CHILE - EL BANQUETE DE LOS CÍNICOS Y LA COMPLICIDAD DEL SOBERANO

Artículo escrito por: A PASO FIRME

    Bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis crítico y reflexiones profundas. Hoy no iré en búsqueda de consensos ni alivios retóricos, en esta oportunidad intentaré diseccionar en lo que considero una autopsia nacional, la anatomía de un fracaso que a mi juicio tiene dos responsables: una clase política parasitaria y una sociedad, el llamado "soberano", que parece disfrutar de su propio ridículo. Es de esta forma que pienso que Chile no solo atraviesa una crisis económica, atraviesa un desahucio valórico, ético y moral.

    Lo que en los años 90 era un crecimiento vigoroso cercano al 7% anual, hoy es una "fantasía nostálgica" donde celebrar un crecimiento del 2% se vende como un logro. Esta parálisis es el resultado de una clase política que ha utilizado al país como un "laboratorio de aficionados", implementando experimentos que, desde Bachelet hasta Boric, han destruido la inversión y la productividad bajo el pretexto de una justicia social que nunca llega a los que financian la fiesta.

     La irresponsabilidad ha sido transversal. Mientras unos se embriagaron con el precio del cobre sin hacer reformas estructurales, otros descapitalizaron Codelco para mantener una ficción de balance fiscal.

     Recientemente, en un evento de lanzamiento del libro del exMinistro de Hacienda Mario Marcel titulado "La montaña rusa. Crónica de una crisis y cómo se superó" - vaya crisis y crónica del tamaño de una montaña rusa que nos heredó Marcel -, en esa actividad se le recordó a la administración económica de Marcel/Grau/Martínez del gobierno de Boric, que la suma de sus reformas elevó los costos laborales de forma desastrosa, ignorando que uno de los deberes fundamentales del Estado es garantizar las condiciones y clima para la generación de inversiones y empleo sostenible y sustentable por parte de privados. Pero mientras la economía se congela para el ciudadano, el Estado engorda de forma mórbida, negándose sistemáticamente a ponerse a dieta.

     La "pornografía del privilegio" en el aparato público hoy es impresentable. Es irracional que asesores del Consejo de Defensa del Estado perciban sueldos superiores a los 15 millones de pesos, o que Secretarios del Congreso alcancen remuneraciones brutas de 19 millones, superando incluso al Presidente de la República.

    Todavía resuenan en mi memoria afirmaciones del año 2014, cuando en el marco de la tramitación de la ley que puso fin al sistema binominal, modificando la composición de la Cámara de Diputados de 120 a 155 escaños y el Senado de 38 a 50 integrantes, defendieron públicamente la célebre frase de que la reforma electoral tendría un "costo adicional cero" o que "no generaría costos adicionales", fueron Álvaro Elizalde en su rol de ministro vocero de Gobierno, que defendió reiteradamente en medios de comunicación que “el incremento de legisladores iba a funcionar con los mismos recursos, que se iban a reasignar", por otra parte Rodrigo Peñailillo como ministro del Interior, insistió ante los informes técnicos que proyectaban un gasto millonario que, si bien la logística conllevaba recursos, para el Estado el impacto neto sería "igual a cero" debido a ajustes internos en el presupuesto del Congreso. Quizás 12 años hayan mermado la memoria de muchos, pero para otros sigue presente como si hubiera ocurrido ayer.

    Este escenario se vuelve violento al compararlo con la vieja tradición republicana del expresidente don Jorge Alessandri Rodríguez, quien caminaba desde su departamento en calle Phillips hacia La Moneda como un ciudadano común, convencido de que a la vida pública se va a servir y no a recibir honores ni beneficios. Hoy, esa mística ha sido asesinada por una casta que se cree aristocracia, rodeada de autos de lujo y choferes pagados por quienes apenas llegan a fin de mes.

     Incluso el Poder Judicial, que debería ser la reserva ética de la nación, se encuentra sumido en investigaciones por influencias indebidas y conductas que provocan "vergüenza y conmoción". El descrédito no es solo por la corrupción de turno, sino por una historia de fallos que han recurrido a "ficciones jurídicas" para imponer sesgos ideológicos por sobre la aplicación imparcial de la ley. Cuando el sistema judicial deja de inspirar respeto para generar sospechas, la República pierde su cimiento moral.

     Sin embargo, el diagnóstico más punzante apunta a nosotros, me refiero a usted y a mí, al llamado "soberano". Es patético ver a una sociedad que derrocha indignación en redes sociales pero que frente a la urna, valida con su indiferencia a quienes deberían estar desterrados de la vida pública por su ineptitud. El soberano hace el ridículo cuando permite que miembros de los tres Poderes del Estado y sus instituciones anexas, sean los grandes ausentes en cualquier medida de austeridad, mientras permite que sumisamente se financie esta fiesta con impuestos cada vez mayores. Validamos un sistema donde el privilegio del funcionario público es intocable, mientras el trabajador privado asume en solitario los costos de la crisis.

     La democracia tiene muchas virtudes, pero también tiene una exigencia ineludible y es que obliga a asumir las consecuencias de las decisiones colectivas. Ningún político llega solo al poder, ningún parlamentario se elige solo, ningún sistema se perpetúa sin consentimiento. Por eso el problema no puede reducirse únicamente a la conducta de quienes gobiernan, debe necesariamente incluir a quienes observan, se indignan, critican y finalmente vuelven a validar las mismas prácticas mediante la indiferencia, la resignación o el voto desinformado, peor aún, asumiendo en una multa la desidia de no votar - pudiendo hacerlo -, como si el pago de esa multa los eximiera de su responsabilidad.

     El actual intento de "sinceramiento" económico y las medidas de shock para frenar el déficit estructural son esfuerzos necesarios y a la vez decisiones forzosamente duras para un país que lleva décadas golpeado por la irresponsabilidad e incluso ineptitud fiscal, pero serán estériles todas aquellas medidas si no reconocemos que el sistema en su conjunto ha perdido su brújula moral.

     Un Estado obeso puede corregirse, una economía golpeada puede recuperarse, las instituciones pueden reformarse, pero ninguna transformación será duradera mientras la sociedad continúe exigiendo responsabilidad a otros, excepto a sí misma, porque al final, la pregunta decisiva no es cuánto está dispuesto a cambiar el Estado, la pregunta es cuánto está dispuesta a cambiar una ciudadanía que durante demasiado tiempo ha tolerado lo que dice condenar.

     Creer que el silencio nos exime de culpa o que la inacción es un refugio neutral es la mayor de nuestras ficciones modernas. Quien decide restarse de las decisiones comunes, argumentando hastío o una falsa superioridad moral, no hace más que firmar un cheque en blanco a la injusticia. No existe la inocencia en la omisión, porque el abandono de la responsabilidad cívica es en sí mismo, un voto activo en favor de la decadencia. Olvidamos —o fingimos olvidar— que esta cobardía disfrazada de prudencia ya fue juzgada y condenada hace milenios: quien puede evitar la ruina de los suyos y elige callar, no es un ciudadano libre, sino el más peligroso de los desertores.

     Chile ya no resiste más promesas; necesita que el soberano recupere la decencia o que, al menos, tenga el valor de aceptar que es el arquitecto de su propio colapso.

ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL - La sanción que no sanciona

 

Artículo escrito por: A PASO FIRME

    Bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis y reflexión, hoy quiero poner la atención en una herramienta que en los últimos años ha sido bastante controvertida.

    Hay instituciones que nacen para proteger la República y terminan convertidas en una representación de sí mismas. La acusación constitucional en Chile corre cada vez más ese riesgo.

    Su propósito original es claro, se trata de establecer la responsabilidad política de autoridades que han incurrido en conductas graves incompatibles con el cargo que ejercen y, la sanción máxima que contempla es la destitución y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años, sobre el papel parece una sanción severa, sin embargo y en la práctica, muchas veces parece una reprimenda temporal.

    El caso del exministro de Hacienda Nicolás Grau vuelve a poner esta contradicción sobre la mesa; quienes impulsan la acusación sostienen que existieron graves errores en la conducción de las finanzas públicas, con consecuencias relevantes sobre el déficit fiscal, el endeudamiento y la situación presupuestaria del Estado. En ese sentido, la sanción que buscan es la máxima contemplada por la Constitución, vale decir, cinco años de inhabilitación para ejercer funciones públicas.

    Aquí es donde surge una pregunta incómoda, ¿Qué significa realmente esa sanción?, si una persona deja de ser ministro y regresa a la academia, al sector privado, a la consultoría o a cualquier actividad profesional fuera del aparato estatal, la inhabilitación no le impide trabajar, generar ingresos ni desarrollar una carrera. Lo que la sanción le prohíbe es únicamente ocupar cargos públicos durante un período determinado, nada más.

    Nuestra historia reciente ofrece un ejemplo revelador, en 2008 Yasna Provoste fue destituida como ministra de Educación e inhabilitada para ejercer cargos públicos por cinco años, cumplido ese plazo ella regresó campante a la política, fue elegida parlamentaria, llegó al Senado y terminó convirtiéndose en Presidenta de la Cámara Alta. La sanción más grave que contempla la Constitución no le cerró definitivamente ninguna puerta, apenas retrasó su regreso, le dio un respiro, un descanso.

    Aquí es donde aparece la paradoja, una persona puede ser considerada lo suficientemente negligente o responsable de actos lo suficientemente graves como para merecer la máxima sanción política disponible, pero una vez transcurridos cinco años puede volver a ocupar exactamente los mismos cargos o incluso aspirar a otros superiores, podría llegar a ser ministra nuevamente, podría presidir el Senado, podría incluso convertirse en Presidente de la República.

    En este punto es donde surge una pregunta fundamental, si una conducta es tan grave como para justificar una acusación constitucional, ¿por qué la consecuencia práctica termina siendo tan limitada?, pero existe una pregunta aún más incómoda, si las conductas imputadas son tan graves para justificar una acusación constitucional, ¿por qué nadie parece interesado en determinar si existe algo más que una mera responsabilidad política?

    Cuando miles de millones de dólares en compromisos fiscales quedan fuera de los registros de un ejercicio presupuestario y son trasladados al siguiente; cuando las estimaciones de ingresos resultan profundamente equivocadas; cuando el déficit se amplía; cuando la deuda pública continúa creciendo; cuando un gobierno, a semanas de abandonar el poder, compromete recursos que deberá administrar la siguiente administración, la discusión deja de ser exclusivamente técnica.

    Vuelvo nuevamente con otra pregunta inevitable y en este caso es otra más difícil e incómoda de hacer y responder, ¿Estamos frente a simples errores?, porque si fueron simples errores, la acusación constitucional parece excesiva, pero si no fueron simples errores, entonces la acusación constitucional parece insuficiente.

Este es el dilema que gran parte de la clase política parece querer evitar a propósito, intencionalmente.

    La ciudadanía escucha hablar de "responsabilidad política" como si se tratara de una categoría abstracta, desconectada de cualquier consecuencia real, sin embargo, detrás de cada error presupuestario existen recursos públicos, programas sociales, inversiones postergadas, deuda que deberán pagar futuras generaciones y restricciones que terminarán soportando millones de contribuyentes.

    Por eso resulta legítimo preguntarse por qué el debate parece terminar siempre en la misma estación, una acusación constitucional, algunos discursos encendidos, mucha cobertura mediática en prensa y redes sociales, luego una votación parlamentaria y una eventual inhabilitación temporal, nada más, no hay más!.

    Ya en este punto emerge una sospecha que erosiona la confianza pública, me refiero a la percepción de que el sistema político ha construido mecanismos suficientemente severos para producir titulares, pero no necesariamente para producir consecuencias, gobiernos de distintos signos ideológicos se suceden unos a otros, oficialismos se convierten en oposiciones y oposiciones se convierten en oficialismos. Todos saben que tarde o temprano ocuparán el lugar del adversario y, cuando eso ocurre, la tentación de moderar las sanciones contra quienes hoy están al frente se vuelve evidente, no es necesario demostrar un pacto entre los que buscan sancionar y los que protegen al que se quiere sancionar, basta con observar el resultado.

    Las responsabilidades políticas suelen terminar exactamente donde comienzan las responsabilidades verdaderamente incómodas. La acusación constitucional concebida como una herramienta excepcional para proteger las instituciones, corre así el riesgo de convertirse en una válvula de escape lo suficientemente estridente para aparentar control, pero demasiado limitada para alterar realmente el destino de quienes son sancionados, las cifras ayudan a entender el problema.

    Durante los últimos cuatro gobiernos completos, las acusaciones constitucionales aprobadas contra ministros y autoridades han sido excepcionales frente al total de libelos presentados. En el gobierno del presidente Boric, nueve acusaciones fueron rechazadas, en los gobiernos anteriores al de Boric, la regla general también ha sido el fracaso de estos procesos o la aplicación extremadamente excepcional de sanciones, al final del día mucho ruido, pocas, escasas y más bien nulas consecuencias  y, cuando alguna sanción finalmente prospera, la experiencia demuestra que cinco años pasan bastante rápido y con una buena rentabilidad, más rápido aún cuando la memoria cívica es corta.

    Al final de esta triste columna, quizás el verdadero problema no sea Nicolás Grau, tampoco lo sea Yasna Provoste, ni ningún nombre en particular. El verdadero problema es un sistema que parece incapaz de decidir qué considera realmente grave.

    Entendámonos bien, si comprometer seriamente las finanzas públicas, administrar deficientemente recursos que pertenecen a todos los chilenos o adoptar decisiones que condicionan a gobiernos futuros constituye una falta menor, entonces la acusación constitucional sobra, pero si esas conductas son realmente tan graves como se afirma en cada conferencia de prensa y en cada discurso parlamentario, entonces la pregunta se vuelve ásperamente inevitable, ¿Por qué la máxima sanción política de la República termina pareciéndose tanto a una suspensión temporal con fecha de vencimiento?

    Cuando la sanción más severa que contempla el sistema puede convertirse apenas en una pausa antes del regreso a la vida pública, el problema deja de ser la conducta del acusado, el problema pasa a ser la credibilidad de la propia sanción y peor aún, los que la promueven.

    Una República que pierde la capacidad de sancionar con seriedad termina enviando un mensaje peligroso y es que, los errores graves se pagan poco, que las responsabilidades se diluyen con el tiempo y que, al final, siempre existe una segunda oportunidad para quienes ejercieron mal el poder, aunque las consecuencias de sus decisiones las sigan pagando otros.

    ¿Cuándo aprenderemos la lección?, me refiero al soberano, porque los otros al igual que los bueyes, nunca se dan cornadas entre ellos.