault, controlar la información es una forma de gobernar. Filtrar datos reservados puede ser un modo de resistir la concentración opaca del poder, visibilizando prácticas que de otro modo permanecerían en la sombra. Desde esta mirada, el secreto judicial no es siempre neutral: puede ser una “tecnología de control”.

    El debate entre secreto investigativo y libertad informativa no tiene una solución universal. La ética contemporánea invita a analizar caso a caso. La filósofa Martha Nussbaum, desde una perspectiva de ética de las capacidades, sugiere que debemos evaluar qué capacidades humanas se ven afectadas. Si el secreto perjudica gravemente la agencia moral de los ciudadanos, podría estar justificada su ruptura.

    Jürgen Habermas, otro filósofo y sociólogo alemán, con su teoría de la acción comunicativa, plantea que la legitimidad democrática surge del consenso racional en el espacio público. Si la reserva de un caso impide deliberaciones fundamentales sobre el poder judicial o político, la transparencia podría ser preferible para sostener la racionalidad democrática.

    En esta encrucijada se ubican los medios de comunicación, actores clave en la mediación entre el poder institucional y la ciudadanía. Su labor de informar tiene un fundamento ético y democrático indiscutible. Sin embargo, cuando se enfrentan a causas judiciales bajo reserva, deben ponderar si divulgar información filtrada cumple una función social o si, por el contrario, entorpece una investigación en curso.

    Desde la óptica de Karl Popper, otro filósofo austriaco-británico, conocido por su teoría de la falsación como criterio de demarcación científica y por su defensa de la sociedad abierta – nos dice que, una sociedad abierta requiere que las instituciones estén bajo constante revisión pública. Los medios, en tanto fiscalizadores, podrían tener la responsabilidad de divulgar información cuando el secreto sirve para proteger intereses oscuros. No obstante, esta función debe ser ejercida con responsabilidad epistémica, es decir, con la capacidad de discernir entre la necesidad de informar y el riesgo de obstruir la justicia.

    Otros autores nos recuerdan que los actos sólo pueden ser evaluados dentro de una tradición moral coherente. Si los medios actúan movidos por el sensacionalismo o intereses económicos, su intervención en casos reservados no puede ser éticamente validada. Pero si actúan como guardianes del interés público, incluso la transgresión puede tener justificación moral.

     Con todo lo anterior, decidir si es correcta o no, moral o éticamente válida alguna o cada una de las diferentes posiciones sobre esta discusión, no es tarea sencilla. La decisión de mantener en reserva una investigación o de divulgarla debe contemplar múltiples dimensiones: legales, éticas, políticas y sociales. Hay fundamentos filosóficos robustos para sostener la necesidad de la reserva como mecanismo de protección institucional. Pero también existen argumentos poderosos que la cuestionan cuando su uso encubre injusticias o cuando el conocimiento público es esencial para el control democrático.

    En este marco, el rol de los medios de comunicación es crucial. Su función de informar puede chocar con las restricciones legales impuestas por la reserva, pero también puede ser una vía de control social frente a abusos de poder. La pregunta clave no es solo si es legal divulgar, sino si es legítimo desde el punto de vista democrático y ético. Los medios deben actuar con prudencia, discernimiento y compromiso con la verdad, asumiendo que en ocasiones el deber de informar puede entrar en tensión con el deber de proteger.

    Esta tensión es inherente a las sociedades abiertas: entre el deber de proteger y el derecho a saber. Su resolución no puede recaer solo en normas formales, sino en la deliberación pública, el juicio ético, la responsabilidad cívica y el rol constructivo y crítico de los medios de comunicación.

    Finalmente, estamos nosotros: los lectores, los ciudadanos de a pie, los consumidores de titulares y revelaciones. Los que, con el desayuno en la mano y el ceño fruncido, decidimos quién es culpable y quién inocente con la misma soltura con la que cambiamos de canal. Quizás —solo quizás— deberíamos detenernos un instante a pensar qué hacemos con la información que recibimos. ¿Nos vuelve más sabios? ¿Más libres? ¿O solo más ansiosos y mejor alimentados de escándalos?

Si Hobbes nos pide orden, Mill nos exige libertad, Foucault nos alerta del poder oculto y Arendt nos recuerda que la verdad también puede ser incómoda, ¿Qué nos exigimos a nosotros mismos como audiencia? Tal vez llegó el momento de que, entre tanto filósofo, también el lector saque su voz. ¿Estamos listos para eso? O, mejor dicho: ¿Nos conviene estarlo?