La libertad no se pierde
solamente cuando alguien nos la arrebata por la fuerza. También se pierde
cuando aceptamos, poco a poco, que otros decidan por nosotros en nombre de
nuestro propio bienestar.
Sean muy bienvenidos a un nuevo
espacio de reflexión. En esta oportunidad la invitación es a recuperar el
pensamiento crítico, dejar de medir el progreso por la cantidad de funciones
que acumula el Estado y comenzar a examinar si cada una de ellas está realmente
justificada. A exigir límites al poder, responsabilidad en el uso de los
recursos públicos y respeto irrestricto por los derechos individuales.
No se trata de negar los
problemas sociales ni de sostener que cada persona debe enfrentar sola todas
las dificultades de la vida. Se trata de comprender que las buenas intenciones
no justifican cualquier intervención, las mayorías no legitiman cualquier abuso
y ninguna promesa de bienestar debería eximir al poder de rendir cuentas.
La invitación entonces es a no
aceptar las soluciones políticas como dogmas, a cuestionar las promesas que
comprometen nuestra libertad y a recordar que una ciudadanía libre no es
aquella que más espera del Estado, sino aquella que conserva la capacidad de
exigirle, fiscalizarlo y ponerle límites.
Porque, al final, la pregunta no
es cuánto puede hacer el Estado por nosotros, sino cuánto puede decidir por
nosotros sin dejar de amenazar nuestra autonomía.
Los invito a pensar antes de
delegar, a cuestionar antes de aceptar y a defender la libertad antes de
descubrir que hemos entregado demasiado para recuperarla.
Hay una pregunta que rara vez
ocupa el centro del debate político, porque resulta mucho más cómodo discutir
cuánto puede hacer el Estado que preguntarnos cuánto poder estamos dispuestos a
entregarle.
Nos hablan de nuevas
prestaciones, nuevos subsidios, nuevas regulaciones y nuevos programas
públicos. Cada problema parece exigir una nueva institución, cada dificultad
una nueva partida presupuestaria y cada desigualdad una nueva intervención
gubernamental. El aparato crece, sus atribuciones se multiplican y sus
administradores adquieren más poder.
Pero ¿Quién se detiene a
preguntar dónde termina ese proceso?
¿En qué momento el Estado, creado
para proteger a las personas, comienza a tratarlas como instrumentos de sus
propios objetivos? ¿Cuándo la legítima preocupación por los problemas
colectivos se convierte en una justificación permanente para limitar las decisiones
individuales?
Estas no son preguntas
marginales. Son preguntas esenciales para cualquier sociedad que todavía aspire
a llamarse libre.
La libertad no es una
concesión del poder
Milton Friedman dedicó buena
parte de su pensamiento a advertir sobre los peligros de sacrificar la libertad
individual en nombre de objetivos colectivos. Su argumento, expresado aquí en
forma de paráfrasis y no como cita textual, conserva plena vigencia: cuando se
pretende alcanzar la igualdad mediante la imposición y la restricción de la
libertad, se corre el riesgo de terminar perjudicando ambas.
El problema comienza cuando
confundimos igualdad ante la ley con igualdad de resultados.
La primera exige que todos estén
sometidos a las mismas reglas, que nadie posea privilegios arbitrarios y que el
poder no pueda decidir caprichosamente sobre el destino de las personas. La
segunda, cuando se convierte en una obligación política de igualar resultados,
puede terminar justificando una intervención cada vez mayor sobre el trabajo,
el patrimonio y las decisiones de los ciudadanos.
Porque las personas no son
idénticas. Tienen capacidades, preferencias, circunstancias, aspiraciones y
prioridades diferentes. Pretender borrar todas esas diferencias desde el poder
requiere una maquinaria de control que, inevitablemente, termina tomando
decisiones que antes correspondían a cada individuo.
Y aquí aparece una paradoja
interesante de analizar, me refiero a que, en nombre de la igualdad, se
multiplican las desigualdades ante el poder. Unos deciden y otros obedecen.
Unos administran los recursos y otros deben producirlos. Unos diseñan las
reglas y otros descubren que su libertad depende de obtener una autorización,
un beneficio o una excepción.
¿Es esa la sociedad que queremos
construir?
Nozick y la pregunta que
incomoda al poder
Robert Nozick llevó esta
discusión a un terreno todavía más profundo.
En Anarquía, Estado y utopía,
defendió la legitimidad de un Estado mínimo, limitado fundamentalmente a
proteger a las personas contra la violencia, el robo y el fraude, hacer cumplir
los contratos y garantizar la defensa frente a amenazas externas.
Su planteamiento no consiste
simplemente en pedir una administración pública más eficiente. Va al fundamento
moral del poder político.
Para Nozick, cada individuo posee
derechos que no pueden ser sacrificados automáticamente en beneficio de los
demás, aunque ese sacrificio se presente como necesario para alcanzar un
supuesto bien común.
Esta idea contiene una
advertencia incómoda: las personas no son recursos disponibles para que el
Estado los distribuya según sus propios criterios de justicia.
Si una autoridad considera que
puede disponer legítimamente del tiempo, el trabajo o los bienes de una persona
cada vez que invoque una necesidad colectiva, entonces los derechos
individuales dejan de ser límites efectivos al poder y se convierten en concesiones
sujetas a las prioridades del gobierno.
Nozick cuestionó precisamente esa
lógica. Su crítica a la tributación redistributiva parte de que obligar a
alguien a entregar una parte de los frutos de su trabajo para financiar los
objetivos de terceros plantea un problema moral serio: ¿hasta qué punto puede
una sociedad reclamar el esfuerzo de una persona sin su consentimiento?
La comparación que establece con
el trabajo forzado es deliberadamente provocadora. No significa que los
impuestos sean literalmente idénticos a la esclavitud en todos sus aspectos,
sino que obliga a examinar una cuestión fundamental: ¿Qué límites morales
deberían restringir el poder de apropiarse del fruto del trabajo ajeno?
Podemos discrepar de la respuesta
de Nozick. Lo que no deberíamos hacer es evadir la pregunta.
El Estado de bienestar y la
expansión sin fronteras
El Estado de bienestar suele
justificarse mediante objetivos difíciles de cuestionar, me refiero a ayudar a
los más vulnerables, ampliar oportunidades, garantizar servicios y reducir la
pobreza.
Sin embargo, que un objetivo sea
moralmente atractivo no significa que cualquier instrumento utilizado para
alcanzarlo sea legítimo, eficaz o sostenible.
Una política pública debe
responder, al menos, a tres preguntas: ¿Resuelve realmente el problema?, ¿Cuánto
cuesta y quién lo paga?, ¿Qué libertades restringe y qué incentivos genera?
Con demasiada frecuencia, el
debate político se concentra en la primera pregunta y evita las otras dos.
El beneficio se anuncia con
entusiasmo. El costo se distribuye entre millones de contribuyentes. La
burocracia que lo administra adquiere continuidad institucional. Y cuando los
resultados son insuficientes, la respuesta habitual consiste en solicitar más
recursos, ampliar el programa o crear una nueva estructura.
Así, una política que nació como
una solución excepcional puede convertirse en una obligación permanente,
independientemente de sus resultados.
El problema no es que el Estado
deba permanecer indiferente ante el sufrimiento humano. El problema es asumir
que toda necesidad social constituye, por definición, una competencia estatal y
que toda intervención pública representa necesariamente un progreso.
La solidaridad genuina no
necesita que el poder político monopolice sus expresiones. Las personas, las
familias, las asociaciones, las comunidades y las organizaciones privadas
también pueden cooperar, ayudar y construir soluciones. La cuestión es permitir
que esa capacidad exista y se desarrolle, en lugar de reducirla a una función
subordinada a las decisiones del aparato estatal.
¿De quién es el dinero y quién
decide?
Aquí llegamos al núcleo económico
y moral del problema.
Cuando una persona trabaja,
ahorra, emprende o invierte, no está produciendo únicamente ingresos. Está
empleando tiempo de su vida, asumiendo riesgos y tomando decisiones sobre su
futuro.
La propiedad privada no es
solamente una cuestión contable. Es también una esfera de la autonomía
personal.
Quien controla legítimamente sus
recursos dispone de un margen para decidir cómo vivir, qué proyectos emprender,
a quién ayudar y qué legado construir. Cuando ese margen se reduce
arbitrariamente, también se reduce su capacidad de dirigir su propia existencia.
Por supuesto, la propiedad no
justifica el fraude, el robo o el abuso. Tampoco convierte en legítima una
riqueza obtenida mediante privilegios políticos o despojos. Precisamente por
eso, una defensa seria de la propiedad debe considerar tanto la adquisición
legítima como las transferencias voluntarias y la rectificación de injusticias
pasadas.
La diferencia está en el
principio que orienta la solución: proteger los derechos y corregir las
injusticias mediante reglas legítimas, no convertir al Estado en árbitro
ilimitado de cuánto puede conservar cada ciudadano.
Una sociedad libre no elimina las
obligaciones legales ni desconoce la existencia de necesidades colectivas.
Exige que esas obligaciones estén justificadas, limitadas y sometidas a
control.
Porque cuando la respuesta a cada
problema consiste en aumentar la capacidad del Estado para disponer de los
recursos ajenos, la discusión deja de ser exclusivamente económica. Se
transforma en una discusión sobre el poder. Y el poder, por definición,
necesita límites.
El Estado mínimo no significa
una sociedad sin reglas
Conviene aclararlo: defender un
Estado limitado no equivale a defender la ausencia de justicia, seguridad o
instituciones.
Un Estado incapaz de proteger a
las personas frente a la violencia, el fraude o la arbitrariedad tampoco
garantiza la libertad. Sin tribunales independientes, contratos exigibles y
protección efectiva de los derechos, la autonomía individual puede convertirse
en una ficción reservada a quienes tienen fuerza o recursos suficientes para
defenderse por sí mismos.
La cuestión no es reemplazar el
poder público por la ley del más fuerte. Es justamente lo contrario, se trata
de impedir que el poder público se convierta en una versión institucionalizada
de esa misma arbitrariedad.
Nozick imaginó cómo podría surgir
un Estado mínimo a partir de agencias privadas de protección que evolucionaran
desde un estado de naturaleza. Su propuesta es un argumento filosófico sobre el
origen y la legitimidad del Estado, no una demostración histórica de que toda
sociedad deba seguir necesariamente ese camino.
Pero su aporte central permanece.
La existencia del Estado no basta para justificar cualquier atribución que este
decida asumir. Que una institución pueda hacer algo no demuestra que tenga
derecho a hacerlo. Y que una mayoría respalde una medida tampoco significa que
esa medida deba quedar exenta de límites jurídicos y morales.
La democracia decide quién
gobierna. El Estado de derecho establece que quienes gobiernan tampoco están
por encima de la ley. Confundir ambas cosas es abrir la puerta a una tiranía
legitimada por las urnas.
La trampa de las buenas
intenciones
Las sociedades rara vez pierden
su libertad de un día para otro. Con mayor frecuencia, la van cediendo mediante
decisiones que, consideradas aisladamente, parecen razonables.
Una regulación adicional para
resolver un problema concreto. Una excepción para enfrentar una emergencia. Una
nueva facultad para facilitar la gestión pública. Una restricción que, según se
asegura, solo afectará a quienes no tienen nada que temer.
Cada medida puede presentarse
como necesaria. Pero la suma de todas ellas puede construir una estructura en
la que el ciudadano necesita cada vez más permisos, autorizaciones y recursos
públicos para desarrollar actividades que antes dependían de su propia
iniciativa.
Entonces, así las cosas, cuando
esa estructura se consolida, quienes viven de administrarla tienen incentivos
para perpetuarla. No hace falta imaginar una conspiración. Basta con comprender
que las instituciones tienden a proteger sus presupuestos, sus competencias y
su continuidad. Por eso, la libertad necesita algo más que gobernantes bien
intencionados.
La libertad necesita reglas que
funcionen incluso cuando quienes ejercen el poder no lo sean; necesita
ciudadanos capaces de desconfiar de las promesas fáciles, examinar los costos
ocultos y exigir rendición de cuentas; necesita, sobre todo, comprender que no
toda ampliación del poder público representa una conquista social. A veces, la
libertad representa exactamente lo contrario.
La pregunta que debemos
recuperar
El debate político contemporáneo
suele plantearse en términos de cuánto más puede hacer el Estado. Cuántos
beneficios puede distribuir, cuántos sectores puede regular, cuántos problemas
puede intentar resolver y cuántas responsabilidades puede y debe asumir.
Propongo invertir esa pregunta.
¿Cuánto poder puede acumular
el Estado antes de comenzar a amenazar los derechos que nació para proteger?
No existe una respuesta numérica
universal. La respuesta exige examinar cada atribución, su fundamento, sus
resultados y sus límites. Pero sí existe un principio que no deberíamos
abandonar, me refiero a que, el poder público debe justificar sus competencias;
los ciudadanos no deberían tener que justificar permanentemente su libertad.
El Estado no es dueño de la
sociedad. El Estado no es propietario del trabajo de las personas ni tutor
permanente de sus decisiones. El Estado tampoco es una entidad moralmente
superior a los individuos que lo financian y lo integran. El Estado es una
institución humana y, como toda institución humana, puede equivocarse, abusar
de sus atribuciones, proteger intereses particulares y perpetuar sus propios
errores. Por eso necesita controles, contrapesos, transparencia y límites
efectivos.
La libertad no consiste en vivir
sin responsabilidades, sino en poder asumirlas sin que una autoridad pretenda
decidir por nosotros cada aspecto de nuestra existencia.
La justicia no consiste en
garantizar que todos terminen en el mismo lugar, sino en asegurar que las
reglas sean legítimas, los derechos estén protegidos y nadie pueda utilizar el
poder para apropiarse arbitrariamente de lo que pertenece a otro.
De paso sepan que la solidaridad
no pierde su valor por ser voluntaria. Al contrario, cuando nace de la
conciencia y no de la imposición, conserva una dimensión moral que ninguna
burocracia puede sustituir por decreto.
No preguntarnos cuánto más puede hacer el Estado, sino cuánto poder puede ejercer sin dejar de ser nuestro servidor. Esa es la discusión que importa.
Porque el verdadero progreso no
se mide por el tamaño del aparato público ni por la cantidad de decisiones que
concentra en sus manos. A mi juicio y entendimiento se mide también por el
espacio que una sociedad preserva para que sus ciudadanos puedan pensar,
trabajar, emprender, disentir y construir su propio destino.
El Estado debe estar al
servicio de las personas. En el instante en que las personas pasan a estar al
servicio del Estado, hemos invertido el orden que justifica su existencia.
Y una sociedad que deja de
distinguir entre ambas cosas puede conservar sus instituciones, sus elecciones
y sus discursos democráticos, mientras pierde gradualmente lo más importante:
la libertad que les da sentido.
