SEGURIDAD A CUALQUIER PRECIO. CUANDO EL ESTADO PROMETE ORDEN, ¿QUIÉN VIGILA EL PODER?

Artículo escrito por: A PASO FIRME

Sean muy bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad los invitaré a reflexionar racionalmente sobre un tema que está dando mucho que hablar y no es sencillo ni trivial de abordar, me refiero a la idea de legislar una reforma constitucional para enfrentar los temas de seguridad que Chile necesita.

Hay momentos en la trayectoria de un país donde las discusiones abstractas de salón chocan de frente con la urgencia de la calle. Chile vive hoy uno de esos momentos definitorios. La pregunta inmediata que devora la agenda es evidente: ¿Cómo recuperamos la seguridad en nuestro territorio? Pero de inmediato, casi como una sombra inevitable, surge otra interrogante mucho más incómoda: ¿Cuánto poder real estamos dispuestos a entregarle al Estado con la promesa de conseguirla? Y una tercera: ¿Es viable reconstruir la paz social sin erosionar nuestras libertades?

Este episodio no pretende ofrecer respuestas empaquetadas ni resolver una disyuntiva que hoy divide a analistas y legisladores. Al contrario, esta reflexión busca convocarnos a mirar de frente las tensiones operativas, constitucionales y políticas que sacuden el tablero nacional.

Comencemos por reconocer el punto de partida. El gobierno del presidente José Antonio Kast asumió el control con la seguridad pública como su principal viga maestra. No se trataba de una propuesta accesoria; era el corazón de su proyecto político. El diagnóstico era severo: un país enfrentado a un crimen organizado transnacional con rasgos inéditos para nuestra historia reciente, que abarcaba sicariato, secuestros extorsivos, control carcelario y narcotráfico de mayor escala.

Los datos empíricos nos muestran una realidad compleja. Durante el año 2025 se registraron 1.091 víctimas de homicidio, marcando un descenso del 11,5% en comparación con el año anterior, tendencia que continuó con una reducción del 13% en el primer semestre de 2026, sin embargo, la percepción pública habita otra frecuencia y con eso me refiero a la encuesta ENUSC 2025, esta encuesta reveló que un abrumador 82,9% de los chilenos percibe que la delincuencia ha aumentado, mientras que el 37,7% de los hogares declaró haber sido víctima de algún delito. Al mismo tiempo, Europol advierte que el crimen organizado global no es una masa estática, sino una red flexible, transnacional y sofisticada orientada a la infiltración económica. ¿Estamos combatiendo este enemigo del siglo XXI con las herramientas correctas, o nos limitamos a reaccionar ante la urgencia de la estadística diaria?

Gobernar es la administración de la realidad. Por lo tanto, en ese entendido, la realidad estatal ha mostrado tempranas señales de fragilidad operativa. El paso fugaz de Trinidad Steinert por el Ministerio de Seguridad —una exfiscal con credenciales sólidas en crimen organizado que duró apenas 69 días antes de que se le solicitara la renuncia— puso de manifiesto que el tránsito de la retórica electoral a la conducción gubernamental es un camino empinado. A pesar de haber estructurado tres ejes estratégicos razonables —control de fronteras, eficiencia policial y combate financiero al crimen organizado—, su salida forzada expuso la inmensa dificultad de coordinar de manera ágil a Carabineros, la PDI y los servicios de inteligencia.

Si la dificultad radica en el propio diseño de gestión del Estado, ¿Basta con cambiar rostros en el gabinete?

La respuesta del Ejecutivo ante este nudo ciego ha sido proponer una profunda reforma constitucional. La iniciativa busca crear un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública para combatir al terrorismo y al crimen organizado. Lo controversial reside en la envergadura de sus herramientas: un régimen excepcional que podría extenderse de forma extraordinaria hasta por 240 días, otorgando al Ejecutivo la facultad de restringir libertades tan esenciales como la locomoción, la reunión y la asociación.

Aquí donde la política chilena entra en una zona de alta turbulencia. Al constatar la seria dificultad de alcanzar el quórum de cuatro séptimos (4/7) en la sala del Senado para aprobar la reforma en general, y ante la amenaza inminente de que el proyecto sea archivado sin posibilidad de legislar sobre la materia por un año completo, una idea disruptiva comenzó a rondar los pasillos de La Moneda: convocar a un plebiscito ciudadano.

El origen de esta alternativa se remonta a las declaraciones del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien planteó que frente al resquemor de los sectores garantistas, se le debería "preguntar a la gente si está de acuerdo o no en que haya más fuerza por parte de las fuerzas de orden y seguridad". La respuesta oficial no tardó en llegar. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, defendió que el referéndum "es una opción que no se puede descartar" bajo el argumento de ajustar el ordenamiento jurídico a la exigencia de la ciudadanía.

Sin embargo, plantear la vía del plebiscito en el Chile actual despierta fantasmas muy difíciles de ignorar. El país arrastra la fatiga de procesos constitucionales recientes y extenuantes. Sectores políticos, incluso dentro del oficialismo, advierten de forma explícita sobre los riesgos de esta fórmula. El senador de Renovación Nacional, Miguel Ángel Becker, manifestó abiertamente su aprensión: "Espero que no sea necesario llegar a un plebiscito... ya tuvimos suficientes cosas los últimos años, es probable que la gente no quiera tener, con respecto a eso, más votaciones". Su advertencia va al hueso de la estabilidad: la medida "vuelve a dividir al país", por lo que exhorta a resolver las diferencias en el Parlamento.

Por su parte, el diputado Diego Schalper fue aún más tajante al calificar la propuesta como una "caricatura" y pedir que se dejen de "hablar tonteras", recordando que los plebiscitos en Chile están estrictamente regulados por el artículo 128 de la Constitución, requiriendo mayorías extraordinarias de dos tercios si el Congreso insiste a contrapelo del Presidente. Para Schalper, la grandilocuencia estéril desvía el foco de lo urgente: "Cada día que pasa, el único que gana es el Tren de Aragua".

Frente a tales escenarios comienzan a surgir en mí las preguntas: ¿Nos encontramos ante una genuina búsqueda de legitimidad democrática o frente a una peligrosa maniobra de oportunismo político? El intento de resolver el debate legislativo mediante una consulta popular abre interrogantes severas sobre la gobernabilidad. Si el oficialismo opta por revivir la vía plebiscitaria, tensionando el sistema para destrabar su agenda, ¿qué impide que las fuerzas opositoras negocien intereses particulares a cambio de gobernabilidad? ¿Qué ocurre con la confianza de los inversionistas a largo plazo si la estabilidad social y política del país pende permanentemente del resultado de una nueva polarización electoral?

La lección internacional de naciones que enfrentaron amenazas estructurales similares —como Italia, el Reino Unido y el modelo integral que promueve Europol— indica que el éxito no reside en el espectáculo de la confrontación política o electoral, sino en el fortalecimiento silencioso de los sistemas de inteligencia fiscal, la desarticulación financiera de las bandas y la persecución de quienes lavan el dinero.

La pregunta de fondo, por lo tanto, sigue abierta y nos desafía a todos de manera racional: ¿Queremos un Estado capaz de investigar con sofisticación y eficacia operativa, o preferimos delegar un poder excepcional sin contrapesos claros bajo la promesa de un orden rápido? ¿Estamos dispuestos a arriesgarnos a un nuevo ciclo de división social mediante plebiscitos con tal de destrabar una reforma legislativa? y, finalmente, la interrogante de la que nadie puede escapar: ¿Aceptaríamos con la misma tranquilidad estas severas reglas de excepción constitucional si las llaves del Estado estuvieran mañana en manos de nuestros adversarios políticos más enconados?

El debate sobre la seguridad y la libertad de nuestra República apenas comienza, para tales interrogantes, la respuesta no admite eslóganes.

El debate queda abierto para enfrentarlo con responsabilidad cívica, política y visión de Estado a largo plazo.

Nada más, pero tampoco nada menos.

LA FRONTERA DEL GALGO: ÉTICA, TRADICIÓN Y CLANDESTINIDAD

 

Artículo escrito por: A PASO FIRME

Bienvenidos, hoy vamos a incomodarnos. Vamos a hablar de las carreras de galgos, pero no desde el eslogan ni desde la superioridad moral de quien cree tener la verdad absoluta. Generalmente, cuando surge este tema, la respuesta parece servida: si hay maltrato, se prohíbe. Es una lógica lineal, casi higiénica. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos de discutir desde la emoción y empezamos a preguntarnos qué estamos legislando realmente?.

La pregunta que abre este debate no es si amamos a los animales, sino por qué algunas prácticas nos resultan intolerables mientras otras, igualmente cuestionables en términos de bienestar animal, son celebradas como patrimonio cultural. ¿Estamos legislando contra el dolor o estamos legislando contra una expresión cultural que simplemente ya no nos gusta?. Porque, seamos honestos, no son la misma cosa. Hoy nos sumergimos en la grieta que hay entre la intención de una ley y sus resultados reales.

Prohibir es una palabra con un poder seductor en la política. Da la sensación de que el problema desapareció en el momento en que se redactó la norma. Pero la realidad es terca. Una cosa es prohibir una conducta y otra, muy distinta, es lograr que esa conducta deje de ocurrir.

Aquí aparece la primera paradoja racional: ¿qué sucede con una actividad que ya existe y que se desplaza a la clandestinidad?. Un canódromo clandestino no pide permisos, no tiene veterinarios a la vista y no necesita anunciarse en redes sociales; puede esconderse tras cualquier predio rural. Entonces, nos enfrentamos a una posibilidad aterradora: ¿y si nuestra prohibición, lejos de proteger al animal, lo vuelve invisible para el Estado y lo deja más vulnerable que antes?.

Miramos a Argentina, donde la ley 27.330 prohibió las carreras en 2016. Pero un ejemplo extranjero no responde automáticamente qué debe hacer Chile. No demuestra, por sí solo, que la prohibición erradique el maltrato. Si el objetivo es el bienestar, debemos preguntarnos si es mejor un sistema ciego que prohíbe o uno con ojos que regula y fiscaliza con dureza.

Vayamos a un punto todavía más filoso. Si el problema central es que alguien droga a un perro, lo entrena brutalmente o lo abandona cuando deja de ser útil, ¿por qué el foco no está puesto, con toda la fuerza del derecho, sobre ese individuo?. Hay un ser humano detrás de cada decisión de maltrato, a menudo movido por un beneficio económico.

En Chile ya tenemos leyes de maltrato y tenencia responsable. Sin embargo, la discusión parlamentaria admite una brecha enorme entre la norma y la capacidad de fiscalizar. Esto nos lleva a una pregunta incómoda: ¿estamos ante un problema de falta de leyes o de una incapacidad crónica para hacer cumplir las que ya tenemos?. Podemos elevar las penas hasta el cielo, pero si nadie controla, si nadie investiga y nadie llega al predio donde ocurre el hecho, la ley es solo una hermosa declaración de principios vacía de contenido.

Hablemos ahora del criterio de universalidad. Si decidimos que las carreras de galgos deben desaparecer por el riesgo o el sufrimiento que implican, ¿qué hacemos con el rodeo? ¿Qué hacemos con las carreras a la chilena?.

Aquí es donde la racionalidad choca con la política. Muchas de estas prácticas tienen un "blindaje cultural" por su tradición y arraigo. Pero si el criterio ético es el bienestar animal, ese criterio debería ser universal. No puede existir una ética animal selectiva donde el sufrimiento de un galgo nos indigne, pero el de un animal en otra tradición nos resulte aceptable solo porque tiene más respaldo político.

¿Cuál es entonces la balanza con la que vamos a medir esto? ¿Es la tradición, la cantidad de gente que participa o la aceptación social?. Si concluimos que la tradición no justifica una práctica, debemos tener el coraje de revisar cuántas otras tradiciones estamos dispuestos a poner bajo el mismo microscopio. Lo contrario no es ética, es conveniencia social.

Este dilema no es nuevo. No nació en el Congreso actual. Hace casi dos mil años, Plutarco ya discutía que los animales no son simples seres carentes de inteligencia. Él les atribuía memoria, propósito y emociones, cuestionando la idea de que estuvieran desprovistos de razón.

Si aceptamos que el animal siente dolor y tiene capacidades cognitivas, el campo ético se expande de forma gigantesca. Ya no se trata solo de galgos; se trata de qué obligaciones tenemos nosotros, los humanos, respecto a seres que hemos domesticado y puesto bajo nuestra absoluta dependencia. El animal no eligió ser competidor, ni mascota, ni parte de un espectáculo. Esa falta de elección aumenta nuestra responsabilidad, pero tampoco debe llevarnos al extremo de pensar que toda interacción humano-animal es explotación. Debemos distinguir entre bienestar animal real y el sentimentalismo que a veces cae en la antropomorfización.

Para cerrar, volvamos a la tierra. El galgo no vota, no tiene sindicato ni capacidad de presión política. Su destino depende exclusivamente de nuestra capacidad de ser serios.

La pregunta final, la más brutal de todas, es esta: ¿Qué decisión concreta hará que hoy haya menos animales sufriendo?. No quién ganó la votación, ni quién se vio más compasivo en televisión. Si una prohibición produce resultados reales, discutamos sus méritos. Pero si solo desplaza la crueldad a la sombra, tengamos la honestidad intelectual de admitir que una buena intención puede generar un resultado nefasto.

Quizás el problema no sea el galgo. Quizás el problema seamos nosotros y nuestra dificultad para aplicar principios coherentes, incluso cuando incomodan a nuestros amigos o nuestras propias costumbres.

No tengo una respuesta cerrada, y quizás nadie debería tenerla todavía. Porque cuando una sociedad deja de hacerse preguntas incómodas y prefiere las consignas, pierde la capacidad de pensar. Detrás de cada carrera hay un animal que no puede hablar. Lo mínimo que le debemos es una discusión con menos pasión ciega y mucha más responsabilidad racional.

El debate queda abierto.

TRES PIES DE CUECA Y UN PAÍS QUE NO PUEDE DARSE EL LUJO DE BAILAR

Artículo escrito por: A PASO FIRME

Hoy reflexionaré brevemente sobre lo que considero es un descriterio respecto de la situación que  vive nuestro país y, la iniciativa porfiada de algunos parlamentarios para lograr que este 17 de septiembre 2026 sea feriado.

Hay algo profundamente equivocado en la política chilena cuando, en medio de un país que necesita desesperadamente recuperar el empleo, la productividad y el crecimiento, una parte de nuestros parlamentarios encuentra como prioridad regalarle a Chile un día más de descanso. El 18 de septiembre de este año cae viernes y el 19, sábado. Aun así, en la Cámara de Diputados avanzan iniciativas para convertir el jueves 17 en feriado. Entre ellas está la impulsada por Zandra Parisi, del Partido de la Gente. ¿De verdad este es el gran problema que Chile necesita resolver?

Mientras algunos parlamentarios calculan cuántas cuecas caben en un fin de semana largo, otros deberíamos estar calculando cuántos empleos necesita Chile crear para que miles de familias puedan llegar a fin de mes con esa dignidad que tanto pregonan. La tasa de desempleo llegó a 9,4% en el trimestre abril-junio de 2026 y la informalidad laboral alcanzó el 27%, equivalente a más de 2,5 millones de personas. Ese es el Chile real, el de quien busca trabajo, el de la persona que sobrevive en la informalidad, el de la pyme que mira su estructura de costos y no sabe cómo absorber una nueva exigencia laboral, y el del trabajador independiente que no tiene aguinaldo ni sueldo asegurado.

Es en este escenario donde nuestros honorables legisladores descubren que la prioridad nacional es un jueves libre. Recordemos algo elemental, los feriados no son gratuitos. Para quien recibe una remuneración mensual y puede disfrutar de un día adicional de descanso, puede parecer una excelente noticia, sin embargo, alguien tiene que producir, abrir, transportar, atender, fabricar y prestar servicios. Cuando determinadas actividades no pueden detenerse, las empresas deben reorganizar sus operaciones y absorber mayores costos y aquí es donde se produce el problema, porque el impacto puede ser especialmente duro para las pequeñas y medianas empresas, que no tienen la espalda financiera de una gran empresa o corporación.

Esto ocurre, además, después de una sucesión de reformas que han incrementado los costos asociados al empleo formal. La reducción progresiva de la jornada laboral, el aumento de las cotizaciones previsionales y el incremento del sueldo mínimo pueden tener objetivos perfectamente legítimos. Nadie debería confundir esta crítica con una defensa de sueldos miserables o de jornadas abusivas. El problema es otro, toda política tiene un costo y alguien debe pagarlo. Ese principio parece desaparecer del debate cuando se acerca una elección.

La Ley de 40 Horas ya llevó la jornada laboral a 42 horas desde abril de 2026 y la reducirá a 40 en 2028. Paralelamente, las empresas enfrentan mayores costos laborales y un mercado en el que contratar formalmente sigue siendo una decisión difícil, particularmente para las unidades productivas más pequeñas.

Por eso conviene preguntar, ¿quién paga la fiesta?

Porque las Fiestas Patrias tampoco son gratis. Una salida familiar a una fonda, una comida, transporte, juegos, bebidas o simplemente un paseo implican gastos adicionales. Para una familia que llega con holgura a fin de mes, puede ser una oportunidad agradable. Para quien está desempleado, trabaja informalmente o apenas consigue cubrir sus necesidades básicas, un feriado adicional no necesariamente constituye una mejora de su calidad de vida. Puede convertirse simplemente en un día adicional en que aparece la tentación de gastar dinero que no tiene.

Mientras tanto, quienes votan estas leyes seguirán recibiendo su remuneración. La dieta parlamentaria no se suspende porque el Congreso haya decidido que el resto del país descanse.

Y aquí aparece el problema político de fondo, el mismo de siempre: el populismo.

Ponga atención y seamos honestos, no estoy hablando de una cueca. Tampoco de estar en contra de las Fiestas Patrias. El problema es utilizar una decisión de dudoso beneficio económico para obtener una recompensa política inmediata. Porque es extraordinariamente fácil decirle al ciudadano: “Yo conseguí que tengas un día más feriado”. Mucho más difícil es decirle: “Voy a impulsar medidas para aumentar la productividad, facilitar la contratación, atraer inversión y generar empleos formales y mejor remunerados”.

Lo primero produce aplausos inmediatos. Lo segundo exige explicar economía y ahí hay un abismo en la clase política actual.

La política populista siempre prefiere el aplauso inmediato, el apretón de manos falso y el abrazo cínico e hipócrita.

Por eso resulta particularmente paradójico que uno de los impulsores sea el Partido de la Gente. Si pretende representar al trabajador, a la clase media y al pequeño empresario que se parte el lomo trabajando, debería ser precisamente quien entendiera que la mejor política para la gente no siempre es la que la gente quiere escuchar. Un buen representante no está para repartir caramelos. Está para tomar decisiones difíciles, incluso cuando esas decisiones no generan aplausos.

En todo esto hay un aspecto todavía más preocupante: la utilización de la representación parlamentaria como mecanismo de presión sobre el Ejecutivo. Si efectivamente se pretende condicionar otras materias legislativas a que el Gobierno apoye esta iniciativa, estaríamos ante una práctica políticamente inaceptable. Los votos de los diputados no son propiedad personal ni moneda de cambio. Son una representación otorgada por los ciudadanos para legislar en función del interés público. No son fichas de casino que puedan utilizarse para negociar favores políticos.

Por eso, en este caso, la posición del Gobierno merece respaldo. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha advertido sobre los efectos de un feriado adicional y el Ejecutivo ha manifestado que no están dadas las condiciones para modificar el calendario.

No porque un feriado sea una catástrofe nacional. No lo es. Tampoco porque descansar sea malo. Todo lo contrario. El descanso es necesario y las Fiestas Patrias son parte de nuestra identidad y de nuestra cultura.

Sin embargo, jamás debemos olvidar que gobernar responsablemente también significa saber decir que no.

Chile necesita recuperar productividad, empleo formal, inversión y crecimiento. Necesita que contratar a una persona vuelva a ser una decisión razonable para una pequeña empresa. Necesita que el trabajador tenga oportunidades reales de aumentar sus ingresos y no solamente más días libres para administrar un presupuesto cada vez más escaso.

Un país no sale del subdesarrollo porque sus ciudadanos tengan más feriados. Un país sale del subdesarrollo cuando produce más, invierte más, innova más y consigue que sus trabajadores ganen más porque su productividad aumentó. En otras palabras, debemos dejar de hablar de horas de trabajo y convertir el relato en cuánto producimos en esas horas de trabajo.

Eso exige algo bastante menos popular que regalar un jueves, requiere trabajo, disciplina, inversión, educación, productividad y responsabilidad fiscal.

LA SOCIEDAD FRENTE A SU ESPEJO

Artículo escrito por: A PASO FIRME

    Chile ha sido sacudido, una vez más, por escándalos que reflejan las malas prácticas y los antivalores que parecen haberse instalado en nuestra sociedad. Hemos sido testigos del ruidoso impacto mediático que provocaron unas expresiones absolutamente impresentables sobre niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), pronunciadas durante una fiesta de cumpleaños privada. Sin embargo, aquella reunión dejó de ser un asunto privado cuando uno de sus participantes decidió difundir el registro en redes sociales. Desde ese momento, el episodio se propagó con rapidez y dio origen a una batalla comunicacional de tal magnitud que prácticamente nadie permaneció indiferente.

    La ciudadanía adoptó posiciones contrapuestas. Por un lado, surgieron voces que repudiaron categóricamente las expresiones; por otro, aparecieron quienes dirigieron sus críticas contra esas condenas, relativizando lo ocurrido o intentando justificarlo. También se enfrentaron distintas concepciones éticas y morales: unas sosteniendo que tales dichos eran inaceptables bajo cualquier circunstancia y otras procurando restarles gravedad.

    Más allá de las recriminaciones cruzadas, el escándalo terminó permeando a toda la sociedad. Dejaré deliberadamente de lado las consecuencias políticas del caso, porque considero que ello distrae de lo verdaderamente importante y que es, analizar cómo ha evolucionado nuestra sociedad en términos éticos, morales y valóricos.

    Escudarse en la explicación de que aquellas expresiones forman parte del llamado «humor negro», como si se tratara de una rutina de stand-up comedy, resulta sencillamente inaceptable. El humor no puede convertirse en un refugio para eludir la responsabilidad ni en un argumento destinado a evitar sanciones o reproches públicos.

    Tampoco resulta aceptable sostener que nada de esto habría ocurrido si el video no hubiese sido difundido por uno de los asistentes. Ese argumento es, a mi juicio, aún más preocupante, porque supone que una conducta deja de ser reprochable simplemente porque permanece oculta. Lo ofensivo y lo inaceptable no desaparecen por el hecho de no hacerse públicos. Del mismo modo, un abuso no deja de existir porque la sociedad decida mirar hacia otro lado; por el contrario, esa indiferencia contribuye a perpetuarlo y, en cierta medida, nos convierte en cómplices silenciosos.

    En la actualidad parece cada vez más complejo hablar de valores y de moral. Sin embargo, ambos constituyen los pilares que orientan la conducta humana y hacen posible la convivencia pacífica dentro de una comunidad. Los valores fundamentan la moral, pues representan el «por qué» de las normas que regulan nuestro comportamiento. La moral, a su vez, materializa esos valores, ya que ninguna norma moral surge en el vacío, ella nace de la necesidad de proteger aquello que una sociedad considera digno de preservar. Si una comunidad valora la vida, por ejemplo, su sistema moral establecerá que matar es moralmente inaceptable.

    Valores y moral cumplen, además, una función esencial de cohesión social. Compartir un conjunto básico de principios y normas permite que los ciudadanos desarrollen confianza mutua y puedan prever razonablemente el comportamiento de los demás. Asimismo, ambos elementos contribuyen a definir la identidad cultural de una nación, pues la jerarquía de valores de una sociedad termina reflejándose en sus leyes, sus costumbres y en el orden institucional que la sostiene.

    Quizá el aspecto más preocupante del episodio no sea únicamente la gravedad de las expresiones pronunciadas, sino la facilidad con la que parte de la sociedad intentó justificarlas, relativizarlas o convertirlas en una simple controversia mediática. Cuando el debate deja de centrarse en la dignidad de las personas y pasa a concentrarse en quién grabó, quién difundió el video o cuáles serán las consecuencias políticas del caso, existe el riesgo de perder de vista el problema de fondo: la progresiva erosión de aquellos principios éticos y morales que hacen posible una convivencia basada en el respeto, la empatía y la responsabilidad.

EL CAPITÁN Y LA SOBERANÍA - REFLEXIONES SOBRE EL RUMBO DE NUESTRA DEMOCRACIA

Artículo escrito por: A PASO FIRME

    Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión. Hoy quiero proponerles un ejercicio de imaginación que nos transportará más de dos mil años atrás, pero que nos servirá para entender el pulso de nuestro presente.

    Imaginen que se encuentran a bordo de un navío en medio de un océano incierto. El cielo se oscurece y las olas comienzan a golpear con fuerza. En ese momento de crisis, ¿a quién confiarían el timón? ¿Al pasajero que mejor habla, al que les promete el viaje más placentero o a aquel que realmente conoce los secretos de las corrientes, las estrellas y la navegación?.

    Hace más de dos mil años, Sócrates advertía sobre el riesgo de una democracia incapaz de distinguir entre el conocimiento y la simple popularidad. Su analogía del barco no buscaba eliminar la democracia, sino señalar una fragilidad inherente: el peligro de que el debate público deje de privilegiar la razón y comience a premiar únicamente aquello que resulta emocionalmente atractivo o demagógicamente útil.

    Para Sócrates, el voto no era un instinto, sino una habilidad que requiere ser enseñada y practicada. Si permitimos que el barco sea dirigido por quien solo sabe ganar simpatías, el naufragio es inevitable. Bajo esta luz, cabe hacernos la pregunta que hoy nos incomoda en Chile: ¿Quién gobierna realmente?. La respuesta inmediata es "el pueblo", pero al observar cómo funciona nuestra arquitectura política, la respuesta se llena de matices que desafían esa simplicidad.

    En teoría, vivimos en una democracia representativa. Sin embargo, en la práctica, los partidos políticos ocupan el centro absoluto de toda la arquitectura institucional: seleccionan candidatos, negocian leyes, distribuyen cuotas de poder y determinan el rumbo del país.

    El problema surge cuando observamos el contraste entre el enorme poder que ejercen y el escaso respaldo ciudadano que poseen. La militancia partidaria es hoy una fracción mínima del padrón electoral; sin embargo, esa minoría define las reglas bajo las cuales vivimos millones de independientes.

    Aquí resuena de nuevo la advertencia socrática. ¿Hemos permitido que la "maquinaria de popularidad" de los partidos reemplace a la deliberación racional? El sistema muchas veces termina premiando estructuras partidarias mucho más que liderazgos individuales con conocimiento real, y esa diferencia importa muchísimo si queremos que el barco llegue a buen puerto.

    Debemos ser conscientes de que esta navegación tiene un costo, y es alto. Todos financiamos las campañas, el funcionamiento permanente de los partidos, los asesores y toda la estructura destinada a sostener el sistema. Cuando la política se financia con recursos de todos, deja de pertenecer exclusivamente a los partidos; nos pertenece a todos nosotros.

    Aceptar este financiamiento público nos otorga el derecho de exigir un estándar ético y técnico extraordinariamente alto. Pero aquí aparece una paradoja que genera un dolor profundo en nuestra convivencia: el Estado nos obliga a sostener económicamente el sistema y, además, nos obliga a legitimarlo mediante el voto obligatorio bajo amenaza de sanción.

    Si una democracia necesita multas para que sus ciudadanos concurran a las urnas, ¿no estaremos ante un síntoma de un déficit profundo de educación cívica y confianza institucional?. El voto debería ser un acto de responsabilidad soberana, no el simple cumplimiento de una obligación administrativa para evitar una multa. Las democracias, al final del día, terminan reflejando el nivel de exigencia de quienes participan en ellas.

    Uno de los mayores problemas aparece cuando quienes redactan las reglas del sistema son, al mismo tiempo, quienes obtienen beneficios de ellas. Un ejemplo racional y concreto lo vimos tras las elecciones de 2025, cuando trece partidos enfrentaron su disolución por no cumplir los mínimos legales. Vimos cómo el sistema permite interpretaciones para facilitar la continuidad de las organizaciones políticas por sobre la medición del respaldo ciudadano real.

     Lo mismo ocurre con mecanismos como la paridad de género o el método D'Hondt. Más allá de la validez de sus objetivos, como promover la participación femenina o la proporcionalidad, surge una duda sobre la soberanía. Cuando el sistema interviene después de que el ciudadano ya votó para ajustar el resultado a nuevo un diseño previo, se está aplicando un segundo filtro que el elector no controló en la urna.

    Si el ciudadano vota creyendo que su voto determina quién resulta elegido, pero un filtro posterior altera esa voluntad, la pregunta deja de ser sobre género o matemáticas; pasa a ser una pregunta sobre quién es realmente el soberano. ¿Dónde termina el criterio de corregir la voluntad popular en favor de un diseño preestablecido?.

    ¿Cómo sanamos este dolor democrático?, una propuesta racional es devolverle el timón al ciudadano mediante el voto nulo vinculante. Si una mayoría concluye que la oferta política carece de la calidad o el conocimiento necesarios, ese voto nulo debería invalidar la elección donde sea que ella ocurre. Este mecanismo obligaría a los partidos a dejar de apostar por el "mal menor" y a empezar a buscar la excelencia y a su vez daría un valor inconmensurable a las primarias electorales, convirtiéndolas en reales barómetros de la política y no en el mero trámite que hoy son, considerando además que hoy no hay reembolso a los partidos políticos y además ellas podrían dar paso a propuestas de candidaturas de independentes, pero independientes de verdad.

    Sin embargo, la democracia no es solo el acto de votar; eso es apenas el último paso. La democracia comienza mucho antes: cuando el ciudadano se informa, contrasta argumentos, estudia y fiscaliza. Comienza cuando dejamos de actuar como "hinchas" de un color político y empezamos a comportarnos como soberanos exigentes.

    El verdadero problema de Chile no es solo la calidad de sus dirigentes, sino el nivel de exigencia que como sociedad estamos dispuestos a imponerles. El día en que dejemos de premiar la improvisación, el populismo y la demagogia que Sócrates tanto temía, ese día empezaremos a elegir navegantes distintos.

    Este cambio no nacerá en el Congreso ni en las sedes de los partidos; nacerá frente al espejo. Porque la democracia se degrada cuando los gobernantes fallan, pero también se degrada profundamente cuando los ciudadanos renuncian a ejercer plenamente su responsabilidad. La soberanía no consiste solamente en tener derecho a votar; consiste en exigir que ese voto sea respetado, ejercerlo con responsabilidad y comprender que cada decisión individual termina escribiendo la historia completa de un país.

    Antes de despedirnos, quiero compartir una reflexión personal con ustedes, mantener este espacio de análisis, realizar la búsqueda, investigación y dedicar el tiempo necesario para conectar las advertencias de Sócrates con nuestra realidad actual, es una tarea que asumo con total compromiso, sin embargo, para que este proyecto siga creciendo y, sobre todo, para reforzar la independencia de mis ideas, quiero invitarlos a ser parte activa de su sostenibilidad.

    Si valoran este contenido, les invito a realizar un aporte modesto. En ningún caso es una obligación, pero sí es un gran reconocimiento al trabajo detrás de cada episodio y me permite seguir impulsando nuevos proyectos con la libertad que este análisis exige. En la descripción de este podcast encontrarán la forma de ayudarme.

Gracias por escuchar, por reflexionar y por hacerse cargo de su rol como soberanos.

 

LA GUERRA INVISIBLE - EL PLAN PARA DESMANTELAR OCCIDENTE

 

Artículo escrito por: A PASO FIRME

    Sean muy bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis crítico y temas que no solemos ver en las noticias ni columnas de opinión en general. En esta oportunidad y a través de diversas lecturas previas y documentales, intentaré exponer la estrategia de la Escuela de Frankfurt como una realidad documentada, no como una teoría de conspiración.

    Imaginen una guerra en la que no se dispara un solo proyectil, una guerra donde no hay declaraciones oficiales, pero cuyas bajas se cuentan en la pérdida de valores, la destrucción de la familia y el control total del lenguaje. Esta no es una distopía de ficción; esta es una historia documentada, llevada a un breve relato de cómo una pequeña oficina en Frankfurt, en 1923, cambió el destino de nuestras vidas y me atrevería a decir que el de toda nuestra civilización occidental.

    Hoy dejaremos a un lado las etiquetas de "teoría de conspiración", vamos a hablar de nombres, fechas, textos e instituciones; vamos a entender por qué hoy nos sentimos un extraño en nuestra propia cultura y por qué las universidades y medios parecen hablar un idioma que busca castigarnos por lo que pensamos.

    Revisemos juntos una breve historia de la Escuela de Frankfurt, donde haré mi mejor esfuerzo por ser claro y directo, de forma que les resulte atractivamente cercano el lenguaje y la historia.

    Todo comenzó con un fracaso. En 1917, la revolución bolchevique triunfó en Rusia, pero en el resto de Europa, los obreros se negaron a rebelarse. El capitalismo, contra todo pronóstico marxista, prosperaba. En 1923, en Frankfurt, surge la figura clave para cambiar esta historia, se trataba de Felix Weil, Weil no era un obrero, era el hijo de un millonario exportador de granos. Con esa inmensa fortuna, Weil decidió financiar la creación del Instituto para la Investigación Social, aunque el nombre sonaba académico e inofensivo, su objetivo era explícitamente marxista, se trataba de entender por qué la revolución había fallado en Occidente y con ello diseñar una nueva estrategia para lograrla. Fue gracias al mecenazgo de un millonario, que el marxismo dejó de mirar a las fábricas para empezar a capturar nuestras mentes. La pregunta a resolver en ese contexto era fatal, si Marx tenía razón, ¿por qué los obreros defendían el sistema que supuestamente los oprimía?.

    La respuesta que encontraron cambió el mundo, el capitalismo no solo explota económicamente, domina culturalmente. Bajo el amparo del dinero de Weil, estos 6 intelectuales descubrieron que mientras existiera la familia tradicional, la moral cristiana, la fe en la razón y la educación clásica, la revolución nunca triunfaría. Así que decidieron que la solución no era tomar las fábricas, sino capturar la cultura.

     Les pido atención en recordar estos nombres, para que posteriormente ustedes perseveren, profundicen en esta historia y conozcan más en detalle a los arquitectos de este arsenal ideológico, este podcast sólo pretende abrirles el apetito para que se sumerjan luego en el corazón del proceso destructivo llevado adelante contra Occidente, por ahora les anticipo que se trata de intelectuales de la estatura de: Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Wilhelm Reich y Walter Benjamin. Más de alguno de ellos fue abordado por nosotros en épocas de nuestra formación académica superior, pero sigamos adelante.

    En 1933, con el ascenso de Hitler, estos pensadores marxistas huyeron a los Estados Unidos, allá se refugiaron en el corazón del sistema que querían destruir, me refiero a la Universidad de Columbia en Nueva York. Allá perfeccionaron su arma más letal, la Teoría Crítica. No era una filosofía para construir algo mejor, se trataba de un método diseñado para criticar, sin descanso, cada aspecto de la sociedad occidental. Como bien observó el filósofo británico Roger Scruton, la teoría crítica es destrucción en estado de pureza, disfrazada de análisis académico. Scruton fue conocido por ser la principal voz intelectual del conservadurismo moderno y la defensa de la estética clásica, fue él quién dotó al pensamiento conservador de argumentos filosóficos profundos, integrando la tradición, la belleza y el sentido de pertenencia frente al relativismo, su voz se apagó en 2020, pero su legado trasciende hasta hoy. 

    Avancemos. En su obra Dialéctica de la Ilustración, Horkheimer y Adorno argumentaron algo inaudito y es que la razón, la ciencia y el progreso occidental eran en realidad formas de esclavitud y totalitarismo. Mientras Occidente los salvaba del nazismo real, ellos escribían el manual para socavar la libertad occidental desde adentro.

    Sin embargo y con todo lo anterior, fue Herbert Marcuse quien llevó esto a las masas. En los años 50 y 60, Marcuse se dio cuenta de que el obrero occidental estaba lo suficientemente satisfecho con su prosperidad como para ser un revolucionario. Observado lo anterior, su solución fue brillantemente perversa, crear nuevos sujetos revolucionarios. Marcuse dijo a los estudiantes radicales que se olvidaran del proletariado, los nuevos oprimidos eran las minorías raciales, las feministas y cualquier grupo que se sintiera alienado. Aquí nació la política de identidad que hoy observamos. Nunca se trató de buscar justicia, sino de crear identidades víctimas y enseñarles a ver opresión en cada rincón de la sociedad.

    En 1967, su discípulo Rudi Dutschke acuñó la frase que define nuestra era, "La larga marcha a través de las instituciones". El plan era bastante simple, se trataba básicamente de infiltrar las universidades, los medios, el cine y el gobierno. Para Dutschke, no se trataba de tomar el poder por la fuerza, se trataba de formar a los profesores, periodistas y burócratas del mañana. ¿El resultado?, en dos generaciones controlarían la cultura sin disparar un solo tiro y funcionó, de forma aterradoramente real y letal. Noten la similitud en algo que vimos a partir del retorno a la democracia en nuestro país y que silenciosamente ocurría mientras regresaban los exiliados. 

    Lo que hoy llamamos "wokismo" o justicia social radical, no es más que la mutación final de estas ideas. En los años 80 y 90, la Escuela de Frankfurt se fusionó con el posmodernismo francés. De Frankfurt tomaron la idea de que Occidente es estructuralmente opresivo. Del posmodernismo, tomaron la idea de que no existe la verdad objetiva, solo estructuras de poder.

    El resultado es el caos actual, a qué me refiero, a la Teoría Crítica de la Raza que busca dividirnos, a la ideología de género que niega la biología y al ataque frontal a la familia tradicional, que Wilhelm Reich llamó "la célula del estado fascista". Todo esto hoy está presente en nuestro país y por cierto en prácticamente todo Occidente. 

    Hoy, el 70 u 80% de los profesores de humanidades siguen esta línea, las corporaciones adoptan este lenguaje por miedo a la cancelación, y el periodismo objetivo ha sido reemplazado por un activismo que nos señala como culpables por nuestra historia o nuestra identidad. ¿Les hace sentido cuando ven los noticieros, o cuando escuchan columnas de opinión de medios de prensa tradicionales.? 

    Roger Scruton - el bueno en esta historia -, fue quien dedicó su vida a denunciar esto, fue el que pagó el precio de la cancelación y la difamación. A cambio nos dejó una advertencia irónica muy clara antes de morir en 2020, esto es que, los refugiados del totalitarismo crearon la ideología totalitaria más efectiva del siglo XXI, demostraron que no se necesitan campos de concentración, simplemente nos controlan con la culpa, con el lenguaje inclusivo y la amenaza de la exclusión social. Quiero insistir, esto no es una conspiración, se trata de Horkheimer, Adorno, Marcuse, Fromm, Reich y Benjamin, se trata del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Columbia, es la historia documentada de una demolición cultural en curso hasta hoy. 

    Hablemos del antídoto para esto, el conocimiento es el primer paso de la resistencia. Ahora que hemos identificado los nombres y la estrategia, la próxima vez que nos enfrentemos a una política de identidad absurda o un ataque a la razón, sabremos que no es casualidad, se trata de un plan de cien años que solo puede detenerse con la verdad y la valentía de defender nuestra civilización.

     La batalla cultural continúa, y ahora, con algo más de conciencia, las armas las tenemos nosotros.