Artículo escrito por: A PASO FIRME
Bienvenidos, hoy vamos a incomodarnos. Vamos a hablar de las carreras de galgos, pero no desde el eslogan ni desde la superioridad moral de quien cree tener la verdad absoluta. Generalmente, cuando surge este tema, la respuesta parece servida: si hay maltrato, se prohíbe. Es una lógica lineal, casi higiénica. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos de discutir desde la emoción y empezamos a preguntarnos qué estamos legislando realmente?.
La pregunta que abre este debate no es si amamos a los animales, sino por qué algunas prácticas nos resultan intolerables mientras otras, igualmente cuestionables en términos de bienestar animal, son celebradas como patrimonio cultural. ¿Estamos legislando contra el dolor o estamos legislando contra una expresión cultural que simplemente ya no nos gusta?. Porque, seamos honestos, no son la misma cosa. Hoy nos sumergimos en la grieta que hay entre la intención de una ley y sus resultados reales.
Prohibir es una palabra con un poder seductor en la política. Da la sensación de que el problema desapareció en el momento en que se redactó la norma. Pero la realidad es terca. Una cosa es prohibir una conducta y otra, muy distinta, es lograr que esa conducta deje de ocurrir.
Aquí aparece la primera paradoja racional: ¿qué sucede con una actividad que ya existe y que se desplaza a la clandestinidad?. Un canódromo clandestino no pide permisos, no tiene veterinarios a la vista y no necesita anunciarse en redes sociales; puede esconderse tras cualquier predio rural. Entonces, nos enfrentamos a una posibilidad aterradora: ¿y si nuestra prohibición, lejos de proteger al animal, lo vuelve invisible para el Estado y lo deja más vulnerable que antes?.
Miramos a Argentina, donde la ley 27.330 prohibió las carreras en 2016. Pero un ejemplo extranjero no responde automáticamente qué debe hacer Chile. No demuestra, por sí solo, que la prohibición erradique el maltrato. Si el objetivo es el bienestar, debemos preguntarnos si es mejor un sistema ciego que prohíbe o uno con ojos que regula y fiscaliza con dureza.
Vayamos a un punto todavía más filoso. Si el problema central es que alguien droga a un perro, lo entrena brutalmente o lo abandona cuando deja de ser útil, ¿por qué el foco no está puesto, con toda la fuerza del derecho, sobre ese individuo?. Hay un ser humano detrás de cada decisión de maltrato, a menudo movido por un beneficio económico.
En Chile ya tenemos leyes de maltrato y tenencia responsable. Sin embargo, la discusión parlamentaria admite una brecha enorme entre la norma y la capacidad de fiscalizar. Esto nos lleva a una pregunta incómoda: ¿estamos ante un problema de falta de leyes o de una incapacidad crónica para hacer cumplir las que ya tenemos?. Podemos elevar las penas hasta el cielo, pero si nadie controla, si nadie investiga y nadie llega al predio donde ocurre el hecho, la ley es solo una hermosa declaración de principios vacía de contenido.
Hablemos ahora del criterio de universalidad. Si decidimos que las carreras de galgos deben desaparecer por el riesgo o el sufrimiento que implican, ¿qué hacemos con el rodeo? ¿Qué hacemos con las carreras a la chilena?.
Aquí es donde la racionalidad choca con la política. Muchas de estas prácticas tienen un "blindaje cultural" por su tradición y arraigo. Pero si el criterio ético es el bienestar animal, ese criterio debería ser universal. No puede existir una ética animal selectiva donde el sufrimiento de un galgo nos indigne, pero el de un animal en otra tradición nos resulte aceptable solo porque tiene más respaldo político.
¿Cuál es entonces la balanza con la que vamos a medir esto? ¿Es la tradición, la cantidad de gente que participa o la aceptación social?. Si concluimos que la tradición no justifica una práctica, debemos tener el coraje de revisar cuántas otras tradiciones estamos dispuestos a poner bajo el mismo microscopio. Lo contrario no es ética, es conveniencia social.
Este dilema no es nuevo. No nació en el Congreso actual. Hace casi dos mil años, Plutarco ya discutía que los animales no son simples seres carentes de inteligencia. Él les atribuía memoria, propósito y emociones, cuestionando la idea de que estuvieran desprovistos de razón.
Si aceptamos que el animal siente dolor y tiene capacidades cognitivas, el campo ético se expande de forma gigantesca. Ya no se trata solo de galgos; se trata de qué obligaciones tenemos nosotros, los humanos, respecto a seres que hemos domesticado y puesto bajo nuestra absoluta dependencia. El animal no eligió ser competidor, ni mascota, ni parte de un espectáculo. Esa falta de elección aumenta nuestra responsabilidad, pero tampoco debe llevarnos al extremo de pensar que toda interacción humano-animal es explotación. Debemos distinguir entre bienestar animal real y el sentimentalismo que a veces cae en la antropomorfización.
Para cerrar, volvamos a la tierra. El galgo no vota, no tiene sindicato ni capacidad de presión política. Su destino depende exclusivamente de nuestra capacidad de ser serios.
La pregunta final, la más brutal de todas, es esta: ¿Qué decisión concreta hará que hoy haya menos animales sufriendo?. No quién ganó la votación, ni quién se vio más compasivo en televisión. Si una prohibición produce resultados reales, discutamos sus méritos. Pero si solo desplaza la crueldad a la sombra, tengamos la honestidad intelectual de admitir que una buena intención puede generar un resultado nefasto.
Quizás el problema no sea el galgo. Quizás el problema seamos nosotros y nuestra dificultad para aplicar principios coherentes, incluso cuando incomodan a nuestros amigos o nuestras propias costumbres.
No tengo una respuesta cerrada, y quizás nadie debería tenerla todavía. Porque cuando una sociedad deja de hacerse preguntas incómodas y prefiere las consignas, pierde la capacidad de pensar. Detrás de cada carrera hay un animal que no puede hablar. Lo mínimo que le debemos es una discusión con menos pasión ciega y mucha más responsabilidad racional.
El debate queda abierto.