MIENTRAS USTED PAGA, ELLOS COBRAN

 

Artículo escrito por: A PASO FIRME

Un Estado gigante, un ciudadano cada vez más pequeño.

Bienvenidos una vez más a otro podcast reflexivo. Hoy no hablaremos solamente del Estado. Hoy desmenuzaremos sus números, vamos a mirar cuánto cuesta, cuánto crece, en qué se gasta principalmente nuestro dinero y, sobre todo, qué recibimos realmente los ciudadanos a cambio. Porque detrás de cada cifra del presupuesto, hay algo mucho más concreto que una planilla Excel, hay horas de trabajo, impuestos, sacrificios y sobre todo, familias que todos los meses deben hacer rendir su dinero, dinero que cada día alcanza para menos.

Mientras usted paga, alguien cobra. En esta pasada vamos a desmenuzar quién cobra, cuánto cobra y, fundamentalmente, qué recibe usted a cambio.

Hay una violencia silenciosa y cotidiana que recorre las calles de Chile. Es la violencia del ciudadano común que se levanta al alba, enfrenta el transporte público, estira cada peso en el supermercado y se parte el lomo trabajando de sol a sol, cargando sobre sus hombros la angustia de no saber si el sueldo le alcanzará para financiar las necesidades básicas de su familia antes de que acabe el mes. Este chileno, el verdadero sostén del país, vive bajo la dictadura de la incertidumbre. En cambio, el aparato estatal que él financia con su sudor opera bajo una regla completamente opuesta, esta es, la certeza de la abundancia a todo evento, el privilegio blindado y la impunidad frente al fracaso.

Para entender la profundidad de esta perversión, basta hacer un ejercicio de memoria y contrastar el Chile de hoy con el de hace tres décadas. En los años 90, el Estado chileno era una estructura inmensamente más pequeña, que operaba con una fracción mínima de los recursos que hoy administra. Treinta años después, tras sucesivas reformas tributarias y promesas de mayor equidad, el Presupuesto de la Nación para 2026 ha alcanzado la astronómica cifra de $86,2 billones. Hoy el Estado es un gigante dotado de recursos que en aquella época habrían parecido de ciencia ficción.

Sin embargo, el tamaño y la opulencia de la billetera fiscal no dicen relación alguna con la eficiencia o eficacia de sus funciones. Hemos multiplicado el tamaño del aparato, pero hemos dividido su capacidad de responderle a la gente. La gran promesa de que un Estado más grande y con más recursos derivaría automáticamente en mejores prestaciones sociales se ha derrumbado de forma estrepitosa.

Hagamos la pregunta incómoda, esa que la casta evade con eslóganes: ¿Qué es mejor hoy en el servicio público respecto de hace 30 años atrás?

¿Es mejor la salud pública? Para nada; las listas de espera siguen cobrando vidas en el silencio de la negligencia institucional. ¿Es mejor la educación pública? Al contrario; hemos destruido la educación de calidad que permitía la movilidad social, cambiándola por consignas ideológicas y burocracia. ¿Es mejor la calidad de la vivienda social? Las familias vulnerables siguen esperando años en condiciones indignas mientras los recursos se evaporan en el camino. ¿Es mejor la seguridad en nuestros barrios? Hoy el ciudadano vive encerrado por el miedo a perder lo poco que ha construido, mientras las calles son entregadas a la delincuencia sin que el Estado cumpla su deber más básico. ¿Es mejor la justicia? Los tribunales operan con una lentitud exasperante para el ciudadano de a pie, mientras las cúpulas se blindan en el privilegio.

La respuesta asoma de forma devastadora, nada de lo fundamental es mejor. Lo único que ha crecido de manera sustancial es la grasa del Estado, la cantidad de intermediarios, los programas inútiles y las billeteras de quienes viven de la política.

La maquinaria estatal ha crecido bajo la mentira institucionalizada de que todo gasto público es política social. Hemos construido un sistema donde cada problema genera un programa, cada programa una estructura, cada estructura nuevos funcionarios, y cada funcionario un sueldo que financiar con cargo a un presupuesto que tiene un límite, no es infinito. El resultado es un aparato que se expande sin importar si el problema original se soluciona o permanece intacto. Es la burocratización de la miseria.

Mientras el chileno promedio es asfixiado por un 9,4% de desocupación y un 27% de informalidad laboral, es decir, más de una cuarta parte de quienes están ocupados lo hacen en condiciones de informalidad. La clase política y judicial se ha construido un oasis de confort inmune a las crisis que ellos mismos provocan. En palabras muy sencillas de comprender, de una fuerza laboral que bordea los 10 millones de personas en edad de trabajar, casi uno de cada diez chilenos que participa del mercado laboral no encuentra trabajo, mientras más de uno de cada cuatro ocupados lo hace en condiciones de informalidad. Para millones, esto supone sobrevivir entre la desocupación y la precariedad por trabajos informales donde no se cotiza para la vejez y no se cotiza para acceder a salud, aún estando garantizados constitucionalmente ambos beneficios sociales que se obtienen a un costo personal altísimo por una prestación que de dignidad tiene bien poco al momento de ser requerida.

La desconexión matemática es francamente pornográfica. Desde marzo de 2026, la dieta parlamentaria mensual está fijada en $8.291.039. Sólo por concepto de dieta, mantener a un senador durante sus ocho años de mandato representa, con la dieta vigente de 2026, casi $796 millones. En el caso de un diputado, la cifra alcanza casi $398 millones durante sus cuatro años. Pero el verdadero escándalo no es la dieta; es el costo de mantener su estructura de poder. Cuando sumamos las asignaciones, el personal de apoyo, las asesorías externas y los gastos operacionales, descubrimos que la Cámara de Diputados gasta la no despreciable suma de $96.379 millones anuales, elevando el costo de cada diputado a un promedio de $2.488 millones por su mandato de 4 años. En el Senado, el presupuesto anual es de $62.509 millones, al prorratearlo por los 50 senadores, esto se traduce en un costo promedio real de $10.001 millones por senador durante sus ocho años de ejercicio. A esta danza de millones se suma el financiamiento estatal de partidos políticos que recibieron en 2025 más de $8.641 millones de pesos públicos, a pesar de que alrededor del 90% de los chilenos declara no confiar en ellos, escuchó bien, 90% no confía en ellos, pero los financia porque está cautivo, no porque voluntariamente quiera hacerlo. ¿Recibe por este gasto faraónico mejores leyes que lo protejan a usted del poder del Estado?, yo pienso que no.

Esta opulencia inunda también las alfombras del Poder Judicial. Mientras miles de familias restringen el uso de sus vehículos por el alza de los combustibles, los 18 ministros de la Corte Suprema gastaron en un solo año (2023) más de $1.200 millones en privilegios corporativos, esto es, casi $60 millones en combustible entregados directamente en efectivo al bolsillo de los ministros, $443 millones en sueldos para sus choferes particulares, $680 millones en secretarios privados, más de $32 millones asignados para pagar su TAG en autopistas concesionadas, y $15,2 millones en pasajes aéreos y viáticos de viaje. Este derroche se conoció en medio de la indignante polémica por su intento de renovar sus autos por lujosos vehículos Lexus, ¿Lo recuerda verdad?. Entonces le pregunto, ¿Recibe usted mejor y más oportuna justicia?, yo pienso que no.

Pero el insulto definitivo al chileno que trabaja es cómo este Estado sobredimensionado se ha convertido en el caldo de cultivo perfecto para el abuso y la corrupción. El informe de la Contraloría reveló una burla de proporciones históricas, así es, 25.078 funcionarios públicos viajaron al extranjero mientras se encontraban bajo reposo médico pagado entre 2023 y 2024, registrando 59.575 movimientos migratorios con licencias financiadas en un 69% por Fonasa. Mientras un trabajador del sector privado teme perder su empleo si se enferma, estos empleados estatales vacacionaban por el mundo con cargo al bolsillo de todos los chilenos y no una vez, en algunos casos, varias veces. Entonces le pregunto, ¿Recibe usted mejor y más oportuno servicio público?, yo pienso que no.

A esto se suma la aberración del "caso Convenios". Mientras las familias en campamentos y villas vulnerables esperan años por una vivienda digna, - qué palabra más manoseada -, la Fiscalía todavía investiga el desvío de más de $89 mil millones de pesos destinados a ayuda social mediante traspasos directos del Ministerio de Vivienda y de gobernadores regionales a 40 fundaciones creadas al alero de partidos de gobierno, partidos políticos que son financiados con nuestros impuestos. Cuando el escándalo estalló, estas fundaciones simplemente declararon la quiebra aduciendo falta de ingresos,¿Cuánto de ese dinero será algún día recuperado?. Esto no es burocracia; es el saqueo organizado de los recursos de la gente.

¿Y qué hace el ciudadano común ante esta realidad aberrante?

Lamentablemente, el ciudadano se ha convertido en el socio del silencio, en el cómplice por excelencia. Nos hemos acostumbrado a agachar la cabeza y normalizar lo que debería resultarnos escandaloso. Hemos aceptado que la pirámide de la República se invierta por completo. En una República sana, el ciudadano es el soberano, el Estado es el instrumento y el funcionario es el servidor. En el Chile de hoy, la estructura se ha invertido, el funcionario se siente el dueño del país, el Estado es el fin en sí mismo, y el ciudadano común es sólo un esclavo tributario que existe únicamente para financiar esta fiesta grotesca.

Aceptamos pagar el IVA de la comida, las patentes, las contribuciones y los impuestos específicos de la más diversa índole para satisfacer y sostener una máquina que cuando nos atiende, nos hace rogar por atención, nos somete a listas de espera interminables y nos obliga a contratar contadores, abogados y gestores sólo para defendernos de su propia ineficiencia. Si un privado quiebra por una mala decisión, asume su pérdida; si un programa estatal fracasa, rara vez verá quebrar a la institución responsable; se modifica el programa, se cambia su nombre, se reasigna presupuesto y la estructura continúa. 

Lo perverso del sistema al que hemos sido conducidos, es que nuestro país construyó incentivos institucionales que permiten que quienes administran recursos públicos estén menos expuestos a las consecuencias del fracaso que quienes producen esos recursos.

No me importa solamente cuánto Estado tenemos. Quiero saber qué Estado estamos comprando con el dinero que obligatoriamente entregamos.

Es hora de exigir una regla republicana básica e imponer tres preguntas a cada peso público antes de gastarlo: ¿Para qué? ¿Cuánto cuesta? y ¿Qué resultado produce?. Si no hay respuestas claras y medibles, el programa no debe ejecutarse; y si no funciona, debe cerrarse de inmediato.

Un Estado exitoso debería medirse por cuántas personas dejan de necesitar su ayuda porque han logrado ponerse de pie por sí mismas, no por el tamaño de sus oficinas o la cantidad de dinero que derrocha. En palabras sencillas, el Estado se define como una organización política que posee el monopolio de la coacción física legítima dentro de un territorio, pero cuyo poder está estrictamente limitado por leyes creadas para proteger la libertad individual frente a los abusos de ese mismo poder. Aquí en Chile, eso se ha desvirtuado al punto que hoy las leyes y el sistema en general protege a los que viven del Estado, respecto de la vulnerabilidad en que quedamos los que lo financiamos.

Antes de aceptar cualquier debate sobre subir impuestos, crear nuevas instituciones o seguir manteniendo las existentes con el tamaño que hoy tienen, el ciudadano que se parte el lomo debe recuperar su dignidad republicana, golpear la mesa y exigir respuesta a la única pregunta moralmente legítima: ¿Qué recibió usted a cambio del último sacrificio económico que hizo por su país?. Si seguimos tolerando en silencio la ineficiencia, el privilegio corporativo y el saqueo institucional, terminaremos de rodillas, trabajando de por vida para financiar a un Estado que ya olvidó por completo para qué existe y para quién trabaja.

Y como si esta fiesta fuera pequeña, el ciudadano chileno también debe financiar a los propios partidos políticos que dicen representarlo, se lo dije al principio. Durante 2025, los partidos recibieron en conjunto más de $8 mil seiscientos millones, de los cuales aproximadamente $7 mil doscientos millones correspondieron a financiamiento público, es decir, dinero que sale directa o indirectamente del bolsillo de todos los chilenos. Aquí es donde aparece una de las contradicciones más obscenas del sistema, porque menos del 5% del padrón electoral mantiene filiación política, pero prácticamente el país entero termina financiando las estructuras partidarias de esa minoría. Unos pocos militan, unos pocos participan activamente y unos pocos deciden la vida interna de los partidos, pero los millones los pagamos entre toda la ciudadanía. En términos simples, el Estado destina casi 20 millones de pesos diarios a financiar partidos políticos que formalmente representan a una fracción mínima de la población. Insisto, menos del 5% está afiliado, pero todos terminamos pagando la fiesta. Esa es la farra política, donde miles de millones de pesos públicos destinados cada año a mantener estructuras partidarias que cuentan con una adhesión ciudadana marginal y una desconfianza gigantesca. La paradoja absurda es que después se preguntan por qué la distancia entre la política y la ciudadanía es cada día más profunda.

Una República no muere únicamente cuando sus gobernantes se corrompen; comienza a morir cuando sus ciudadanos renuncian a la responsabilidad de decidir con conciencia y prefieren entregar su destino a otros. Del mismo modo, la libertad no es un derecho que pueda disfrutarse pasivamente mientras se deja la vida pública en manos de quienes viven de ella. Ser ciudadano no consiste solamente en votar cada cierto tiempo, sino en comprender que cada decisión política es también un acto moral, porque con ella entregamos poder sobre la vida, el trabajo y la libertad de otros. La comodidad, la indiferencia y la ignorancia nunca son neutrales, cuando los ciudadanos dejan de decidir en conciencia, siempre habrá alguien dispuesto a decidir por ellos. En ese punto, ya no habrá derecho a preguntarse por qué la República se alejó de nosotros, porque habremos sido nosotros mismos quienes, por omisión, le entregamos las llaves a los peores.

 

SEGURIDAD A CUALQUIER PRECIO. CUANDO EL ESTADO PROMETE ORDEN, ¿QUIÉN VIGILA EL PODER?

Artículo escrito por: A PASO FIRME

Sean muy bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad los invitaré a reflexionar racionalmente sobre un tema que está dando mucho que hablar y no es sencillo ni trivial de abordar, me refiero a la idea de legislar una reforma constitucional para enfrentar los temas de seguridad que Chile necesita.

Hay momentos en la trayectoria de un país donde las discusiones abstractas de salón chocan de frente con la urgencia de la calle. Chile vive hoy uno de esos momentos definitorios. La pregunta inmediata que devora la agenda es evidente: ¿Cómo recuperamos la seguridad en nuestro territorio? Pero de inmediato, casi como una sombra inevitable, surge otra interrogante mucho más incómoda: ¿Cuánto poder real estamos dispuestos a entregarle al Estado con la promesa de conseguirla? Y una tercera: ¿Es viable reconstruir la paz social sin erosionar nuestras libertades?

Este episodio no pretende ofrecer respuestas empaquetadas ni resolver una disyuntiva que hoy divide a analistas y legisladores. Al contrario, esta reflexión busca convocarnos a mirar de frente las tensiones operativas, constitucionales y políticas que sacuden el tablero nacional.

Comencemos por reconocer el punto de partida. El gobierno del presidente José Antonio Kast asumió el control con la seguridad pública como su principal viga maestra. No se trataba de una propuesta accesoria; era el corazón de su proyecto político. El diagnóstico era severo: un país enfrentado a un crimen organizado transnacional con rasgos inéditos para nuestra historia reciente, que abarcaba sicariato, secuestros extorsivos, control carcelario y narcotráfico de mayor escala.

Los datos empíricos nos muestran una realidad compleja. Durante el año 2025 se registraron 1.091 víctimas de homicidio, marcando un descenso del 11,5% en comparación con el año anterior, tendencia que continuó con una reducción del 13% en el primer semestre de 2026, sin embargo, la percepción pública habita otra frecuencia y con eso me refiero a la encuesta ENUSC 2025, esta encuesta reveló que un abrumador 82,9% de los chilenos percibe que la delincuencia ha aumentado, mientras que el 37,7% de los hogares declaró haber sido víctima de algún delito. Al mismo tiempo, Europol advierte que el crimen organizado global no es una masa estática, sino una red flexible, transnacional y sofisticada orientada a la infiltración económica. ¿Estamos combatiendo este enemigo del siglo XXI con las herramientas correctas, o nos limitamos a reaccionar ante la urgencia de la estadística diaria?

Gobernar es la administración de la realidad. Por lo tanto, en ese entendido, la realidad estatal ha mostrado tempranas señales de fragilidad operativa. El paso fugaz de Trinidad Steinert por el Ministerio de Seguridad —una exfiscal con credenciales sólidas en crimen organizado que duró apenas 69 días antes de que se le solicitara la renuncia— puso de manifiesto que el tránsito de la retórica electoral a la conducción gubernamental es un camino empinado. A pesar de haber estructurado tres ejes estratégicos razonables —control de fronteras, eficiencia policial y combate financiero al crimen organizado—, su salida forzada expuso la inmensa dificultad de coordinar de manera ágil a Carabineros, la PDI y los servicios de inteligencia.

Si la dificultad radica en el propio diseño de gestión del Estado, ¿Basta con cambiar rostros en el gabinete?

La respuesta del Ejecutivo ante este nudo ciego ha sido proponer una profunda reforma constitucional. La iniciativa busca crear un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública para combatir al terrorismo y al crimen organizado. Lo controversial reside en la envergadura de sus herramientas: un régimen excepcional que podría extenderse de forma extraordinaria hasta por 240 días, otorgando al Ejecutivo la facultad de restringir libertades tan esenciales como la locomoción, la reunión y la asociación.

Aquí donde la política chilena entra en una zona de alta turbulencia. Al constatar la seria dificultad de alcanzar el quórum de cuatro séptimos (4/7) en la sala del Senado para aprobar la reforma en general, y ante la amenaza inminente de que el proyecto sea archivado sin posibilidad de legislar sobre la materia por un año completo, una idea disruptiva comenzó a rondar los pasillos de La Moneda: convocar a un plebiscito ciudadano.

El origen de esta alternativa se remonta a las declaraciones del ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien planteó que frente al resquemor de los sectores garantistas, se le debería "preguntar a la gente si está de acuerdo o no en que haya más fuerza por parte de las fuerzas de orden y seguridad". La respuesta oficial no tardó en llegar. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, defendió que el referéndum "es una opción que no se puede descartar" bajo el argumento de ajustar el ordenamiento jurídico a la exigencia de la ciudadanía.

Sin embargo, plantear la vía del plebiscito en el Chile actual despierta fantasmas muy difíciles de ignorar. El país arrastra la fatiga de procesos constitucionales recientes y extenuantes. Sectores políticos, incluso dentro del oficialismo, advierten de forma explícita sobre los riesgos de esta fórmula. El senador de Renovación Nacional, Miguel Ángel Becker, manifestó abiertamente su aprensión: "Espero que no sea necesario llegar a un plebiscito... ya tuvimos suficientes cosas los últimos años, es probable que la gente no quiera tener, con respecto a eso, más votaciones". Su advertencia va al hueso de la estabilidad: la medida "vuelve a dividir al país", por lo que exhorta a resolver las diferencias en el Parlamento.

Por su parte, el diputado Diego Schalper fue aún más tajante al calificar la propuesta como una "caricatura" y pedir que se dejen de "hablar tonteras", recordando que los plebiscitos en Chile están estrictamente regulados por el artículo 128 de la Constitución, requiriendo mayorías extraordinarias de dos tercios si el Congreso insiste a contrapelo del Presidente. Para Schalper, la grandilocuencia estéril desvía el foco de lo urgente: "Cada día que pasa, el único que gana es el Tren de Aragua".

Frente a tales escenarios comienzan a surgir en mí las preguntas: ¿Nos encontramos ante una genuina búsqueda de legitimidad democrática o frente a una peligrosa maniobra de oportunismo político? El intento de resolver el debate legislativo mediante una consulta popular abre interrogantes severas sobre la gobernabilidad. Si el oficialismo opta por revivir la vía plebiscitaria, tensionando el sistema para destrabar su agenda, ¿qué impide que las fuerzas opositoras negocien intereses particulares a cambio de gobernabilidad? ¿Qué ocurre con la confianza de los inversionistas a largo plazo si la estabilidad social y política del país pende permanentemente del resultado de una nueva polarización electoral?

La lección internacional de naciones que enfrentaron amenazas estructurales similares —como Italia, el Reino Unido y el modelo integral que promueve Europol— indica que el éxito no reside en el espectáculo de la confrontación política o electoral, sino en el fortalecimiento silencioso de los sistemas de inteligencia fiscal, la desarticulación financiera de las bandas y la persecución de quienes lavan el dinero.

La pregunta de fondo, por lo tanto, sigue abierta y nos desafía a todos de manera racional: ¿Queremos un Estado capaz de investigar con sofisticación y eficacia operativa, o preferimos delegar un poder excepcional sin contrapesos claros bajo la promesa de un orden rápido? ¿Estamos dispuestos a arriesgarnos a un nuevo ciclo de división social mediante plebiscitos con tal de destrabar una reforma legislativa? y, finalmente, la interrogante de la que nadie puede escapar: ¿Aceptaríamos con la misma tranquilidad estas severas reglas de excepción constitucional si las llaves del Estado estuvieran mañana en manos de nuestros adversarios políticos más enconados?

El debate sobre la seguridad y la libertad de nuestra República apenas comienza, para tales interrogantes, la respuesta no admite eslóganes.

El debate queda abierto para enfrentarlo con responsabilidad cívica, política y visión de Estado a largo plazo.

Nada más, pero tampoco nada menos.

LA FRONTERA DEL GALGO: ÉTICA, TRADICIÓN Y CLANDESTINIDAD

 

Artículo escrito por: A PASO FIRME

Bienvenidos, hoy vamos a incomodarnos. Vamos a hablar de las carreras de galgos, pero no desde el eslogan ni desde la superioridad moral de quien cree tener la verdad absoluta. Generalmente, cuando surge este tema, la respuesta parece servida: si hay maltrato, se prohíbe. Es una lógica lineal, casi higiénica. Pero, ¿qué pasa cuando dejamos de discutir desde la emoción y empezamos a preguntarnos qué estamos legislando realmente?.

La pregunta que abre este debate no es si amamos a los animales, sino por qué algunas prácticas nos resultan intolerables mientras otras, igualmente cuestionables en términos de bienestar animal, son celebradas como patrimonio cultural. ¿Estamos legislando contra el dolor o estamos legislando contra una expresión cultural que simplemente ya no nos gusta?. Porque, seamos honestos, no son la misma cosa. Hoy nos sumergimos en la grieta que hay entre la intención de una ley y sus resultados reales.

Prohibir es una palabra con un poder seductor en la política. Da la sensación de que el problema desapareció en el momento en que se redactó la norma. Pero la realidad es terca. Una cosa es prohibir una conducta y otra, muy distinta, es lograr que esa conducta deje de ocurrir.

Aquí aparece la primera paradoja racional: ¿qué sucede con una actividad que ya existe y que se desplaza a la clandestinidad?. Un canódromo clandestino no pide permisos, no tiene veterinarios a la vista y no necesita anunciarse en redes sociales; puede esconderse tras cualquier predio rural. Entonces, nos enfrentamos a una posibilidad aterradora: ¿y si nuestra prohibición, lejos de proteger al animal, lo vuelve invisible para el Estado y lo deja más vulnerable que antes?.

Miramos a Argentina, donde la ley 27.330 prohibió las carreras en 2016. Pero un ejemplo extranjero no responde automáticamente qué debe hacer Chile. No demuestra, por sí solo, que la prohibición erradique el maltrato. Si el objetivo es el bienestar, debemos preguntarnos si es mejor un sistema ciego que prohíbe o uno con ojos que regula y fiscaliza con dureza.

Vayamos a un punto todavía más filoso. Si el problema central es que alguien droga a un perro, lo entrena brutalmente o lo abandona cuando deja de ser útil, ¿por qué el foco no está puesto, con toda la fuerza del derecho, sobre ese individuo?. Hay un ser humano detrás de cada decisión de maltrato, a menudo movido por un beneficio económico.

En Chile ya tenemos leyes de maltrato y tenencia responsable. Sin embargo, la discusión parlamentaria admite una brecha enorme entre la norma y la capacidad de fiscalizar. Esto nos lleva a una pregunta incómoda: ¿estamos ante un problema de falta de leyes o de una incapacidad crónica para hacer cumplir las que ya tenemos?. Podemos elevar las penas hasta el cielo, pero si nadie controla, si nadie investiga y nadie llega al predio donde ocurre el hecho, la ley es solo una hermosa declaración de principios vacía de contenido.

Hablemos ahora del criterio de universalidad. Si decidimos que las carreras de galgos deben desaparecer por el riesgo o el sufrimiento que implican, ¿qué hacemos con el rodeo? ¿Qué hacemos con las carreras a la chilena?.

Aquí es donde la racionalidad choca con la política. Muchas de estas prácticas tienen un "blindaje cultural" por su tradición y arraigo. Pero si el criterio ético es el bienestar animal, ese criterio debería ser universal. No puede existir una ética animal selectiva donde el sufrimiento de un galgo nos indigne, pero el de un animal en otra tradición nos resulte aceptable solo porque tiene más respaldo político.

¿Cuál es entonces la balanza con la que vamos a medir esto? ¿Es la tradición, la cantidad de gente que participa o la aceptación social?. Si concluimos que la tradición no justifica una práctica, debemos tener el coraje de revisar cuántas otras tradiciones estamos dispuestos a poner bajo el mismo microscopio. Lo contrario no es ética, es conveniencia social.

Este dilema no es nuevo. No nació en el Congreso actual. Hace casi dos mil años, Plutarco ya discutía que los animales no son simples seres carentes de inteligencia. Él les atribuía memoria, propósito y emociones, cuestionando la idea de que estuvieran desprovistos de razón.

Si aceptamos que el animal siente dolor y tiene capacidades cognitivas, el campo ético se expande de forma gigantesca. Ya no se trata solo de galgos; se trata de qué obligaciones tenemos nosotros, los humanos, respecto a seres que hemos domesticado y puesto bajo nuestra absoluta dependencia. El animal no eligió ser competidor, ni mascota, ni parte de un espectáculo. Esa falta de elección aumenta nuestra responsabilidad, pero tampoco debe llevarnos al extremo de pensar que toda interacción humano-animal es explotación. Debemos distinguir entre bienestar animal real y el sentimentalismo que a veces cae en la antropomorfización.

Para cerrar, volvamos a la tierra. El galgo no vota, no tiene sindicato ni capacidad de presión política. Su destino depende exclusivamente de nuestra capacidad de ser serios.

La pregunta final, la más brutal de todas, es esta: ¿Qué decisión concreta hará que hoy haya menos animales sufriendo?. No quién ganó la votación, ni quién se vio más compasivo en televisión. Si una prohibición produce resultados reales, discutamos sus méritos. Pero si solo desplaza la crueldad a la sombra, tengamos la honestidad intelectual de admitir que una buena intención puede generar un resultado nefasto.

Quizás el problema no sea el galgo. Quizás el problema seamos nosotros y nuestra dificultad para aplicar principios coherentes, incluso cuando incomodan a nuestros amigos o nuestras propias costumbres.

No tengo una respuesta cerrada, y quizás nadie debería tenerla todavía. Porque cuando una sociedad deja de hacerse preguntas incómodas y prefiere las consignas, pierde la capacidad de pensar. Detrás de cada carrera hay un animal que no puede hablar. Lo mínimo que le debemos es una discusión con menos pasión ciega y mucha más responsabilidad racional.

El debate queda abierto.

TRES PIES DE CUECA Y UN PAÍS QUE NO PUEDE DARSE EL LUJO DE BAILAR

Artículo escrito por: A PASO FIRME

Hoy reflexionaré brevemente sobre lo que considero es un descriterio respecto de la situación que  vive nuestro país y, la iniciativa porfiada de algunos parlamentarios para lograr que este 17 de septiembre 2026 sea feriado.

Hay algo profundamente equivocado en la política chilena cuando, en medio de un país que necesita desesperadamente recuperar el empleo, la productividad y el crecimiento, una parte de nuestros parlamentarios encuentra como prioridad regalarle a Chile un día más de descanso. El 18 de septiembre de este año cae viernes y el 19, sábado. Aun así, en la Cámara de Diputados avanzan iniciativas para convertir el jueves 17 en feriado. Entre ellas está la impulsada por Zandra Parisi, del Partido de la Gente. ¿De verdad este es el gran problema que Chile necesita resolver?

Mientras algunos parlamentarios calculan cuántas cuecas caben en un fin de semana largo, otros deberíamos estar calculando cuántos empleos necesita Chile crear para que miles de familias puedan llegar a fin de mes con esa dignidad que tanto pregonan. La tasa de desempleo llegó a 9,4% en el trimestre abril-junio de 2026 y la informalidad laboral alcanzó el 27%, equivalente a más de 2,5 millones de personas. Ese es el Chile real, el de quien busca trabajo, el de la persona que sobrevive en la informalidad, el de la pyme que mira su estructura de costos y no sabe cómo absorber una nueva exigencia laboral, y el del trabajador independiente que no tiene aguinaldo ni sueldo asegurado.

Es en este escenario donde nuestros honorables legisladores descubren que la prioridad nacional es un jueves libre. Recordemos algo elemental, los feriados no son gratuitos. Para quien recibe una remuneración mensual y puede disfrutar de un día adicional de descanso, puede parecer una excelente noticia, sin embargo, alguien tiene que producir, abrir, transportar, atender, fabricar y prestar servicios. Cuando determinadas actividades no pueden detenerse, las empresas deben reorganizar sus operaciones y absorber mayores costos y aquí es donde se produce el problema, porque el impacto puede ser especialmente duro para las pequeñas y medianas empresas, que no tienen la espalda financiera de una gran empresa o corporación.

Esto ocurre, además, después de una sucesión de reformas que han incrementado los costos asociados al empleo formal. La reducción progresiva de la jornada laboral, el aumento de las cotizaciones previsionales y el incremento del sueldo mínimo pueden tener objetivos perfectamente legítimos. Nadie debería confundir esta crítica con una defensa de sueldos miserables o de jornadas abusivas. El problema es otro, toda política tiene un costo y alguien debe pagarlo. Ese principio parece desaparecer del debate cuando se acerca una elección.

La Ley de 40 Horas ya llevó la jornada laboral a 42 horas desde abril de 2026 y la reducirá a 40 en 2028. Paralelamente, las empresas enfrentan mayores costos laborales y un mercado en el que contratar formalmente sigue siendo una decisión difícil, particularmente para las unidades productivas más pequeñas.

Por eso conviene preguntar, ¿quién paga la fiesta?

Porque las Fiestas Patrias tampoco son gratis. Una salida familiar a una fonda, una comida, transporte, juegos, bebidas o simplemente un paseo implican gastos adicionales. Para una familia que llega con holgura a fin de mes, puede ser una oportunidad agradable. Para quien está desempleado, trabaja informalmente o apenas consigue cubrir sus necesidades básicas, un feriado adicional no necesariamente constituye una mejora de su calidad de vida. Puede convertirse simplemente en un día adicional en que aparece la tentación de gastar dinero que no tiene.

Mientras tanto, quienes votan estas leyes seguirán recibiendo su remuneración. La dieta parlamentaria no se suspende porque el Congreso haya decidido que el resto del país descanse.

Y aquí aparece el problema político de fondo, el mismo de siempre: el populismo.

Ponga atención y seamos honestos, no estoy hablando de una cueca. Tampoco de estar en contra de las Fiestas Patrias. El problema es utilizar una decisión de dudoso beneficio económico para obtener una recompensa política inmediata. Porque es extraordinariamente fácil decirle al ciudadano: “Yo conseguí que tengas un día más feriado”. Mucho más difícil es decirle: “Voy a impulsar medidas para aumentar la productividad, facilitar la contratación, atraer inversión y generar empleos formales y mejor remunerados”.

Lo primero produce aplausos inmediatos. Lo segundo exige explicar economía y ahí hay un abismo en la clase política actual.

La política populista siempre prefiere el aplauso inmediato, el apretón de manos falso y el abrazo cínico e hipócrita.

Por eso resulta particularmente paradójico que uno de los impulsores sea el Partido de la Gente. Si pretende representar al trabajador, a la clase media y al pequeño empresario que se parte el lomo trabajando, debería ser precisamente quien entendiera que la mejor política para la gente no siempre es la que la gente quiere escuchar. Un buen representante no está para repartir caramelos. Está para tomar decisiones difíciles, incluso cuando esas decisiones no generan aplausos.

En todo esto hay un aspecto todavía más preocupante: la utilización de la representación parlamentaria como mecanismo de presión sobre el Ejecutivo. Si efectivamente se pretende condicionar otras materias legislativas a que el Gobierno apoye esta iniciativa, estaríamos ante una práctica políticamente inaceptable. Los votos de los diputados no son propiedad personal ni moneda de cambio. Son una representación otorgada por los ciudadanos para legislar en función del interés público. No son fichas de casino que puedan utilizarse para negociar favores políticos.

Por eso, en este caso, la posición del Gobierno merece respaldo. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha advertido sobre los efectos de un feriado adicional y el Ejecutivo ha manifestado que no están dadas las condiciones para modificar el calendario.

No porque un feriado sea una catástrofe nacional. No lo es. Tampoco porque descansar sea malo. Todo lo contrario. El descanso es necesario y las Fiestas Patrias son parte de nuestra identidad y de nuestra cultura.

Sin embargo, jamás debemos olvidar que gobernar responsablemente también significa saber decir que no.

Chile necesita recuperar productividad, empleo formal, inversión y crecimiento. Necesita que contratar a una persona vuelva a ser una decisión razonable para una pequeña empresa. Necesita que el trabajador tenga oportunidades reales de aumentar sus ingresos y no solamente más días libres para administrar un presupuesto cada vez más escaso.

Un país no sale del subdesarrollo porque sus ciudadanos tengan más feriados. Un país sale del subdesarrollo cuando produce más, invierte más, innova más y consigue que sus trabajadores ganen más porque su productividad aumentó. En otras palabras, debemos dejar de hablar de horas de trabajo y convertir el relato en cuánto producimos en esas horas de trabajo.

Eso exige algo bastante menos popular que regalar un jueves, requiere trabajo, disciplina, inversión, educación, productividad y responsabilidad fiscal.