martes, 12 de mayo de 2026

LA TRAGEDIA DE UNA DEMOCRACIA SIN CIUDADANOS



Artículo escrito por: A Paso Firme 

 Bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis y reflexión. Hoy abordo un tema respecto del que quiero que nos detengamos un momento a pensar y, es algo sobre lo que solemos dar por sentado. Siempre nos han dicho que la mayor virtud de la democracia es que todos tenemos voz. Pero, ¿se han puesto a pensar en su verdadera tragedia? No es que todos hablen, sino que, frente a una urna, el peso de una idea brillante y el peso de la más profunda ignorancia valen exactamente lo mismo.

La democracia libera una fuerza numérica inmensa, la de las mayorías. El problema es que, cuando esas mayorías dejan de ser ciudadanos que reflexionan y se convierten en masas movidas solo por la emoción o la manipulación, el sistema empieza a pudrirse desde adentro. Y es que la democracia no nos garantiza sabiduría; nos garantiza participación, y son dos cosas radicalmente distintas.

Si miramos la historia, las sociedades rara vez caen por enemigos externos; se erosionan por dentro cuando olvidan qué es lo que las sostiene. Chile no es la excepción. Nuestra crisis actual nace de ahí: de décadas donde la política dejó de formar ciudadanos para dedicarse a fabricar consumidores de ideologías.

Quienes nacimos en los años 60 recordamos un país distinto. No digo que fuera perfecto ni libre de conflictos, pero había estructuras. Había respeto por el profesor, por la autoridad, un sentido del deber y una disciplina que hoy parecen de otro mundo. En ese entonces, la educación cívica nos enseñaba que la democracia no era solo un catálogo de derechos para exigir, sino una obligación moral de participar con responsabilidad.

Luego, algo se rompió. Las consignas reemplazaron a las ideas y la emoción le ganó a la reflexión. La política descubrió que era más rentable agitar resentimientos que formar conciencias. Esa polarización nos llevó al quiebre de 1973 y a diecisiete años sin democracia. Sé que muchos, por comodidad o conveniencia, prefieren ver ese periodo como una caricatura: o pura estabilidad o solo oscuridad. Pero la historia honesta es compleja. Hubo una ausencia de pluralismo y libertades, sí, pero también una disciplina social, un respeto institucional y una continuidad económica que muchos percibían a diario y que terminaron moldeando el Chile moderno. Mirar esto sin fanatismo es, simplemente, honestidad intelectual.

Lo irónico es que esos años nos entregaron una sociedad, en muchos sentidos, más estructurada para volver a la democracia. Había límites claros y el esfuerzo aún tenía prestigio. Pero la democracia que recuperamos en los 90, en lugar de fortalecer esos cimientos, empezó a desmontarlos. La educación cívica salió de las salas de clases. La autoridad del profesor se erosionó hasta lo impensable. De pronto, lo que antes era falta de respeto se celebró como rebeldía política. ¿Recuerdan aquel jarro de agua lanzado a una ministra? Fue un símbolo devastador: degradar la autoridad ya no daba vergüenza, daba capital político.

Mientras tanto, la clase política se encerró en su propio ecosistema, lejos de la gente común. La democracia, que debía limitar el poder, terminó creando élites que viven del conflicto eterno. Les dimos nuestro voto y ellos lo usaron para cavar trincheras ideológicas y proteger sus privilegios. La pirámide se invirtió: ahora somos nosotros los que trabajamos para sostener estructuras políticas que solo parecen existir para perpetuarse a sí mismas.

Hoy, esas consecuencias han dejado de ser teoría para volverse nuestra realidad cotidiana. Lo vemos cuando la violencia física reemplaza a la palabra, como en esa agresión a puños y patadas contra un parlamentario en un club deportivo, un síntoma brutal de que ya no hay espacios sagrados para el respeto. Lo vemos cuando se llama a rodear el Congreso para imponer exigencias por la fuerza, o cuando se bloquean debates antes de que siquiera comiencen, restando votos para la discusión inicial solo por cálculo político.

Incluso vemos grupos parlamentarios dedicados a presentar miles de indicaciones, no con el afán de mejorar una ley, sino con el objetivo mezquino de paralizar al gobierno de turno. Pero debemos entender algo: el resultado final no es solo un gobierno estancado; el verdadero resultado es un país que ha extraviado el valor del diálogo. Al dejar de reconocer al otro como un rival legítimo, hemos permitido que el espíritu de nuestra democracia se vacíe de contenido, dejando atrás solo instituciones de cartón.

Votar no basta. Una urna no convierte mágicamente a alguien en un ciudadano consciente. Podemos seguir teniendo elecciones mientras nos hundimos en el populismo, la dependencia y el resentimiento. El daño más profundo ha sido cambiar el deber por el derecho. Se nos enseñó a exigir, pero no a contribuir. Se habló de derechos, pero se olvidó la responsabilidad, el mérito y el autocontrol, entonces, lo que tenemos como resultado es una sociedad de masas hipersensibles y líderes oportunistas, donde cualquier límite se siente como opresión.

En este “modelo de democracia”, el premio se lo lleva el que grita más fuerte, el que simplifica lo complejo y el que alimenta las emociones más básicas. Decir la verdad o pensar demasiado hoy cuesta votos y popularidad. Por eso, los peores ascienden y los prudentes callan para evitar ser destruidos.

Pero no nos equivoquemos, el problema no es solo la democracia, el problema es una sociedad que olvidó cómo sostenerla. Las democracias no solo mueren por golpes militares; mueren cuando los ciudadanos dejan de actuar como tales. Mueren cuando la familia no transmite respeto, mueren cuando la autoridad es ridiculizada y mueren cuando la verdad se percibe como una agresión personal.

Al final, la pregunta más inquietante no es si la democracia fracasó. La verdadera pregunta es si todavía somos una sociedad con la madurez suficiente para merecerla.

CHILE NO COMENZÓ EL 11 DE SEPTIEMBRE

Artículo escrito por: A PASO FIRME


Bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis y reflexión. Hoy abordo un tema del que llevamos más de 50 años intentando conciliar y es comprender que Chile no comenzó el 11 de septiembre de 1973.

Nací en la década de los 60 y fui testigo de uno de los períodos más complejos y dolorosos de la historia de Chile. No aprendí sobre 1973 en redes sociales ni en documentales producidos muchos años después; lo viví junto a mi familia, junto a millones de chilenos que experimentaron la polarización, el miedo, la escasez, la violencia política y el quiebre institucional.

En mi hogar, como en muchos otros, la intervención militar fue vista como una respuesta necesaria frente a un país que parecía avanzar hacia el caos y la confrontación total. Esa fue la percepción de una gran parte de Chile en ese momento, aunque con el tiempo muchos hayan preferido silenciarlo o simplificarlo.

Este podcast no nace desde la neutralidad artificial ni desde consignas ideológicas. Nace desde la experiencia, desde la memoria y desde la convicción de que la historia de Chile no comenzó el 11 de septiembre de 1973. Mucho ocurrió antes, y entenderlo es indispensable si realmente queremos comprender lo que pasó después.

Chile vive desde hace más de cincuenta años una fractura histórica, política y emocional que sigue condicionando la forma en que distintas generaciones comprenden el pasado. El problema no radica únicamente en los hechos ocurridos entre 1970 y 1990, sino también en la manera en que esos hechos han sido relatados, interpretados y utilizados políticamente.

Durante décadas se ha intentado instalar la idea de que la historia chilena comienza el 11 de septiembre de 1973, como si el quiebre institucional hubiese surgido espontáneamente, desconectado de los acontecimientos previos. Sin embargo, cualquier análisis serio exige comprender el contexto completo: la crisis política, económica e institucional del gobierno de la Unidad Popular, la radicalización ideológica propia de la Guerra Fría, la existencia de grupos armados revolucionarios, la polarización extrema de la sociedad chilena y la posterior intervención militar.

Comprender ese contexto no implica negar ni relativizar lo que pueden ser considerados abusos cometidos posteriormente bajo el gobierno cívico-militar. Del mismo modo, reconocer violaciones a los derechos humanos no obliga a omitir la existencia de una crisis institucional profunda ni la violencia revolucionaria impulsada desde sectores de izquierda.

La historia de Chile no puede entenderse desde relatos absolutos ni desde consignas ideológicas. Requiere aceptar simultáneamente hechos incómodos para todos los sectores.


El contexto político previo al 11 de septiembre de 1973

Salvador Allende llegó al poder en 1970 obteniendo la primera mayoría relativa, pero no mayoría absoluta. Conforme a la Constitución vigente, correspondía al Congreso Pleno decidir entre las dos primeras mayorías presidenciales.

La Democracia Cristiana, liderada por Eduardo Frei Montalva, terminó facilitando la ratificación de Allende mediante un acuerdo político sustentado en el denominado Estatuto de Garantías Constitucionales.

Este punto resulta fundamental porque demuestra que el acceso de Allende al poder no respondió a una mayoría nacional clara, sino a un mecanismo institucional válido dentro del sistema político chileno de la época.


Chile en el contexto de la Guerra Fría

El conflicto chileno no ocurrió aislado del mundo. Chile se encontraba en medio de la Guerra Fría, escenario donde Estados Unidos y Unión Soviética disputaban influencia ideológica, política y estratégica en América Latina.

La revolución cubana y el liderazgo de Fidel Castro impulsaban activamente proyectos revolucionarios en la región. La extensa visita de Castro a Chile durante el gobierno de Allende fue percibida por amplios sectores políticos y sociales como una señal de creciente alineamiento ideológico con Cuba y el bloque soviético.

Documentos desclasificados posteriores confirmaron tanto la intervención estadounidense para impedir la consolidación de la Unidad Popular como la colaboración política e ideológica existente entre Cuba y sectores revolucionarios latinoamericanos.


La crisis institucional y económica

Durante el gobierno de la Unidad Popular el país experimentó:

l Inflación descontrolada

l Desabastecimiento

l Paralización productiva

l Tomas de industrias y fundos

l Expropiaciones masivas

l Debilitamiento institucional

l Creciente violencia política

l Fragmentación social y política

Amplios sectores de la población comenzaron a percibir que el gobierno intentaba avanzar hacia un modelo revolucionario inspirado en el marxismo-leninismo.

El acuerdo de la Cámara de Diputados de Chile del 22 de agosto de 1973 acusó formalmente al gobierno de Allende de infringir gravemente la Constitución y quebrantar el Estado de Derecho.

Ese documento constituye una de las pruebas políticas más importantes para comprender que el conflicto no era exclusivamente militar, sino también institucional y parlamentario.


La radicalización política y las organizaciones armadas

La violencia política no fue patrimonio exclusivo de un sector. Existieron organizaciones armadas de izquierda como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, laVanguardia Organizada del Pueblo, el GAP vinculado a la protección presidencial y, posteriormente el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Estas organizaciones promovían abiertamente la vía armada revolucionaria, realizaron entrenamientos militares, internación de armas, asaltos, secuestros y atentados políticos.

El asesinato de Edmundo Pérez Zujovic por el VOP en 1971 constituye uno de los casos más emblemáticos de violencia política previa al pronunciamiento militar.

Posteriormente, el FPMR ejecutó internación masiva de armas en Carrizal Bajo y realizó el atentado contra el presidente Augusto Pinochet en 1986.

Del mismo modo, existieron organizaciones de derecha como Patria y Libertad, involucradas en sabotajes, enfrentamientos y acciones violentas contra el gobierno de Allende.

Por tanto, describir el período como completamente pacífico antes de la intervención militar constituye una distorsión histórica.


La carta de Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor

Uno de los documentos más relevantes para comprender el clima político de la época es la carta enviada por Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor tras el 11 de septiembre de 1973.

En ella, Frei responsabiliza directamente al gobierno de la Unidad Popular del quiebre institucional y denuncia:

l Destrucción del orden constitucional

l Creación de estructuras paralelas de poder

l Internación de armas

l Influencia cubana

l Preparación revolucionaria armada

La carta demuestra que la percepción de una amenaza totalitaria no era exclusiva de las Fuerzas Armadas ni de sectores de extrema derecha, sino también de parte importante del mundo democrático civil chileno.

Al mismo tiempo, Frei sostuvo la necesidad del respeto a los derechos humanos y del retorno a la democracia, reflejando la complejidad política del período.

La carta desmonta así dos simplificaciones históricas, la idea de que no existía amenaza revolucionaria y, la idea de que cualquier acción posterior del régimen militar quedaba automáticamente legitimada.


El 11 de septiembre de 1973

El 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas de Chile intervinieron militarmente y derrocaron al gobierno de Allende.

Amplios sectores civiles apoyaron inicialmente la intervención militar, interpretándola como una respuesta frente al colapso institucional y económico del país.

Para muchos chilenos de la época, el conflicto era percibido como una confrontación existencial entre modelos incompatibles, por un lado una revolución marxista y por otro la preservación del sistema republicano tradicional.

Ese apoyo civil inicial es un hecho histórico frecuentemente minimizado en algunos relatos posteriores.


Régimen militar, crecimiento económico y derechos humanos

El régimen encabezado por el entonces General Augusto Pinochet impulsó profundas reformas estructurales:

l Apertura económica

l Modernización del Estado

l Desarrollo de infraestructura

l Control de la inflación

l Crecimiento económico especialmente desde mediados de los años 80

Muchos consideran que dichas transformaciones sentaron las bases del modelo económico chileno contemporáneo. Sin embargo, no se puede omitir que también se cometieron serias violaciones a los derechos humanos.

La Comisión Rettig y la Comisión Valech documentaron miles de víctimas. Al mismo tiempo, existe un debate persistente respecto de eventuales falsos exonerados, irregularidades en sistemas de reparación, la utilización política de los derechos humanos y diversas controversias judiciales relativas a beneficios estatales asociados al tema. También persiste controversia sobre la figura jurídica del “secuestro permanente” aplicada en numerosos procesos judiciales relacionados con detenidos desaparecidos. Todas estas discusiones continúan generando profundas divisiones políticas y sociales.


Violencia política posterior al retorno democrático

La violencia política no terminó inmediatamente con el fin del régimen cívico-militar. Organizaciones armadas continuaron operando durante los años posteriores, incluyendo acciones terroristas, atentados y asesinatos políticos.

El asesinato del Senador Jaime Guzmán en 1991 por miembros vinculados al FPMR sigue siendo uno de los episodios más traumáticos de la transición democrática.

La persistencia de divisiones ideológicas respecto de estos hechos refleja que la reconciliación nacional continúa siendo incompleta.


La disputa por el relato histórico

Durante décadas, distintos sectores políticos han intentado construir relatos parciales sobre el período.

Un sector ha enfatizado exclusivamente la represión, las violaciones a los derechos humanos y, el carácter dictatorial del régimen cívico-militar. Otro sector ha enfatizado la crisis previa, la amenaza revolucionaria, el apoyo civil al pronunciamiento y, los logros económicos posteriores.

Ambos enfoques suelen omitir elementos incómodos. La historia de Chile exige reconocer simultáneamente la crisis institucional del gobierno de la Unidad Popular, la radicalización ideológica, la existencia de organizaciones armadas, la intervención extranjera, el apoyo civil a la intervención militar, las violaciones a los derechos humanos y, las consecuencias traumáticas posteriores.

Reducir el período a una lucha entre “demócratas” y “monstruos” impide comprender la complejidad real de lo ocurrido.


Reflexión final

Chile continúa enfrentando una herida histórica porque gran parte del debate público sigue atrapado entre relatos incompatibles y memorias enfrentadas.

La reconciliación auténtica no puede construirse negando la crisis previa a 1973, ni relativizando las violaciones a los derechos humanos, ni utilizando el dolor como herramienta política permanente.

Comprender la historia exige abandonar visiones absolutas y aceptar que el país vivió uno de los períodos más complejos, polarizados y también por qué no, violentos de su vida republicana.

Sólo una comprensión completa del contexto histórico permitirá que futuras generaciones estudien este período con mayor equilibrio, lejos de consignas ideológicas y más cerca de la verdad histórica en toda su complejidad.

lunes, 27 de abril de 2026

EL LABERINTO DE LA MEMORIA: ENTRE EL DOGMA Y LA LIBERTAD





Artículo escrito por: A PASO FIRME

    Bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis y reflexión. Hoy abordo una cuestión que atraviesa no solo el debate político contingente, sino también los fundamentos de toda democracia: La relación entre la memoria histórica, la coherencia en la aplicación de principios y la legitimidad de determinadas tradiciones ideológicas en contextos democráticos.

    Percibo que la salud de una democracia no se mide únicamente por la regularidad de sus elecciones, sino por su capacidad para reconocer y procesar tensiones internas que no son evidentes a primera vista. Una de ellas es particularmente incómoda, se trata de la convivencia entre el pluralismo democrático y corrientes ideológicas que, en su formulación histórica, han cuestionado o buscado superar ese mismo orden.

En el Chile actual, esta tensión ha dejado de ser abstracta.

    Declaraciones recientes del presidente del partido comunista de Chile Lautaro Carmona, no dejan espacio para la ambigüedad: la reafirmación del carácter leninista del partido y la reivindicación del marxismo como “herramienta científica para transformar la realidad”, ambas constituyen definiciones explícitas dentro de un sistema democrático.

    Estas afirmaciones no operan en el vacío, coexisten, y lo hacen dentro del mismo ecosistema político, con corrientes aún más radicales como la encabezada por Eduardo Artés, que han reivindicado figuras como Stalin. No se trata de equiparar actores con distinto peso político, sino de reconocer la existencia de un continuo ideológico que va desde formulaciones teóricas hasta defensas abiertas de experiencias autoritarias del siglo XX.

    La pregunta, entonces, no es de simple retórica: ¿puede una democracia liberal integrar sin fricción proyectos cuya tradición doctrinaria ha tendido a concentrar poder y a relativizar el pluralismo político?

    Esta tensión se vuelve más visible en contextos electorales. La candidatura de Jeannette Jara evidenció un fenómeno digno de análisis, aquello fue la adopción de un lenguaje y posicionamiento más cercano a la socialdemocracia, en contraste con la tradición marxista-leninista declarada por su propio partido.

    El punto relevante que pretendo exponer no es cuestionar la evolución estratégica —algo legítimo en política—, sino la falta de claridad hacia el electorado respecto de esa transición. Cuando existe una distancia perceptible entre la identidad ideológica de una organización y el discurso presentado en campaña, lo que emerge no es necesariamente moderación, sino una interrogante sobre coherencia y transparencia.

    En democracia, la competencia política no solo exige mayorías; exige también honestidad intelectual respecto de los proyectos que se proponen.

    Cuando hurgamos en búsqueda de evidencia histórica y patrones recurrentes, la implementación de modelos inspirados en el marxismo-leninismo durante el siglo XX dejó un registro ampliamente documentado de concentración de poder, restricción de libertades políticas y crisis humanitarias de gran escala visibles hasta el día de hoy, no tan lejos nuestro.

    Figuras como Mao Zedong, Josep Stalin y Pol Pot lideraron procesos cuyos costos humanos, según estimaciones académicas que hasta hoy son debatidas, se sitúan en decenas de millones de víctimas, pero, más allá de la discusión sobre cifras exactas, el patrón es consistente, es decir, cuando desaparecen los contrapesos institucionales, el poder tiende a concentrarse y el pluralismo a erosionarse.

    El argumento que expongo no es determinista, pero sí histórico: existe una tensión estructural entre estos modelos y los principios de una democracia liberal.

        Giremos un poco hacia un elemento que desde mi punto de vista no puede ser excluido de este análisis, me refiero a la formación ciudadana, el eslabón más vulnerable.

    A mi juicio, esta discusión no se agota en la política institucional, también se juega en los espacios donde se forman los criterios con los que los ciudadanos interpretan la realidad, más concretamente me refiero a la escuela y la familia.

    El rol de la educación formal no es transmitir una visión única del mundo, sino entregar herramientas para analizarlo críticamente. Cuando ese equilibrio se pierde —no necesariamente por diseño, sino por sesgos, omisiones o simplificaciones— el resultado no es educación, sino formación incompleta. Y una formación incompleta es terreno fértil para que las personas adopten ideas sin cuestionarlas, especialmente cuando esas ideas se presentan como explicaciones totales. Ahí es donde el problema deja de ser educativo y pasa a ser terreno fértil para que las personas acepten ideas sin cuestionarlas. Cuando eso ocurre, la educación deja de formar criterio y empieza a facilitar procesos de ideologización.

    Por su parte, la familia cumple una función insustituible como primer espacio de formación de criterio, referencia afectiva y contraste frente a narrativas externas. Cuando ese rol se debilita, ya sea por delegación total en instituciones o por fragmentación social, se genera un vacío que otros actores, legítimos o no, tienden a ocupar. El punto no es atribuir intencionalidad sistemática ni construir teorías de conspiración, es algo más simple y más incómodo y es que: una sociedad con déficits en la formación crítica de sus ciudadanos se vuelve más permeable a discursos que prometen explicaciones totales para problemas complejos.

    Existe, además, una asimetría en la forma en que las sociedades procesan su memoria histórica. Mientras ciertos símbolos del siglo XX generan una condena inmediata, otros son objeto de reinterpretaciones más flexibles.

    El problema no es equiparar ideologías distintas, sino la inconsistencia en el juicio crítico. Una democracia madura no selecciona qué tragedias recordar según conveniencia; establece estándares éticos coherentes frente a cualquier experiencia que haya implicado la negación sistemática de derechos fundamentales.

    Al cierre de este análisis y crítica reflexiva, la pregunta de fondo ya no puede seguir postergándose: ¿debe una democracia tolerarlo todo, incluso aquello que históricamente ha socavado sus propios fundamentos?

    Se me ocurre que el punto no es restringir ideas, sino comprender sus implicancias. La reafirmación del carácter leninista por parte de actores políticos en Chile no es un gesto simbólico menor, ello remite a una tradición que, en su aplicación histórica, ha privilegiado la concentración del poder por sobre el pluralismo político. Y esto que menciono no es un juicio ideológico, es una constatación histórica.

    La evidencia acumulada del siglo XX muestra un patrón difícil de ignorar, cada vez que estos modelos han operado sin contrapesos efectivos, las libertades individuales han sido desplazadas en nombre de proyectos totalizantes. No se trata de afirmar que la historia se repite mecánicamente, pero sí de reconocer que ignorar sus lecciones tiene costos.

    Por eso, en mi forma de ver los hechos, el desafío no es la coexistencia de ideas, sino la calidad del juicio crítico con que una sociedad las evalúa. Cuando la memoria histórica se vuelve selectiva, el debate público se empobrece y la democracia pierde una de sus defensas más importantes, me refiero con esto a la pérdida de conciencia de sus propios límites.

    En ese contexto, lo que advierto como verdadero riesgo no es la presencia de estas doctrinas, sino la indiferencia frente a lo que representan, porque una democracia no se debilita solo por lo que enfrenta, sino también por lo que decide no examinar.

Cuando esa renuncia ocurre, el problema ya no es teórico, es político.

¿Y usted qué opinión tiene? - Deje sus comentarios y abramos un espacio de debate responsable, serio y respetuoso.

jueves, 23 de abril de 2026

LA CANDIDATURA IMPOSIBLE: BACHELET ATRAPADA ENTRE LA POLÍTICA CHILENA Y EL DESCRÉDITO DE LA ONU


Artículo escrito por: A PASO FIRME

    La carrera de Michelle Bachelet hacia la Secretaría General de la ONU no solo está chocando contra el muro de las potencias internacionales, sino contra un nuevo y peligroso paradigma en la diplomacia chilena y una crisis existencial en el corazón de las Naciones Unidas. Lo que antes era un apoyo sagrado del Estado a sus candidatos, hoy es un campo de batalla ideológico que la deja sin protección.

 

     Para entender la negativa del presidente Kast a respaldar a Bachelet, es imposible ignorar la "doctrina Boric" aplicada con el jurista Claudio Grossman. Al romper la tradición de apoyar a figuras nacionales independientemente de su color político, la administración anterior validó que la diplomacia fuera una herramienta de gobierno y no de Estado. Hoy, ese bumeran golpea a Bachelet: si un gobierno de izquierda restó apoyo a un técnico de excelencia como Grossman, el gobierno de Kast se siente legitimado para negarle el piso a la expresidenta, argumentando que la organización requiere una "manera distinta de abordar los problemas".

 

    Este aislamiento interno llega en el momento de mayor vulnerabilidad internacional para Bachelet. Su gestión como Alta Comisionada para los Derechos Humanos dejó una herida abierta en Washington y Bruselas. Fue acusada de retrasar deliberadamente un informe sobre posibles crímenes contra la humanidad en Xinjiang para evitar confrontaciones con Pekín, publicándolo apenas minutos antes de expirar su mandato. Este manejo generó un "fantasma de desconfianza" en el Consejo de Seguridad, donde potencias con poder de veto, como Estados Unidos, miran con recelo su historial de supuesta "suavidad" ante China.

 

    Según el análisis de Foreign Policy, Bachelet no corre sola, pero su posición es extremadamente precaria. En una carrera que incluye nombres como Rafael Grossi, Rebeca Grynspan o Macky Sall, la expresidenta chilena aparece como una figura cargada de "bagaje político". Mientras otros candidatos se posicionan desde la eficiencia técnica o nuevos liderazgos regionales, Bachelet debe cargar con el peso de su controvertido paso por Ginebra, lo que la sitúa en una posición de desventaja frente a perfiles que no arrastran las mismas resistencias en el P5 (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido - Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto).

 

    Finalmente, la viabilidad de su candidatura se mide en un contexto de agonía institucional. Especialistas como Richard Gowan, del International Crisis Group, alertan que la ONU enfrenta una crisis de relevancia y moral, caracterizada por la parálisis geopolítica y cortes presupuestarios severos. La organización lidia con un "desperfilamiento" funcional agravado por un incumplimiento financiero récord de los Estados miembros, lo que coloca el funcionamiento de la ONU en riesgo en el corto plazo. En este escenario de quiebra técnica y política, la llegada de una figura que ya genera división antes de empezar, parece ser el último riesgo que una organización debilitada puede permitirse correr.

jueves, 9 de abril de 2026

PRIMER MES DE KAST: ENTRE EL GOLPE DE REALIDAD Y LA PRUEBA DE FUEGO

 


Artículo escrito por: A PASO FIRME


    Chile no está viviendo un inicio de gobierno cualquiera. Lo que estamos viendo en este primer mes del mandato de José Antonio Kast es algo más incómodo, más crudo, se trata a mi juicio del momento exacto en que una expectativa enorme choca de frente con la realidad.

    Comencemos por donde corresponde, el triunfo de José Antonio Kast no fue sólo electoral, fue simbólico. Ganar en todas las regiones no ocurre por casualidad, es el reflejo de un país que se cansó, cansado de promesas, de ambigüedades, de una forma de gobernar que terminó por diluir responsabilidades. Y en ese sentido, este cambio de ciclo tiene una profundidad que muchos aún no terminan de dimensionar. No es sólo alternancia, es corrección de rumbo, por eso mismo, el estándar es otro y, ahí es donde comienzan los problemas.

    Gobernar no tiene nada que ver con ganar elecciones, el primer mes ha dejado en evidencia algo que suele ser letal si no se corrige a tiempo: desorden comunicacional. La vocera Mara Sedini y otras figuras han cometido errores evitables, de esos que no tumban un gobierno, pero sí erosionan su credibilidad. Declaraciones que después se corrigen, ideas mal explicadas, mensajes que llegan tarde. ¿El resultado? Un espacio abierto que la oposición no ha dudado en ocupar, aquí no me refiero a cualquier oposición, me refiero al Partido Comunista de Chile y el Frente Amplio, ellos entendieron rápido el libreto: no necesitan grandes derrotas del gobierno, les basta con amplificar cada tropiezo hasta convertirlo en un síntoma de incapacidad estructural, ellos no buscan tener razón, buscan instalar una sensación.

    Mientras el ruido político crece, hay un elemento mucho más determinante que no depende de La Moneda y es el contexto internacional. Kast asumió con una crisis energética en desarrollo que terminó impactando de lleno en el precio de los combustibles. Ahí aparece una de las decisiones más incómodas, y al mismo tiempo más reveladoras de este inicio, la del ministro de Hacienda Jorge Quiroz, de transparentar el precio real del petróleo; en efecto, se acabó el subsidio silencioso, se acabó la ficción.

    El problema con lo anterior es que decir la verdad en economía casi nunca es popular y menos cuando implica que la bencina suba más de 400 pesos y el diésel aún más. La izquierda reaccionó como era esperable, atribuyendo la responsabilidad al gobierno. Pero la discusión de fondo es otra, si el país quiere seguir viviendo en una ilusión financiada con deuda o si, de una vez por todas, se enfrenta a los costos reales.

    Esa misma tensión aparece cuando se empieza a mirar hacia atrás, porque parte importante del relato oficial se ha construido sobre una herencia fiscal más frágil de lo que se decía. Las cifras son incómodas, pero más incómodas son las preguntas que abren sobre la gestión de Gabriel Boric. Si efectivamente hubo gastos no registrados o maniobras para maquillar balances, el problema deja de ser técnico y pasa a ser político y bastante profundo. Ahora bien, hay un dato que descoloca a todos, el país no estalló. Con aumentos mucho más agresivos en los combustibles, no vimos lo que sí ocurrió en el Estallido delictual de 2019. No hubo incendios, no hubo desborde masivo y eso dice algo, no necesariamente que el malestar haya desaparecido, sino que cambió de forma, significa que hay un aprendizaje, quizás más silencioso, quizás más desconfiado, pero aprendizaje al fin.

    En medio de todo esto, aparece uno de los primeros costos políticos reales del gobierno, la auditoría que no fue. Era una promesa potente, casi fundacional. Entender dónde y cómo se gastaron o malgastaron, los recursos del Estado. Pero la decisión de no avanzar en una auditoría profunda por falta de recursos dejó una sensación difícil de administrar.

    Apoyarse en la Contraloría General de la República es razonable desde lo institucional, especialmente considerando el liderazgo que ha mostrado Dorothy Pérez, pero no alcanza, no porque la Contraloría no pueda, sino porque no tiene con qué. Y ahí es donde la expectativa empieza a chocar con los límites reales del Estado.

    Aun así, no todo es retroceso. Hay figuras dentro del gabinete que han comenzado a marcar diferencia. El ministro de Vivienda Iván Poduje, por ejemplo, ha hecho algo que parece básico pero no siempre ocurre: enfrentar el problema en terreno, sin intermediarios y sin filtros, directo al corazón del problema que la gente tiene a la vista, eso, en política, construye autoridad.

    En contraste, episodios como el que vivió la ministra Lincolao en la Universidad Austral de Chile dejan en evidencia que hay espacios donde el Estado simplemente no logra imponerse. La pasividad del rector Egon Montecinos frente a hechos de violencia no es un detalle, es una señal de fondo, el orden sigue siendo una disputa abierta.

    Y así, casi sin darse cuenta, el gobierno llega a su primer mes real, sin luna de miel, sin margen para errores prolongados y con un paquete de medidas, 45 en total, que será su primera prueba seria, no por lo que diga en el papel, sino por su capacidad de gestión y la muñeca política de sus subsecretarios y ministros, más que lo poco y mal que ha hecho hasta el momento el segundo piso de Palacio con Valenzuela a la cabeza...de los errores.

Porque al final del día, Chile no necesita más diagnósticos, necesita resultados.

    Reducir el tamaño del Estado, reasignar recursos, concentrarse en seguridad y justicia, donde el Estado no puede fallar, no son ideas nuevas. Lo que está en juego es si esta vez alguien será capaz de ejecutarlas sin diluirse en el intento. Ese es el verdadero examen.

    En ese examen, este primer mes no genera una conclusión, pero sí una advertencia y es que la realidad no se adapta al relato. Es el relato el que tiene que empezar a adaptarse a la realidad.

    Si uno observa con frialdad las críticas más duras que hoy circulan, incluso aquellas que vienen desde sectores que se suponen cercanos o intelectualmente afines, aparece un patrón interesante: más que un rechazo al gobierno, lo que hay es una advertencia sobre sus límites actuales.

    Se habla de falta de articulación política, de dificultad para ampliar mayorías, de una derecha que aún no logra ordenar sus propias tensiones internas. Se cuestiona la ausencia de una estrategia clara para convertir el triunfo electoral en poder efectivo. Y se insiste en algo que es clave: ganar no es gobernar.

    Pero ahí es donde la lectura cambia, porque si esas críticas se interpretan no como un veredicto, sino como diagnóstico, lo que aparece es una oportunidad, una bastante clara, además, corregir temprano.

    La historia política en Chile y fuera del país muestra que los gobiernos que logran adaptarse en sus primeros meses, que entienden el entorno y ajustan su propia forma de ejercer el poder, son los que terminan consolidándose. Los que no, simplemente administran su desgaste.

    El contexto actual tampoco ayuda, porque el malestar social ya no desaparece con elecciones, se vuelve persistente, casi estructural. Eso obliga a una política distinta, algo con menos épica y con más precisión; con menos promesas grandilocuentes, pero con más resultados concretos.

    En ese escenario, la clave no está en intentar imponer una identidad rígida, sino en construir capacidad de acción, priorizar, elegir las batallas, ejecutar bien, aunque sea poco, generar acuerdos donde antes sólo había trincheras.

Dicho de otra forma, se trata de pasar del impulso a la conducción.

    Porque si algo queda claro tras este primer mes, es que el margen existe, pero no es infinito. El verdadero capital político de este gobierno no está en lo que prometió, sino en lo que logre hacer rápido, bien y con sentido.

Ahí se juega todo.

miércoles, 4 de marzo de 2026

SOBERANÍA EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN - Poder, infraestructura crítica y coherencia estratégica

 Artículo escrito por: A PASO FIRME

    Analicemos esto por partes y comencemos por revisar la soberanía jurídica versus la soberanía efectiva.

    Desde la Paz en Westfalia en 1648, la soberanía se entiende como autoridad suprema dentro de un territorio y ausencia de subordinación externa, pero en el siglo XXI, esa definición resulta incompleta, hoy la soberanía no se mide solo en términos jurídicos, se mide en capacidad material, Control tecnológico, Autonomía energética, Independencia estratégica y Poder económico.

    El reciente episodio en que Estados Unidos revocó visas a tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric obliga a revisar esta distinción con mayor profundidad.

    En el centro del debate no está una visa, está el Proyecto Humboldt; se trata del primer cable submarino que busca conectar directamente Sudamérica con Oceanía y Asia, consolidando a Chile como hub digital regional.

    Los cables submarinos no son simples infraestructuras comerciales, transportan más del 95% del tráfico global de datos, son arterias financieras, tecnológicas y estratégicas.

    En el actual escenario de competencia sistémica entre Estados Unidos y la República Popular China, la infraestructura digital es terreno geopolítico.

    Washington había advertido previamente a la representación diplomática chilena sobre los riesgos estratégicos de ciertos esquemas de cooperación tecnológica con Beijing, la advertencia existió, por lo tanto la reacción posterior no puede entenderse como improvisación, sino como uan parte de una doctrina consistente de contención tecnológica frente a China.

    El gobierno chileno invocó soberanía nacional y jurídicamente tiene razón, Chile decide con quién desarrolla su infraestructura, pero la soberanía es simétrica, si Chile decide con quién se asocia, Estados Unidos también decide a quién concede o revoca visas. No estamos ante una violación del derecho internacional, estamos ante un choque de decisiones soberanas en un entorno de asimetría de poder, así las cosas, la discusión entonces, no es jurídica, es estratégica.

    Aquí entra un elemento adicional, durante su trayectoria política, Gabriel Boric fue particularmente crítico del presidente Donald Trump, las diferencias fueron ideológicas y discursivas; en sistemas presidenciales fuertes, la política exterior no está completamente desvinculada del liderazgo político, no se trata de personalizar la sanción, pero sí de reconocer que el clima político influye en el margen de negociación y en la disposición al diálogo. En diplomacia, las relaciones personales importan.

    Aquí es donde llegamos al punto más delicado, en 2017, la República Popular China promulgó su Ley de Inteligencia Nacional y en su Artículo 7mo. establece:

        “Cualquier organización o ciudadano deberá apoyar, asistir y cooperar con el trabajo de inteligencia nacional de conformidad con la ley, y guardar el secreto de las actividades de inteligencia nacional de las que tenga conocimiento.”

Este artículo genera fricción estructural con Occidente por tres razones:

  • Primero: obligatoriedad universal.
No distingue entre territorio nacional o extranjero, un ciudadano chino trabajando en infraestructura estratégica fuera de China está legalmente obligado a cooperar si se le solicita.

  • Segundo: alcance sobre empresas.
La ley incluye organizaciones, compañías como Huawei o COSCO Shipping, ellas están jurídicamente sujetas a esa obligación.

  • Tercero: ausencia de contrapesos judiciales independientes.
No existen mecanismos institucionales robustos para negarse si el Estado invoca seguridad nacional.

    Este marco normativo es parte del análisis estratégico que realiza Estados Unidos cuando evalúa infraestructura crítica.

    La objeción habitual es inmediata, Estados Unidos también tiene leyes de inteligencia con alcance extraterritorial, es cierto, existen normas como la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) y disposiciones del Patriot Act que permiten recolección de datos bajo determinadas circunstancias; la diferencia entonces no está en la existencia de facultades de inteligencia, todos los Estados las tienen, la diferencia radica en Sistemas de contrapesos judiciales independientes, Posibilidad de litigio público, Prensa libre y una División de poderes efectiva.

    En el sistema estadounidense, una empresa puede impugnar decisiones en tribunales federales. En el sistema chino, la independencia judicial frente al Partido Comunista es estructuralmente inexistente.

    No quiero que nos perdamos en esto, porque aquí no se trata de idealizar a Washington, se trata de comparar arquitecturas institucionales. Para infraestructura crítica, la diferencia institucional SÍ importa y es crucial.

    Revisemos brevemente asuntos relacionados con este análisis y desglosemos casos de dependencia estratégica de lecciones comparadas.

    Alemania aprendió en 2022 lo que significaba depender energéticamente de la estatal rusa Gazprom, cuando Gazprom redujo el suministro de gas en medio de tensiones por la guerra en Ucrania, formalmente Alemania era soberana, materialmente, su margen de maniobra era reducido.

    Perú experimenta hoy las tensiones derivadas de su acuerdo con COSCO Shipping en el puerto de Chancay, aquí se ilustra cómo la soberanía contractual puede verse condicionada por compromisos asumidos bajo asimetría de poder.

    En ambos casos, los contratos eran legales, pero la asimetría de poder condiciona la capacidad de revisión futura, entonces el problema no es firmar acuerdos, el problema es firmarlos sin considerar el marco estructural del socio con el que se hacen los acuerdos.

    La cuestión finalmente no es ideológica, no es “Estados Unidos bueno” versus “China malo”, a mi juicio, la pregunta estratégica es, ¿Qué riesgos incorpora el Estado de Chile cuando vincula infraestructura digital crítica a actores sujetos a una legislación que obliga cooperación con su aparato de inteligencia?, más aún, ¿Está Chile en posición material de gestionar simultáneamente la presión de Washington y las obligaciones contractuales con Beijing?. En un sistema internacional competitivo, la neutralidad tecnológica es cada vez más difícil de sostener.

    Queridos oyentes, Chile es soberano desde 1818, consolidado tras la independencia liderada por don Bernardo O’Higgins, sin embargo, nuestro país ha cedido jurisdicción voluntariamente en múltiples tratados internacionales. La soberanía moderna no es absoluta, es relacional; depende de poder, con capacidad y coherencia estratégica. Invocar soberanía sin medir consecuencias estructurales es retórico, ejercer soberanía exige inteligencia y cálculo.

    La soberanía no desaparece en la globalización, pero su margen efectivo depende del poder relativo.

    Para países medianos, la pregunta clave no es si pueden decidir, es cuánto pueden sostener esa decisión frente a grandes potencias y en el caso particular de infraestructura crítica, las decisiones no son meramente comerciales, son geopolíticas y, en geopolítica, las normas internas del socio son parte del contrato, aunque no aparezcan en la firma.

    Al final de este análisis, la verdadera pregunta no es si Chile es soberano, la verdadera pregunta es ¿Está ejerciendo Chile su soberanía con plena conciencia del entorno estratégico en el que opera?, porque en el siglo XXI, la soberanía no es un eslogan, es una variable absolutamente dependiente del poder.

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