Artículo escrito por: A PASO FIRME
Bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis crítico y reflexiones profundas. Hoy no iré en búsqueda de consensos ni alivios retóricos, en esta oportunidad intentaré diseccionar en lo que considero una autopsia nacional, la anatomía de un fracaso que a mi juicio tiene dos responsables: una clase política parasitaria y una sociedad, el llamado "soberano", que parece disfrutar de su propio ridículo. Es de esta forma que pienso que Chile no solo atraviesa una crisis económica, atraviesa un desahucio valórico, ético y moral.
Lo que en los años 90 era un crecimiento vigoroso cercano al 7% anual, hoy es una "fantasía nostálgica" donde celebrar un crecimiento del 2% se vende como un logro. Esta parálisis es el resultado de una clase política que ha utilizado al país como un "laboratorio de aficionados", implementando experimentos que, desde Bachelet hasta Boric, han destruido la inversión y la productividad bajo el pretexto de una justicia social que nunca llega a los que financian la fiesta.
La irresponsabilidad ha sido transversal. Mientras unos se embriagaron con el precio del cobre sin hacer reformas estructurales, otros descapitalizaron Codelco para mantener una ficción de balance fiscal.
Recientemente, en un evento de lanzamiento del libro del exMinistro de Hacienda Mario Marcel titulado "La montaña rusa. Crónica de una crisis y cómo se superó" - vaya crisis y crónica del tamaño de una montaña rusa que nos heredó Marcel -, en esa actividad se le recordó a la administración económica de Marcel/Grau/Martínez del gobierno de Boric, que la suma de sus reformas elevó los costos laborales de forma desastrosa, ignorando que uno de los deberes fundamentales del Estado es garantizar las condiciones y clima para la generación de inversiones y empleo sostenible y sustentable por parte de privados. Pero mientras la economía se congela para el ciudadano, el Estado engorda de forma mórbida, negándose sistemáticamente a ponerse a dieta.
La "pornografía del privilegio" en el aparato público hoy es impresentable. Es irracional que asesores del Consejo de Defensa del Estado perciban sueldos superiores a los 15 millones de pesos, o que Secretarios del Congreso alcancen remuneraciones brutas de 19 millones, superando incluso al Presidente de la República.
Todavía resuenan en mi memoria afirmaciones del año 2014, cuando en el marco de la tramitación de la ley que puso fin al sistema binominal, modificando la composición de la Cámara de Diputados de 120 a 155 escaños y el Senado de 38 a 50 integrantes, defendieron públicamente la célebre frase de que la reforma electoral tendría un "costo adicional cero" o que "no generaría costos adicionales", fueron Álvaro Elizalde en su rol de ministro vocero de Gobierno, que defendió reiteradamente en medios de comunicación que “el incremento de legisladores iba a funcionar con los mismos recursos, que se iban a reasignar", por otra parte Rodrigo Peñailillo como ministro del Interior, insistió ante los informes técnicos que proyectaban un gasto millonario que, si bien la logística conllevaba recursos, para el Estado el impacto neto sería "igual a cero" debido a ajustes internos en el presupuesto del Congreso. Quizás 12 años hayan mermado la memoria de muchos, pero para otros sigue presente como si hubiera ocurrido ayer.
Este escenario se vuelve violento al compararlo con la vieja tradición republicana del expresidente don Jorge Alessandri Rodríguez, quien caminaba desde su departamento en calle Phillips hacia La Moneda como un ciudadano común, convencido de que a la vida pública se va a servir y no a recibir honores ni beneficios. Hoy, esa mística ha sido asesinada por una casta que se cree aristocracia, rodeada de autos de lujo y choferes pagados por quienes apenas llegan a fin de mes.
Incluso el Poder Judicial, que debería ser la reserva ética de la nación, se encuentra sumido en investigaciones por influencias indebidas y conductas que provocan "vergüenza y conmoción". El descrédito no es solo por la corrupción de turno, sino por una historia de fallos que han recurrido a "ficciones jurídicas" para imponer sesgos ideológicos por sobre la aplicación imparcial de la ley. Cuando el sistema judicial deja de inspirar respeto para generar sospechas, la República pierde su cimiento moral.
Sin embargo, el diagnóstico más punzante apunta a nosotros, me refiero a usted y a mí, al llamado "soberano". Es patético ver a una sociedad que derrocha indignación en redes sociales pero que frente a la urna, valida con su indiferencia a quienes deberían estar desterrados de la vida pública por su ineptitud. El soberano hace el ridículo cuando permite que miembros de los tres Poderes del Estado y sus instituciones anexas, sean los grandes ausentes en cualquier medida de austeridad, mientras permite que sumisamente se financie esta fiesta con impuestos cada vez mayores. Validamos un sistema donde el privilegio del funcionario público es intocable, mientras el trabajador privado asume en solitario los costos de la crisis.
La democracia tiene muchas virtudes, pero también tiene una exigencia ineludible y es que obliga a asumir las consecuencias de las decisiones colectivas. Ningún político llega solo al poder, ningún parlamentario se elige solo, ningún sistema se perpetúa sin consentimiento. Por eso el problema no puede reducirse únicamente a la conducta de quienes gobiernan, debe necesariamente incluir a quienes observan, se indignan, critican y finalmente vuelven a validar las mismas prácticas mediante la indiferencia, la resignación o el voto desinformado, peor aún, asumiendo en una multa la desidia de no votar - pudiendo hacerlo -, como si el pago de esa multa los eximiera de su responsabilidad.
El actual intento de "sinceramiento" económico y las medidas de shock para frenar el déficit estructural son esfuerzos necesarios y a la vez decisiones forzosamente duras para un país que lleva décadas golpeado por la irresponsabilidad e incluso ineptitud fiscal, pero serán estériles todas aquellas medidas si no reconocemos que el sistema en su conjunto ha perdido su brújula moral.
Un Estado obeso puede corregirse, una economía golpeada puede recuperarse, las instituciones pueden reformarse, pero ninguna transformación será duradera mientras la sociedad continúe exigiendo responsabilidad a otros, excepto a sí misma, porque al final, la pregunta decisiva no es cuánto está dispuesto a cambiar el Estado, la pregunta es cuánto está dispuesta a cambiar una ciudadanía que durante demasiado tiempo ha tolerado lo que dice condenar.
Creer que el silencio nos exime de culpa o que la inacción es un refugio neutral es la mayor de nuestras ficciones modernas. Quien decide restarse de las decisiones comunes, argumentando hastío o una falsa superioridad moral, no hace más que firmar un cheque en blanco a la injusticia. No existe la inocencia en la omisión, porque el abandono de la responsabilidad cívica es en sí mismo, un voto activo en favor de la decadencia. Olvidamos —o fingimos olvidar— que esta cobardía disfrazada de prudencia ya fue juzgada y condenada hace milenios: quien puede evitar la ruina de los suyos y elige callar, no es un ciudadano libre, sino el más peligroso de los desertores.
Chile ya no resiste más promesas; necesita que el soberano recupere la decencia o que, al menos, tenga el valor de aceptar que es el arquitecto de su propio colapso.
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