Blog sobre temas actuales y contingentes con una mirada crítica y eventualmente constructiva.
Aquí no se busca agradar ni tranquilizar, se analiza y describe sin eufemismos una realidad que muchos prefieren maquillar. El tono a veces es quizás poco delicado, frontal y deliberado. Si busca relatos amables o consensos blandos para tiempos decadentes, probablemente no se sienta cómodo aquí. NOTA FINAL: No se trata de un error de estilo, es una decisión editorial.
La carrera de Michelle Bachelet hacia la Secretaría General de la ONU no solo está chocando contra el muro de las potencias internacionales, sino contra un nuevo y peligroso paradigma en la diplomacia chilena y una crisis existencial en el corazón de las Naciones Unidas. Lo que antes era un apoyo sagrado del Estado a sus candidatos, hoy es un campo de batalla ideológico que la deja sin protección.
Para entender la negativa del presidente Kast a respaldar a Bachelet, es imposible ignorar la "doctrina Boric" aplicada con el jurista Claudio Grossman. Al romper la tradición de apoyar a figuras nacionales independientemente de su color político, la administración anterior validó que la diplomacia fuera una herramienta de gobierno y no de Estado. Hoy, ese bumeran golpea a Bachelet: si un gobierno de izquierda restó apoyo a un técnico de excelencia como Grossman, el gobierno de Kast se siente legitimado para negarle el piso a la expresidenta, argumentando que la organización requiere una "manera distinta de abordar los problemas".
Este aislamiento interno llega en el momento de mayor vulnerabilidad internacional para Bachelet. Su gestión como Alta Comisionada para los Derechos Humanos dejó una herida abierta en Washington y Bruselas. Fue acusada de retrasar deliberadamente un informe sobre posibles crímenes contra la humanidad en Xinjiang para evitar confrontaciones con Pekín, publicándolo apenas minutos antes de expirar su mandato. Este manejo generó un "fantasma de desconfianza" en el Consejo de Seguridad, donde potencias con poder de veto, como Estados Unidos, miran con recelo su historial de supuesta "suavidad" ante China.
Según el análisis de Foreign Policy, Bachelet no corre sola, pero su posición es extremadamente precaria. En una carrera que incluye nombres como Rafael Grossi, Rebeca Grynspan o Macky Sall, la expresidenta chilena aparece como una figura cargada de "bagaje político". Mientras otros candidatos se posicionan desde la eficiencia técnica o nuevos liderazgos regionales, Bachelet debe cargar con el peso de su controvertido paso por Ginebra, lo que la sitúa en una posición de desventaja frente a perfiles que no arrastran las mismas resistencias en el P5 (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido - Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto).
Finalmente, la viabilidad de su candidatura se mide en un contexto de agonía institucional. Especialistas como Richard Gowan, del International Crisis Group, alertan que la ONU enfrenta una crisis de relevancia y moral, caracterizada por la parálisis geopolítica y cortes presupuestarios severos. La organización lidia con un "desperfilamiento" funcional agravado por un incumplimiento financiero récord de los Estados miembros, lo que coloca el funcionamiento de la ONU en riesgo en el corto plazo. En este escenario de quiebra técnica y política, la llegada de una figura que ya genera división antes de empezar, parece ser el último riesgo que una organización debilitada puede permitirse correr.
Chile no está viviendo un inicio de gobierno cualquiera. Lo que estamos viendo en este primer mes del mandato de José Antonio Kast es algo más incómodo, más crudo, se trata a mi juicio del momento exacto en que una expectativa enorme choca de frente con la realidad.
Comencemos por donde corresponde, el triunfo de José Antonio Kast no fue sólo electoral, fue simbólico. Ganar en todas las regiones no ocurre por casualidad, es el reflejo de un país que se cansó, cansado de promesas, de ambigüedades, de una forma de gobernar que terminó por diluir responsabilidades. Y en ese sentido, este cambio de ciclo tiene una profundidad que muchos aún no terminan de dimensionar. No es sólo alternancia, es corrección de rumbo, por eso mismo, el estándar es otro y, ahí es donde comienzan los problemas.
Gobernar no tiene nada que ver con ganar elecciones, el primer mes ha dejado en evidencia algo que suele ser letal si no se corrige a tiempo: desorden comunicacional. La vocera Mara Sedini y otras figuras han cometido errores evitables, de esos que no tumban un gobierno, pero sí erosionan su credibilidad. Declaraciones que después se corrigen, ideas mal explicadas, mensajes que llegan tarde. ¿El resultado? Un espacio abierto que la oposición no ha dudado en ocupar, aquí no me refiero a cualquier oposición, me refiero al Partido Comunista de Chile y el Frente Amplio, ellos entendieron rápido el libreto: no necesitan grandes derrotas del gobierno, les basta con amplificar cada tropiezo hasta convertirlo en un síntoma de incapacidad estructural, ellos no buscan tener razón, buscan instalar una sensación.
Mientras el ruido político crece, hay un elemento mucho más determinante que no depende de La Moneda y es el contexto internacional. Kast asumió con una crisis energética en desarrollo que terminó impactando de lleno en el precio de los combustibles. Ahí aparece una de las decisiones más incómodas, y al mismo tiempo más reveladoras de este inicio, la del ministro de Hacienda Jorge Quiroz, de transparentar el precio real del petróleo; en efecto, se acabó el subsidio silencioso, se acabó la ficción.
El problema con lo anterior es que decir la verdad en economía casi nunca es popular y menos cuando implica que la bencina suba más de 400 pesos y el diésel aún más. La izquierda reaccionó como era esperable, atribuyendo la responsabilidad al gobierno. Pero la discusión de fondo es otra, si el país quiere seguir viviendo en una ilusión financiada con deuda o si, de una vez por todas, se enfrenta a los costos reales.
Esa misma tensión aparece cuando se empieza a mirar hacia atrás, porque parte importante del relato oficial se ha construido sobre una herencia fiscal más frágil de lo que se decía. Las cifras son incómodas, pero más incómodas son las preguntas que abren sobre la gestión de Gabriel Boric. Si efectivamente hubo gastos no registrados o maniobras para maquillar balances, el problema deja de ser técnico y pasa a ser político y bastante profundo. Ahora bien, hay un dato que descoloca a todos, el país no estalló. Con aumentos mucho más agresivos en los combustibles, no vimos lo que sí ocurrió en el Estallido delictual de 2019. No hubo incendios, no hubo desborde masivo y eso dice algo, no necesariamente que el malestar haya desaparecido, sino que cambió de forma, significa que hay un aprendizaje, quizás más silencioso, quizás más desconfiado, pero aprendizaje al fin.
En medio de todo esto, aparece uno de los primeros costos políticos reales del gobierno, la auditoría que no fue. Era una promesa potente, casi fundacional. Entender dónde y cómo se gastaron o malgastaron, los recursos del Estado. Pero la decisión de no avanzar en una auditoría profunda por falta de recursos dejó una sensación difícil de administrar.
Apoyarse en la Contraloría General de la República es razonable desde lo institucional, especialmente considerando el liderazgo que ha mostrado Dorothy Pérez, pero no alcanza, no porque la Contraloría no pueda, sino porque no tiene con qué. Y ahí es donde la expectativa empieza a chocar con los límites reales del Estado.
Aun así, no todo es retroceso. Hay figuras dentro del gabinete que han comenzado a marcar diferencia. El ministro de Vivienda Iván Poduje, por ejemplo, ha hecho algo que parece básico pero no siempre ocurre: enfrentar el problema en terreno, sin intermediarios y sin filtros, directo al corazón del problema que la gente tiene a la vista, eso, en política, construye autoridad.
En contraste, episodios como el que vivió la ministra Lincolao en la Universidad Austral de Chile dejan en evidencia que hay espacios donde el Estado simplemente no logra imponerse. La pasividad del rector Egon Montecinos frente a hechos de violencia no es un detalle, es una señal de fondo, el orden sigue siendo una disputa abierta.
Y así, casi sin darse cuenta, el gobierno llega a su primer mes real, sin luna de miel, sin margen para errores prolongados y con un paquete de medidas, 45 en total, que será su primera prueba seria, no por lo que diga en el papel, sino por su capacidad de gestión y la muñeca política de sus subsecretarios y ministros, más que lo poco y mal que ha hecho hasta el momento el segundo piso de Palacio con Valenzuela a la cabeza...de los errores.
Porque al final del día, Chile no necesita más diagnósticos, necesita resultados.
Reducir el tamaño del Estado, reasignar recursos, concentrarse en seguridad y justicia, donde el Estado no puede fallar, no son ideas nuevas. Lo que está en juego es si esta vez alguien será capaz de ejecutarlas sin diluirse en el intento. Ese es el verdadero examen.
En ese examen, este primer mes no genera una conclusión, pero sí una advertencia y es que la realidad no se adapta al relato. Es el relato el que tiene que empezar a adaptarse a la realidad.
Si uno observa con frialdad las críticas más duras que hoy circulan, incluso aquellas que vienen desde sectores que se suponen cercanos o intelectualmente afines, aparece un patrón interesante: más que un rechazo al gobierno, lo que hay es una advertencia sobre sus límites actuales.
Se habla de falta de articulación política, de dificultad para ampliar mayorías, de una derecha que aún no logra ordenar sus propias tensiones internas. Se cuestiona la ausencia de una estrategia clara para convertir el triunfo electoral en poder efectivo. Y se insiste en algo que es clave: ganar no es gobernar.
Pero ahí es donde la lectura cambia, porque si esas críticas se interpretan no como un veredicto, sino como diagnóstico, lo que aparece es una oportunidad, una bastante clara, además, corregir temprano.
La historia política en Chile y fuera del país muestra que los gobiernos que logran adaptarse en sus primeros meses, que entienden el entorno y ajustan su propia forma de ejercer el poder, son los que terminan consolidándose. Los que no, simplemente administran su desgaste.
El contexto actual tampoco ayuda, porque el malestar social ya no desaparece con elecciones, se vuelve persistente, casi estructural. Eso obliga a una política distinta, algo con menos épica y con más precisión; con menos promesas grandilocuentes, pero con más resultados concretos.
En ese escenario, la clave no está en intentar imponer una identidad rígida, sino en construir capacidad de acción, priorizar, elegir las batallas, ejecutar bien, aunque sea poco, generar acuerdos donde antes sólo había trincheras.
Dicho de otra forma, se trata de pasar del impulso a la conducción.
Porque si algo queda claro tras este primer mes, es que el margen existe, pero no es infinito. El verdadero capital político de este gobierno no está en lo que prometió, sino en lo que logre hacer rápido, bien y con sentido.
Analicemos esto por partes y comencemos por revisar la soberanía jurídica versus la soberanía efectiva.
Desde la Paz en Westfalia en 1648, la soberanía se entiende como autoridad suprema dentro de un territorio y ausencia de subordinación externa, pero en el siglo XXI, esa definición resulta incompleta, hoy la soberanía no se mide solo en términos jurídicos, se mide en capacidad material, Control tecnológico, Autonomía energética, Independencia estratégica y Poder económico.
El reciente episodio en que Estados Unidos revocó visas a tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric obliga a revisar esta distinción con mayor profundidad.
En el centro del debate no está una visa, está el Proyecto Humboldt; se trata del primer cable submarino que busca conectar directamente Sudamérica con Oceanía y Asia, consolidando a Chile como hub digital regional.
Los cables submarinos no son simples infraestructuras comerciales, transportan más del 95% del tráfico global de datos, son arterias financieras, tecnológicas y estratégicas.
En el actual escenario de competencia sistémica entre Estados Unidos y la República Popular China, la infraestructura digital es terreno geopolítico.
Washington había advertido previamente a la representación diplomática chilena sobre los riesgos estratégicos de ciertos esquemas de cooperación tecnológica con Beijing, la advertencia existió, por lo tanto la reacción posterior no puede entenderse como improvisación, sino como uan parte de una doctrina consistente de contención tecnológica frente a China.
El gobierno chileno invocó soberanía nacional y jurídicamente tiene razón, Chile decide con quién desarrolla su infraestructura, pero la soberanía es simétrica, si Chile decide con quién se asocia, Estados Unidos también decide a quién concede o revoca visas. No estamos ante una violación del derecho internacional, estamos ante un choque de decisiones soberanas en un entorno de asimetría de poder, así las cosas, la discusión entonces, no es jurídica, es estratégica.
Aquí entra un elemento adicional, durante su trayectoria política, Gabriel Boric fue particularmente crítico del presidente Donald Trump, las diferencias fueron ideológicas y discursivas; en sistemas presidenciales fuertes, la política exterior no está completamente desvinculada del liderazgo político, no se trata de personalizar la sanción, pero sí de reconocer que el clima político influye en el margen de negociación y en la disposición al diálogo. En diplomacia, las relaciones personales importan.
Aquí es donde llegamos al punto más delicado, en 2017, la República Popular China promulgó su Ley de Inteligencia Nacional y en su Artículo 7mo. establece:
“Cualquier organización o ciudadano deberá apoyar, asistir y cooperar con el trabajo de inteligencia nacional de conformidad con la ley, y guardar el secreto de las actividades de inteligencia nacional de las que tenga conocimiento.”
Este artículo genera fricción estructural con Occidente por tres razones:
Primero: obligatoriedad universal.
No distingue entre territorio nacional o extranjero, un ciudadano chino trabajando en infraestructura estratégica fuera de China está legalmente obligado a cooperar si se le solicita.
Segundo: alcance sobre empresas.
La ley incluye organizaciones, compañías como Huawei o COSCO Shipping, ellas están jurídicamente sujetas a esa obligación.
Tercero: ausencia de contrapesos judiciales independientes.
No existen mecanismos institucionales robustos para negarse si el Estado invoca seguridad nacional.
Este marco normativo es parte del análisis estratégico que realiza Estados Unidos cuando evalúa infraestructura crítica.
La objeción habitual es inmediata, Estados Unidos también tiene leyes de inteligencia con alcance extraterritorial, es cierto, existen normas como la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) y disposiciones del Patriot Act que permiten recolección de datos bajo determinadas circunstancias; la diferencia entonces no está en la existencia de facultades de inteligencia, todos los Estados las tienen, la diferencia radica en Sistemas de contrapesos judiciales independientes, Posibilidad de litigio público, Prensa libre y una División de poderes efectiva.
En el sistema estadounidense, una empresa puede impugnar decisiones en tribunales federales. En el sistema chino, la independencia judicial frente al Partido Comunista es estructuralmente inexistente.
No quiero que nos perdamos en esto, porque aquí no se trata de idealizar a Washington, se trata de comparar arquitecturas institucionales. Para infraestructura crítica, la diferencia institucional SÍ importa y es crucial.
Revisemos brevemente asuntos relacionados con este análisis y desglosemos casos de dependencia estratégica de lecciones comparadas.
Alemania aprendió en 2022 lo que significaba depender energéticamente de la estatal rusa Gazprom, cuando Gazprom redujo el suministro de gas en medio de tensiones por la guerra en Ucrania, formalmente Alemania era soberana, materialmente, su margen de maniobra era reducido.
Perú experimenta hoy las tensiones derivadas de su acuerdo con COSCO Shipping en el puerto de Chancay, aquí se ilustra cómo la soberanía contractual puede verse condicionada por compromisos asumidos bajo asimetría de poder.
En ambos casos, los contratos eran legales, pero la asimetría de poder condiciona la capacidad de revisión futura, entonces el problema no es firmar acuerdos, el problema es firmarlos sin considerar el marco estructural del socio con el que se hacen los acuerdos.
La cuestión finalmente no es ideológica, no es “Estados Unidos bueno” versus “China malo”, a mi juicio, la pregunta estratégica es, ¿Qué riesgos incorpora el Estado de Chile cuando vincula infraestructura digital crítica a actores sujetos a una legislación que obliga cooperación con su aparato de inteligencia?, más aún, ¿Está Chile en posición material de gestionar simultáneamente la presión de Washington y las obligaciones contractuales con Beijing?. En un sistema internacional competitivo, la neutralidad tecnológica es cada vez más difícil de sostener.
Queridos oyentes, Chile es soberano desde 1818, consolidado tras la independencia liderada por don Bernardo O’Higgins, sin embargo, nuestro país ha cedido jurisdicción voluntariamente en múltiples tratados internacionales.La soberanía moderna no es absoluta, es relacional; depende de poder, con capacidad y coherencia estratégica.Invocar soberanía sin medir consecuencias estructurales es retórico, ejercer soberanía exige inteligencia y cálculo.
La soberanía no desaparece en la globalización, pero su margen efectivo depende del poder relativo.
Para países medianos, la pregunta clave no es si pueden decidir, es cuánto pueden sostener esa decisión frente a grandes potencias y en el caso particular de infraestructura crítica, las decisiones no son meramente comerciales, son geopolíticas y, en geopolítica, las normas internas del socio son parte del contrato, aunque no aparezcan en la firma.
Al final de este análisis, la verdadera preguntano es si Chile es soberano, la verdadera pregunta es¿Está ejerciendo Chile su soberanía con plena conciencia del entorno estratégico en el que opera?, porque en el siglo XXI, la soberanía no es un eslogan, es una variable absolutamente dependiente del poder.
