EL CAPITÁN Y LA SOBERANÍA - REFLEXIONES SOBRE EL RUMBO DE NUESTRA DEMOCRACIA

Artículo escrito por: A PASO FIRME

    Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión. Hoy quiero proponerles un ejercicio de imaginación que nos transportará más de dos mil años atrás, pero que nos servirá para entender el pulso de nuestro presente.

    Imaginen que se encuentran a bordo de un navío en medio de un océano incierto. El cielo se oscurece y las olas comienzan a golpear con fuerza. En ese momento de crisis, ¿a quién confiarían el timón? ¿Al pasajero que mejor habla, al que les promete el viaje más placentero o a aquel que realmente conoce los secretos de las corrientes, las estrellas y la navegación?.

    Hace más de dos mil años, Sócrates advertía sobre el riesgo de una democracia incapaz de distinguir entre el conocimiento y la simple popularidad. Su analogía del barco no buscaba eliminar la democracia, sino señalar una fragilidad inherente: el peligro de que el debate público deje de privilegiar la razón y comience a premiar únicamente aquello que resulta emocionalmente atractivo o demagógicamente útil.

    Para Sócrates, el voto no era un instinto, sino una habilidad que requiere ser enseñada y practicada. Si permitimos que el barco sea dirigido por quien solo sabe ganar simpatías, el naufragio es inevitable. Bajo esta luz, cabe hacernos la pregunta que hoy nos incomoda en Chile: ¿Quién gobierna realmente?. La respuesta inmediata es "el pueblo", pero al observar cómo funciona nuestra arquitectura política, la respuesta se llena de matices que desafían esa simplicidad.

    En teoría, vivimos en una democracia representativa. Sin embargo, en la práctica, los partidos políticos ocupan el centro absoluto de toda la arquitectura institucional: seleccionan candidatos, negocian leyes, distribuyen cuotas de poder y determinan el rumbo del país.

    El problema surge cuando observamos el contraste entre el enorme poder que ejercen y el escaso respaldo ciudadano que poseen. La militancia partidaria es hoy una fracción mínima del padrón electoral; sin embargo, esa minoría define las reglas bajo las cuales vivimos millones de independientes.

    Aquí resuena de nuevo la advertencia socrática. ¿Hemos permitido que la "maquinaria de popularidad" de los partidos reemplace a la deliberación racional? El sistema muchas veces termina premiando estructuras partidarias mucho más que liderazgos individuales con conocimiento real, y esa diferencia importa muchísimo si queremos que el barco llegue a buen puerto.

    Debemos ser conscientes de que esta navegación tiene un costo, y es alto. Todos financiamos las campañas, el funcionamiento permanente de los partidos, los asesores y toda la estructura destinada a sostener el sistema. Cuando la política se financia con recursos de todos, deja de pertenecer exclusivamente a los partidos; nos pertenece a todos nosotros.

    Aceptar este financiamiento público nos otorga el derecho de exigir un estándar ético y técnico extraordinariamente alto. Pero aquí aparece una paradoja que genera un dolor profundo en nuestra convivencia: el Estado nos obliga a sostener económicamente el sistema y, además, nos obliga a legitimarlo mediante el voto obligatorio bajo amenaza de sanción.

    Si una democracia necesita multas para que sus ciudadanos concurran a las urnas, ¿no estaremos ante un síntoma de un déficit profundo de educación cívica y confianza institucional?. El voto debería ser un acto de responsabilidad soberana, no el simple cumplimiento de una obligación administrativa para evitar una multa. Las democracias, al final del día, terminan reflejando el nivel de exigencia de quienes participan en ellas.

    Uno de los mayores problemas aparece cuando quienes redactan las reglas del sistema son, al mismo tiempo, quienes obtienen beneficios de ellas. Un ejemplo racional y concreto lo vimos tras las elecciones de 2025, cuando trece partidos enfrentaron su disolución por no cumplir los mínimos legales. Vimos cómo el sistema permite interpretaciones para facilitar la continuidad de las organizaciones políticas por sobre la medición del respaldo ciudadano real.

     Lo mismo ocurre con mecanismos como la paridad de género o el método D'Hondt. Más allá de la validez de sus objetivos, como promover la participación femenina o la proporcionalidad, surge una duda sobre la soberanía. Cuando el sistema interviene después de que el ciudadano ya votó para ajustar el resultado a nuevo un diseño previo, se está aplicando un segundo filtro que el elector no controló en la urna.

    Si el ciudadano vota creyendo que su voto determina quién resulta elegido, pero un filtro posterior altera esa voluntad, la pregunta deja de ser sobre género o matemáticas; pasa a ser una pregunta sobre quién es realmente el soberano. ¿Dónde termina el criterio de corregir la voluntad popular en favor de un diseño preestablecido?.

    ¿Cómo sanamos este dolor democrático?, una propuesta racional es devolverle el timón al ciudadano mediante el voto nulo vinculante. Si una mayoría concluye que la oferta política carece de la calidad o el conocimiento necesarios, ese voto nulo debería invalidar la elección donde sea que ella ocurre. Este mecanismo obligaría a los partidos a dejar de apostar por el "mal menor" y a empezar a buscar la excelencia y a su vez daría un valor inconmensurable a las primarias electorales, convirtiéndolas en reales barómetros de la política y no en el mero trámite que hoy son, considerando además que hoy no hay reembolso a los partidos políticos y además ellas podrían dar paso a propuestas de candidaturas de independentes, pero independientes de verdad.

    Sin embargo, la democracia no es solo el acto de votar; eso es apenas el último paso. La democracia comienza mucho antes: cuando el ciudadano se informa, contrasta argumentos, estudia y fiscaliza. Comienza cuando dejamos de actuar como "hinchas" de un color político y empezamos a comportarnos como soberanos exigentes.

    El verdadero problema de Chile no es solo la calidad de sus dirigentes, sino el nivel de exigencia que como sociedad estamos dispuestos a imponerles. El día en que dejemos de premiar la improvisación, el populismo y la demagogia que Sócrates tanto temía, ese día empezaremos a elegir navegantes distintos.

    Este cambio no nacerá en el Congreso ni en las sedes de los partidos; nacerá frente al espejo. Porque la democracia se degrada cuando los gobernantes fallan, pero también se degrada profundamente cuando los ciudadanos renuncian a ejercer plenamente su responsabilidad. La soberanía no consiste solamente en tener derecho a votar; consiste en exigir que ese voto sea respetado, ejercerlo con responsabilidad y comprender que cada decisión individual termina escribiendo la historia completa de un país.

    Antes de despedirnos, quiero compartir una reflexión personal con ustedes, mantener este espacio de análisis, realizar la búsqueda, investigación y dedicar el tiempo necesario para conectar las advertencias de Sócrates con nuestra realidad actual, es una tarea que asumo con total compromiso, sin embargo, para que este proyecto siga creciendo y, sobre todo, para reforzar la independencia de mis ideas, quiero invitarlos a ser parte activa de su sostenibilidad.

    Si valoran este contenido, les invito a realizar un aporte modesto. En ningún caso es una obligación, pero sí es un gran reconocimiento al trabajo detrás de cada episodio y me permite seguir impulsando nuevos proyectos con la libertad que este análisis exige. En la descripción de este podcast encontrarán la forma de ayudarme.

Gracias por escuchar, por reflexionar y por hacerse cargo de su rol como soberanos.

 

LA GUERRA INVISIBLE - EL PLAN PARA DESMANTELAR OCCIDENTE

 

Artículo escrito por: A PASO FIRME

    Sean muy bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis crítico y temas que no solemos ver en las noticias ni columnas de opinión en general. En esta oportunidad y a través de diversas lecturas previas y documentales, intentaré exponer la estrategia de la Escuela de Frankfurt como una realidad documentada, no como una teoría de conspiración.

    Imaginen una guerra en la que no se dispara un solo proyectil, una guerra donde no hay declaraciones oficiales, pero cuyas bajas se cuentan en la pérdida de valores, la destrucción de la familia y el control total del lenguaje. Esta no es una distopía de ficción; esta es una historia documentada, llevada a un breve relato de cómo una pequeña oficina en Frankfurt, en 1923, cambió el destino de nuestras vidas y me atrevería a decir que el de toda nuestra civilización occidental.

    Hoy dejaremos a un lado las etiquetas de "teoría de conspiración", vamos a hablar de nombres, fechas, textos e instituciones; vamos a entender por qué hoy nos sentimos un extraño en nuestra propia cultura y por qué las universidades y medios parecen hablar un idioma que busca castigarnos por lo que pensamos.

    Revisemos juntos una breve historia de la Escuela de Frankfurt, donde haré mi mejor esfuerzo por ser claro y directo, de forma que les resulte atractivamente cercano el lenguaje y la historia.

    Todo comenzó con un fracaso. En 1917, la revolución bolchevique triunfó en Rusia, pero en el resto de Europa, los obreros se negaron a rebelarse. El capitalismo, contra todo pronóstico marxista, prosperaba. En 1923, en Frankfurt, surge la figura clave para cambiar esta historia, se trataba de Felix Weil, Weil no era un obrero, era el hijo de un millonario exportador de granos. Con esa inmensa fortuna, Weil decidió financiar la creación del Instituto para la Investigación Social, aunque el nombre sonaba académico e inofensivo, su objetivo era explícitamente marxista, se trataba de entender por qué la revolución había fallado en Occidente y con ello diseñar una nueva estrategia para lograrla. Fue gracias al mecenazgo de un millonario, que el marxismo dejó de mirar a las fábricas para empezar a capturar nuestras mentes. La pregunta a resolver en ese contexto era fatal, si Marx tenía razón, ¿por qué los obreros defendían el sistema que supuestamente los oprimía?.

    La respuesta que encontraron cambió el mundo, el capitalismo no solo explota económicamente, domina culturalmente. Bajo el amparo del dinero de Weil, estos 6 intelectuales descubrieron que mientras existiera la familia tradicional, la moral cristiana, la fe en la razón y la educación clásica, la revolución nunca triunfaría. Así que decidieron que la solución no era tomar las fábricas, sino capturar la cultura.

     Les pido atención en recordar estos nombres, para que posteriormente ustedes perseveren, profundicen en esta historia y conozcan más en detalle a los arquitectos de este arsenal ideológico, este podcast sólo pretende abrirles el apetito para que se sumerjan luego en el corazón del proceso destructivo llevado adelante contra Occidente, por ahora les anticipo que se trata de intelectuales de la estatura de: Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Wilhelm Reich y Walter Benjamin. Más de alguno de ellos fue abordado por nosotros en épocas de nuestra formación académica superior, pero sigamos adelante.

    En 1933, con el ascenso de Hitler, estos pensadores marxistas huyeron a los Estados Unidos, allá se refugiaron en el corazón del sistema que querían destruir, me refiero a la Universidad de Columbia en Nueva York. Allá perfeccionaron su arma más letal, la Teoría Crítica. No era una filosofía para construir algo mejor, se trataba de un método diseñado para criticar, sin descanso, cada aspecto de la sociedad occidental. Como bien observó el filósofo británico Roger Scruton, la teoría crítica es destrucción en estado de pureza, disfrazada de análisis académico. Scruton fue conocido por ser la principal voz intelectual del conservadurismo moderno y la defensa de la estética clásica, fue él quién dotó al pensamiento conservador de argumentos filosóficos profundos, integrando la tradición, la belleza y el sentido de pertenencia frente al relativismo, su voz se apagó en 2020, pero su legado trasciende hasta hoy. 

    Avancemos. En su obra Dialéctica de la Ilustración, Horkheimer y Adorno argumentaron algo inaudito y es que la razón, la ciencia y el progreso occidental eran en realidad formas de esclavitud y totalitarismo. Mientras Occidente los salvaba del nazismo real, ellos escribían el manual para socavar la libertad occidental desde adentro.

    Sin embargo y con todo lo anterior, fue Herbert Marcuse quien llevó esto a las masas. En los años 50 y 60, Marcuse se dio cuenta de que el obrero occidental estaba lo suficientemente satisfecho con su prosperidad como para ser un revolucionario. Observado lo anterior, su solución fue brillantemente perversa, crear nuevos sujetos revolucionarios. Marcuse dijo a los estudiantes radicales que se olvidaran del proletariado, los nuevos oprimidos eran las minorías raciales, las feministas y cualquier grupo que se sintiera alienado. Aquí nació la política de identidad que hoy observamos. Nunca se trató de buscar justicia, sino de crear identidades víctimas y enseñarles a ver opresión en cada rincón de la sociedad.

    En 1967, su discípulo Rudi Dutschke acuñó la frase que define nuestra era, "La larga marcha a través de las instituciones". El plan era bastante simple, se trataba básicamente de infiltrar las universidades, los medios, el cine y el gobierno. Para Dutschke, no se trataba de tomar el poder por la fuerza, se trataba de formar a los profesores, periodistas y burócratas del mañana. ¿El resultado?, en dos generaciones controlarían la cultura sin disparar un solo tiro y funcionó, de forma aterradoramente real y letal. Noten la similitud en algo que vimos a partir del retorno a la democracia en nuestro país y que silenciosamente ocurría mientras regresaban los exiliados. 

    Lo que hoy llamamos "wokismo" o justicia social radical, no es más que la mutación final de estas ideas. En los años 80 y 90, la Escuela de Frankfurt se fusionó con el posmodernismo francés. De Frankfurt tomaron la idea de que Occidente es estructuralmente opresivo. Del posmodernismo, tomaron la idea de que no existe la verdad objetiva, solo estructuras de poder.

    El resultado es el caos actual, a qué me refiero, a la Teoría Crítica de la Raza que busca dividirnos, a la ideología de género que niega la biología y al ataque frontal a la familia tradicional, que Wilhelm Reich llamó "la célula del estado fascista". Todo esto hoy está presente en nuestro país y por cierto en prácticamente todo Occidente. 

    Hoy, el 70 u 80% de los profesores de humanidades siguen esta línea, las corporaciones adoptan este lenguaje por miedo a la cancelación, y el periodismo objetivo ha sido reemplazado por un activismo que nos señala como culpables por nuestra historia o nuestra identidad. ¿Les hace sentido cuando ven los noticieros, o cuando escuchan columnas de opinión de medios de prensa tradicionales.? 

    Roger Scruton - el bueno en esta historia -, fue quien dedicó su vida a denunciar esto, fue el que pagó el precio de la cancelación y la difamación. A cambio nos dejó una advertencia irónica muy clara antes de morir en 2020, esto es que, los refugiados del totalitarismo crearon la ideología totalitaria más efectiva del siglo XXI, demostraron que no se necesitan campos de concentración, simplemente nos controlan con la culpa, con el lenguaje inclusivo y la amenaza de la exclusión social. Quiero insistir, esto no es una conspiración, se trata de Horkheimer, Adorno, Marcuse, Fromm, Reich y Benjamin, se trata del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Columbia, es la historia documentada de una demolición cultural en curso hasta hoy. 

    Hablemos del antídoto para esto, el conocimiento es el primer paso de la resistencia. Ahora que hemos identificado los nombres y la estrategia, la próxima vez que nos enfrentemos a una política de identidad absurda o un ataque a la razón, sabremos que no es casualidad, se trata de un plan de cien años que solo puede detenerse con la verdad y la valentía de defender nuestra civilización.

     La batalla cultural continúa, y ahora, con algo más de conciencia, las armas las tenemos nosotros.

CHILE - EL BANQUETE DE LOS CÍNICOS Y LA COMPLICIDAD DEL SOBERANO

Artículo escrito por: A PASO FIRME

    Bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis crítico y reflexiones profundas. Hoy no iré en búsqueda de consensos ni alivios retóricos, en esta oportunidad intentaré diseccionar en lo que considero una autopsia nacional, la anatomía de un fracaso que a mi juicio tiene dos responsables: una clase política parasitaria y una sociedad, el llamado "soberano", que parece disfrutar de su propio ridículo. Es de esta forma que pienso que Chile no solo atraviesa una crisis económica, atraviesa un desahucio valórico, ético y moral.

    Lo que en los años 90 era un crecimiento vigoroso cercano al 7% anual, hoy es una "fantasía nostálgica" donde celebrar un crecimiento del 2% se vende como un logro. Esta parálisis es el resultado de una clase política que ha utilizado al país como un "laboratorio de aficionados", implementando experimentos que, desde Bachelet hasta Boric, han destruido la inversión y la productividad bajo el pretexto de una justicia social que nunca llega a los que financian la fiesta.

     La irresponsabilidad ha sido transversal. Mientras unos se embriagaron con el precio del cobre sin hacer reformas estructurales, otros descapitalizaron Codelco para mantener una ficción de balance fiscal.

     Recientemente, en un evento de lanzamiento del libro del exMinistro de Hacienda Mario Marcel titulado "La montaña rusa. Crónica de una crisis y cómo se superó" - vaya crisis y crónica del tamaño de una montaña rusa que nos heredó Marcel -, en esa actividad se le recordó a la administración económica de Marcel/Grau/Martínez del gobierno de Boric, que la suma de sus reformas elevó los costos laborales de forma desastrosa, ignorando que uno de los deberes fundamentales del Estado es garantizar las condiciones y clima para la generación de inversiones y empleo sostenible y sustentable por parte de privados. Pero mientras la economía se congela para el ciudadano, el Estado engorda de forma mórbida, negándose sistemáticamente a ponerse a dieta.

     La "pornografía del privilegio" en el aparato público hoy es impresentable. Es irracional que asesores del Consejo de Defensa del Estado perciban sueldos superiores a los 15 millones de pesos, o que Secretarios del Congreso alcancen remuneraciones brutas de 19 millones, superando incluso al Presidente de la República.

    Todavía resuenan en mi memoria afirmaciones del año 2014, cuando en el marco de la tramitación de la ley que puso fin al sistema binominal, modificando la composición de la Cámara de Diputados de 120 a 155 escaños y el Senado de 38 a 50 integrantes, defendieron públicamente la célebre frase de que la reforma electoral tendría un "costo adicional cero" o que "no generaría costos adicionales", fueron Álvaro Elizalde en su rol de ministro vocero de Gobierno, que defendió reiteradamente en medios de comunicación que “el incremento de legisladores iba a funcionar con los mismos recursos, que se iban a reasignar", por otra parte Rodrigo Peñailillo como ministro del Interior, insistió ante los informes técnicos que proyectaban un gasto millonario que, si bien la logística conllevaba recursos, para el Estado el impacto neto sería "igual a cero" debido a ajustes internos en el presupuesto del Congreso. Quizás 12 años hayan mermado la memoria de muchos, pero para otros sigue presente como si hubiera ocurrido ayer.

    Este escenario se vuelve violento al compararlo con la vieja tradición republicana del expresidente don Jorge Alessandri Rodríguez, quien caminaba desde su departamento en calle Phillips hacia La Moneda como un ciudadano común, convencido de que a la vida pública se va a servir y no a recibir honores ni beneficios. Hoy, esa mística ha sido asesinada por una casta que se cree aristocracia, rodeada de autos de lujo y choferes pagados por quienes apenas llegan a fin de mes.

     Incluso el Poder Judicial, que debería ser la reserva ética de la nación, se encuentra sumido en investigaciones por influencias indebidas y conductas que provocan "vergüenza y conmoción". El descrédito no es solo por la corrupción de turno, sino por una historia de fallos que han recurrido a "ficciones jurídicas" para imponer sesgos ideológicos por sobre la aplicación imparcial de la ley. Cuando el sistema judicial deja de inspirar respeto para generar sospechas, la República pierde su cimiento moral.

     Sin embargo, el diagnóstico más punzante apunta a nosotros, me refiero a usted y a mí, al llamado "soberano". Es patético ver a una sociedad que derrocha indignación en redes sociales pero que frente a la urna, valida con su indiferencia a quienes deberían estar desterrados de la vida pública por su ineptitud. El soberano hace el ridículo cuando permite que miembros de los tres Poderes del Estado y sus instituciones anexas, sean los grandes ausentes en cualquier medida de austeridad, mientras permite que sumisamente se financie esta fiesta con impuestos cada vez mayores. Validamos un sistema donde el privilegio del funcionario público es intocable, mientras el trabajador privado asume en solitario los costos de la crisis.

     La democracia tiene muchas virtudes, pero también tiene una exigencia ineludible y es que obliga a asumir las consecuencias de las decisiones colectivas. Ningún político llega solo al poder, ningún parlamentario se elige solo, ningún sistema se perpetúa sin consentimiento. Por eso el problema no puede reducirse únicamente a la conducta de quienes gobiernan, debe necesariamente incluir a quienes observan, se indignan, critican y finalmente vuelven a validar las mismas prácticas mediante la indiferencia, la resignación o el voto desinformado, peor aún, asumiendo en una multa la desidia de no votar - pudiendo hacerlo -, como si el pago de esa multa los eximiera de su responsabilidad.

     El actual intento de "sinceramiento" económico y las medidas de shock para frenar el déficit estructural son esfuerzos necesarios y a la vez decisiones forzosamente duras para un país que lleva décadas golpeado por la irresponsabilidad e incluso ineptitud fiscal, pero serán estériles todas aquellas medidas si no reconocemos que el sistema en su conjunto ha perdido su brújula moral.

     Un Estado obeso puede corregirse, una economía golpeada puede recuperarse, las instituciones pueden reformarse, pero ninguna transformación será duradera mientras la sociedad continúe exigiendo responsabilidad a otros, excepto a sí misma, porque al final, la pregunta decisiva no es cuánto está dispuesto a cambiar el Estado, la pregunta es cuánto está dispuesta a cambiar una ciudadanía que durante demasiado tiempo ha tolerado lo que dice condenar.

     Creer que el silencio nos exime de culpa o que la inacción es un refugio neutral es la mayor de nuestras ficciones modernas. Quien decide restarse de las decisiones comunes, argumentando hastío o una falsa superioridad moral, no hace más que firmar un cheque en blanco a la injusticia. No existe la inocencia en la omisión, porque el abandono de la responsabilidad cívica es en sí mismo, un voto activo en favor de la decadencia. Olvidamos —o fingimos olvidar— que esta cobardía disfrazada de prudencia ya fue juzgada y condenada hace milenios: quien puede evitar la ruina de los suyos y elige callar, no es un ciudadano libre, sino el más peligroso de los desertores.

     Chile ya no resiste más promesas; necesita que el soberano recupere la decencia o que, al menos, tenga el valor de aceptar que es el arquitecto de su propio colapso.

ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL - La sanción que no sanciona

 

Artículo escrito por: A PASO FIRME

    Bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis y reflexión, hoy quiero poner la atención en una herramienta que en los últimos años ha sido bastante controvertida.

    Hay instituciones que nacen para proteger la República y terminan convertidas en una representación de sí mismas. La acusación constitucional en Chile corre cada vez más ese riesgo.

    Su propósito original es claro, se trata de establecer la responsabilidad política de autoridades que han incurrido en conductas graves incompatibles con el cargo que ejercen y, la sanción máxima que contempla es la destitución y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años, sobre el papel parece una sanción severa, sin embargo y en la práctica, muchas veces parece una reprimenda temporal.

    El caso del exministro de Hacienda Nicolás Grau vuelve a poner esta contradicción sobre la mesa; quienes impulsan la acusación sostienen que existieron graves errores en la conducción de las finanzas públicas, con consecuencias relevantes sobre el déficit fiscal, el endeudamiento y la situación presupuestaria del Estado. En ese sentido, la sanción que buscan es la máxima contemplada por la Constitución, vale decir, cinco años de inhabilitación para ejercer funciones públicas.

    Aquí es donde surge una pregunta incómoda, ¿Qué significa realmente esa sanción?, si una persona deja de ser ministro y regresa a la academia, al sector privado, a la consultoría o a cualquier actividad profesional fuera del aparato estatal, la inhabilitación no le impide trabajar, generar ingresos ni desarrollar una carrera. Lo que la sanción le prohíbe es únicamente ocupar cargos públicos durante un período determinado, nada más.

    Nuestra historia reciente ofrece un ejemplo revelador, en 2008 Yasna Provoste fue destituida como ministra de Educación e inhabilitada para ejercer cargos públicos por cinco años, cumplido ese plazo ella regresó campante a la política, fue elegida parlamentaria, llegó al Senado y terminó convirtiéndose en Presidenta de la Cámara Alta. La sanción más grave que contempla la Constitución no le cerró definitivamente ninguna puerta, apenas retrasó su regreso, le dio un respiro, un descanso.

    Aquí es donde aparece la paradoja, una persona puede ser considerada lo suficientemente negligente o responsable de actos lo suficientemente graves como para merecer la máxima sanción política disponible, pero una vez transcurridos cinco años puede volver a ocupar exactamente los mismos cargos o incluso aspirar a otros superiores, podría llegar a ser ministra nuevamente, podría presidir el Senado, podría incluso convertirse en Presidente de la República.

    En este punto es donde surge una pregunta fundamental, si una conducta es tan grave como para justificar una acusación constitucional, ¿por qué la consecuencia práctica termina siendo tan limitada?, pero existe una pregunta aún más incómoda, si las conductas imputadas son tan graves para justificar una acusación constitucional, ¿por qué nadie parece interesado en determinar si existe algo más que una mera responsabilidad política?

    Cuando miles de millones de dólares en compromisos fiscales quedan fuera de los registros de un ejercicio presupuestario y son trasladados al siguiente; cuando las estimaciones de ingresos resultan profundamente equivocadas; cuando el déficit se amplía; cuando la deuda pública continúa creciendo; cuando un gobierno, a semanas de abandonar el poder, compromete recursos que deberá administrar la siguiente administración, la discusión deja de ser exclusivamente técnica.

    Vuelvo nuevamente con otra pregunta inevitable y en este caso es otra más difícil e incómoda de hacer y responder, ¿Estamos frente a simples errores?, porque si fueron simples errores, la acusación constitucional parece excesiva, pero si no fueron simples errores, entonces la acusación constitucional parece insuficiente.

Este es el dilema que gran parte de la clase política parece querer evitar a propósito, intencionalmente.

    La ciudadanía escucha hablar de "responsabilidad política" como si se tratara de una categoría abstracta, desconectada de cualquier consecuencia real, sin embargo, detrás de cada error presupuestario existen recursos públicos, programas sociales, inversiones postergadas, deuda que deberán pagar futuras generaciones y restricciones que terminarán soportando millones de contribuyentes.

    Por eso resulta legítimo preguntarse por qué el debate parece terminar siempre en la misma estación, una acusación constitucional, algunos discursos encendidos, mucha cobertura mediática en prensa y redes sociales, luego una votación parlamentaria y una eventual inhabilitación temporal, nada más, no hay más!.

    Ya en este punto emerge una sospecha que erosiona la confianza pública, me refiero a la percepción de que el sistema político ha construido mecanismos suficientemente severos para producir titulares, pero no necesariamente para producir consecuencias, gobiernos de distintos signos ideológicos se suceden unos a otros, oficialismos se convierten en oposiciones y oposiciones se convierten en oficialismos. Todos saben que tarde o temprano ocuparán el lugar del adversario y, cuando eso ocurre, la tentación de moderar las sanciones contra quienes hoy están al frente se vuelve evidente, no es necesario demostrar un pacto entre los que buscan sancionar y los que protegen al que se quiere sancionar, basta con observar el resultado.

    Las responsabilidades políticas suelen terminar exactamente donde comienzan las responsabilidades verdaderamente incómodas. La acusación constitucional concebida como una herramienta excepcional para proteger las instituciones, corre así el riesgo de convertirse en una válvula de escape lo suficientemente estridente para aparentar control, pero demasiado limitada para alterar realmente el destino de quienes son sancionados, las cifras ayudan a entender el problema.

    Durante los últimos cuatro gobiernos completos, las acusaciones constitucionales aprobadas contra ministros y autoridades han sido excepcionales frente al total de libelos presentados. En el gobierno del presidente Boric, nueve acusaciones fueron rechazadas, en los gobiernos anteriores al de Boric, la regla general también ha sido el fracaso de estos procesos o la aplicación extremadamente excepcional de sanciones, al final del día mucho ruido, pocas, escasas y más bien nulas consecuencias  y, cuando alguna sanción finalmente prospera, la experiencia demuestra que cinco años pasan bastante rápido y con una buena rentabilidad, más rápido aún cuando la memoria cívica es corta.

    Al final de esta triste columna, quizás el verdadero problema no sea Nicolás Grau, tampoco lo sea Yasna Provoste, ni ningún nombre en particular. El verdadero problema es un sistema que parece incapaz de decidir qué considera realmente grave.

    Entendámonos bien, si comprometer seriamente las finanzas públicas, administrar deficientemente recursos que pertenecen a todos los chilenos o adoptar decisiones que condicionan a gobiernos futuros constituye una falta menor, entonces la acusación constitucional sobra, pero si esas conductas son realmente tan graves como se afirma en cada conferencia de prensa y en cada discurso parlamentario, entonces la pregunta se vuelve ásperamente inevitable, ¿Por qué la máxima sanción política de la República termina pareciéndose tanto a una suspensión temporal con fecha de vencimiento?

    Cuando la sanción más severa que contempla el sistema puede convertirse apenas en una pausa antes del regreso a la vida pública, el problema deja de ser la conducta del acusado, el problema pasa a ser la credibilidad de la propia sanción y peor aún, los que la promueven.

    Una República que pierde la capacidad de sancionar con seriedad termina enviando un mensaje peligroso y es que, los errores graves se pagan poco, que las responsabilidades se diluyen con el tiempo y que, al final, siempre existe una segunda oportunidad para quienes ejercieron mal el poder, aunque las consecuencias de sus decisiones las sigan pagando otros.

    ¿Cuándo aprenderemos la lección?, me refiero al soberano, porque los otros al igual que los bueyes, nunca se dan cornadas entre ellos.