CHILE - EL BANQUETE DE LOS CÍNICOS Y LA COMPLICIDAD DEL SOBERANO

Artículo escrito por: A PASO FIRME

    Bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis crítico y reflexiones profundas. Hoy no iré en búsqueda de consensos ni alivios retóricos, en esta oportunidad intentaré diseccionar en lo que considero una autopsia nacional, la anatomía de un fracaso que a mi juicio tiene dos responsables: una clase política parasitaria y una sociedad, el llamado "soberano", que parece disfrutar de su propio ridículo. Es de esta forma que pienso que Chile no solo atraviesa una crisis económica, atraviesa un desahucio valórico, ético y moral.

    Lo que en los años 90 era un crecimiento vigoroso cercano al 7% anual, hoy es una "fantasía nostálgica" donde celebrar un crecimiento del 2% se vende como un logro. Esta parálisis es el resultado de una clase política que ha utilizado al país como un "laboratorio de aficionados", implementando experimentos que, desde Bachelet hasta Boric, han destruido la inversión y la productividad bajo el pretexto de una justicia social que nunca llega a los que financian la fiesta.

     La irresponsabilidad ha sido transversal. Mientras unos se embriagaron con el precio del cobre sin hacer reformas estructurales, otros descapitalizaron Codelco para mantener una ficción de balance fiscal.

     Recientemente, en un evento de lanzamiento del libro del exMinistro de Hacienda Mario Marcel titulado "La montaña rusa. Crónica de una crisis y cómo se superó" - vaya crisis y crónica del tamaño de una montaña rusa que nos heredó Marcel -, en esa actividad se le recordó a la administración económica de Marcel/Grau/Martínez del gobierno de Boric, que la suma de sus reformas elevó los costos laborales de forma desastrosa, ignorando que uno de los deberes fundamentales del Estado es garantizar las condiciones y clima para la generación de inversiones y empleo sostenible y sustentable por parte de privados. Pero mientras la economía se congela para el ciudadano, el Estado engorda de forma mórbida, negándose sistemáticamente a ponerse a dieta.

     La "pornografía del privilegio" en el aparato público hoy es impresentable. Es irracional que asesores del Consejo de Defensa del Estado perciban sueldos superiores a los 15 millones de pesos, o que Secretarios del Congreso alcancen remuneraciones brutas de 19 millones, superando incluso al Presidente de la República.

    Todavía resuenan en mi memoria afirmaciones del año 2014, cuando en el marco de la tramitación de la ley que puso fin al sistema binominal, modificando la composición de la Cámara de Diputados de 120 a 155 escaños y el Senado de 38 a 50 integrantes, defendieron públicamente la célebre frase de que la reforma electoral tendría un "costo adicional cero" o que "no generaría costos adicionales", fueron Álvaro Elizalde en su rol de ministro vocero de Gobierno, que defendió reiteradamente en medios de comunicación que “el incremento de legisladores iba a funcionar con los mismos recursos, que se iban a reasignar", por otra parte Rodrigo Peñailillo como ministro del Interior, insistió ante los informes técnicos que proyectaban un gasto millonario que, si bien la logística conllevaba recursos, para el Estado el impacto neto sería "igual a cero" debido a ajustes internos en el presupuesto del Congreso. Quizás 12 años hayan mermado la memoria de muchos, pero para otros sigue presente como si hubiera ocurrido ayer.

    Este escenario se vuelve violento al compararlo con la vieja tradición republicana del expresidente don Jorge Alessandri Rodríguez, quien caminaba desde su departamento en calle Phillips hacia La Moneda como un ciudadano común, convencido de que a la vida pública se va a servir y no a recibir honores ni beneficios. Hoy, esa mística ha sido asesinada por una casta que se cree aristocracia, rodeada de autos de lujo y choferes pagados por quienes apenas llegan a fin de mes.

     Incluso el Poder Judicial, que debería ser la reserva ética de la nación, se encuentra sumido en investigaciones por influencias indebidas y conductas que provocan "vergüenza y conmoción". El descrédito no es solo por la corrupción de turno, sino por una historia de fallos que han recurrido a "ficciones jurídicas" para imponer sesgos ideológicos por sobre la aplicación imparcial de la ley. Cuando el sistema judicial deja de inspirar respeto para generar sospechas, la República pierde su cimiento moral.

     Sin embargo, el diagnóstico más punzante apunta a nosotros, me refiero a usted y a mí, al llamado "soberano". Es patético ver a una sociedad que derrocha indignación en redes sociales pero que frente a la urna, valida con su indiferencia a quienes deberían estar desterrados de la vida pública por su ineptitud. El soberano hace el ridículo cuando permite que miembros de los tres Poderes del Estado y sus instituciones anexas, sean los grandes ausentes en cualquier medida de austeridad, mientras permite que sumisamente se financie esta fiesta con impuestos cada vez mayores. Validamos un sistema donde el privilegio del funcionario público es intocable, mientras el trabajador privado asume en solitario los costos de la crisis.

     La democracia tiene muchas virtudes, pero también tiene una exigencia ineludible y es que obliga a asumir las consecuencias de las decisiones colectivas. Ningún político llega solo al poder, ningún parlamentario se elige solo, ningún sistema se perpetúa sin consentimiento. Por eso el problema no puede reducirse únicamente a la conducta de quienes gobiernan, debe necesariamente incluir a quienes observan, se indignan, critican y finalmente vuelven a validar las mismas prácticas mediante la indiferencia, la resignación o el voto desinformado, peor aún, asumiendo en una multa la desidia de no votar - pudiendo hacerlo -, como si el pago de esa multa los eximiera de su responsabilidad.

     El actual intento de "sinceramiento" económico y las medidas de shock para frenar el déficit estructural son esfuerzos necesarios y a la vez decisiones forzosamente duras para un país que lleva décadas golpeado por la irresponsabilidad e incluso ineptitud fiscal, pero serán estériles todas aquellas medidas si no reconocemos que el sistema en su conjunto ha perdido su brújula moral.

     Un Estado obeso puede corregirse, una economía golpeada puede recuperarse, las instituciones pueden reformarse, pero ninguna transformación será duradera mientras la sociedad continúe exigiendo responsabilidad a otros, excepto a sí misma, porque al final, la pregunta decisiva no es cuánto está dispuesto a cambiar el Estado, la pregunta es cuánto está dispuesta a cambiar una ciudadanía que durante demasiado tiempo ha tolerado lo que dice condenar.

     Creer que el silencio nos exime de culpa o que la inacción es un refugio neutral es la mayor de nuestras ficciones modernas. Quien decide restarse de las decisiones comunes, argumentando hastío o una falsa superioridad moral, no hace más que firmar un cheque en blanco a la injusticia. No existe la inocencia en la omisión, porque el abandono de la responsabilidad cívica es en sí mismo, un voto activo en favor de la decadencia. Olvidamos —o fingimos olvidar— que esta cobardía disfrazada de prudencia ya fue juzgada y condenada hace milenios: quien puede evitar la ruina de los suyos y elige callar, no es un ciudadano libre, sino el más peligroso de los desertores.

     Chile ya no resiste más promesas; necesita que el soberano recupere la decencia o que, al menos, tenga el valor de aceptar que es el arquitecto de su propio colapso.

ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL - La sanción que no sanciona

 

Artículo escrito por: A PASO FIRME

    Bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis y reflexión, hoy quiero poner la atención en una herramienta que en los últimos años ha sido bastante controvertida.

    Hay instituciones que nacen para proteger la República y terminan convertidas en una representación de sí mismas. La acusación constitucional en Chile corre cada vez más ese riesgo.

    Su propósito original es claro, se trata de establecer la responsabilidad política de autoridades que han incurrido en conductas graves incompatibles con el cargo que ejercen y, la sanción máxima que contempla es la destitución y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años, sobre el papel parece una sanción severa, sin embargo y en la práctica, muchas veces parece una reprimenda temporal.

    El caso del exministro de Hacienda Nicolás Grau vuelve a poner esta contradicción sobre la mesa; quienes impulsan la acusación sostienen que existieron graves errores en la conducción de las finanzas públicas, con consecuencias relevantes sobre el déficit fiscal, el endeudamiento y la situación presupuestaria del Estado. En ese sentido, la sanción que buscan es la máxima contemplada por la Constitución, vale decir, cinco años de inhabilitación para ejercer funciones públicas.

    Aquí es donde surge una pregunta incómoda, ¿Qué significa realmente esa sanción?, si una persona deja de ser ministro y regresa a la academia, al sector privado, a la consultoría o a cualquier actividad profesional fuera del aparato estatal, la inhabilitación no le impide trabajar, generar ingresos ni desarrollar una carrera. Lo que la sanción le prohíbe es únicamente ocupar cargos públicos durante un período determinado, nada más.

    Nuestra historia reciente ofrece un ejemplo revelador, en 2008 Yasna Provoste fue destituida como ministra de Educación e inhabilitada para ejercer cargos públicos por cinco años, cumplido ese plazo ella regresó campante a la política, fue elegida parlamentaria, llegó al Senado y terminó convirtiéndose en Presidenta de la Cámara Alta. La sanción más grave que contempla la Constitución no le cerró definitivamente ninguna puerta, apenas retrasó su regreso, le dio un respiro, un descanso.

    Aquí es donde aparece la paradoja, una persona puede ser considerada lo suficientemente negligente o responsable de actos lo suficientemente graves como para merecer la máxima sanción política disponible, pero una vez transcurridos cinco años puede volver a ocupar exactamente los mismos cargos o incluso aspirar a otros superiores, podría llegar a ser ministra nuevamente, podría presidir el Senado, podría incluso convertirse en Presidente de la República.

    En este punto es donde surge una pregunta fundamental, si una conducta es tan grave como para justificar una acusación constitucional, ¿por qué la consecuencia práctica termina siendo tan limitada?, pero existe una pregunta aún más incómoda, si las conductas imputadas son tan graves para justificar una acusación constitucional, ¿por qué nadie parece interesado en determinar si existe algo más que una mera responsabilidad política?

    Cuando miles de millones de dólares en compromisos fiscales quedan fuera de los registros de un ejercicio presupuestario y son trasladados al siguiente; cuando las estimaciones de ingresos resultan profundamente equivocadas; cuando el déficit se amplía; cuando la deuda pública continúa creciendo; cuando un gobierno, a semanas de abandonar el poder, compromete recursos que deberá administrar la siguiente administración, la discusión deja de ser exclusivamente técnica.

    Vuelvo nuevamente con otra pregunta inevitable y en este caso es otra más difícil e incómoda de hacer y responder, ¿Estamos frente a simples errores?, porque si fueron simples errores, la acusación constitucional parece excesiva, pero si no fueron simples errores, entonces la acusación constitucional parece insuficiente.

Este es el dilema que gran parte de la clase política parece querer evitar a propósito, intencionalmente.

    La ciudadanía escucha hablar de "responsabilidad política" como si se tratara de una categoría abstracta, desconectada de cualquier consecuencia real, sin embargo, detrás de cada error presupuestario existen recursos públicos, programas sociales, inversiones postergadas, deuda que deberán pagar futuras generaciones y restricciones que terminarán soportando millones de contribuyentes.

    Por eso resulta legítimo preguntarse por qué el debate parece terminar siempre en la misma estación, una acusación constitucional, algunos discursos encendidos, mucha cobertura mediática en prensa y redes sociales, luego una votación parlamentaria y una eventual inhabilitación temporal, nada más, no hay más!.

    Ya en este punto emerge una sospecha que erosiona la confianza pública, me refiero a la percepción de que el sistema político ha construido mecanismos suficientemente severos para producir titulares, pero no necesariamente para producir consecuencias, gobiernos de distintos signos ideológicos se suceden unos a otros, oficialismos se convierten en oposiciones y oposiciones se convierten en oficialismos. Todos saben que tarde o temprano ocuparán el lugar del adversario y, cuando eso ocurre, la tentación de moderar las sanciones contra quienes hoy están al frente se vuelve evidente, no es necesario demostrar un pacto entre los que buscan sancionar y los que protegen al que se quiere sancionar, basta con observar el resultado.

    Las responsabilidades políticas suelen terminar exactamente donde comienzan las responsabilidades verdaderamente incómodas. La acusación constitucional concebida como una herramienta excepcional para proteger las instituciones, corre así el riesgo de convertirse en una válvula de escape lo suficientemente estridente para aparentar control, pero demasiado limitada para alterar realmente el destino de quienes son sancionados, las cifras ayudan a entender el problema.

    Durante los últimos cuatro gobiernos completos, las acusaciones constitucionales aprobadas contra ministros y autoridades han sido excepcionales frente al total de libelos presentados. En el gobierno del presidente Boric, nueve acusaciones fueron rechazadas, en los gobiernos anteriores al de Boric, la regla general también ha sido el fracaso de estos procesos o la aplicación extremadamente excepcional de sanciones, al final del día mucho ruido, pocas, escasas y más bien nulas consecuencias  y, cuando alguna sanción finalmente prospera, la experiencia demuestra que cinco años pasan bastante rápido y con una buena rentabilidad, más rápido aún cuando la memoria cívica es corta.

    Al final de esta triste columna, quizás el verdadero problema no sea Nicolás Grau, tampoco lo sea Yasna Provoste, ni ningún nombre en particular. El verdadero problema es un sistema que parece incapaz de decidir qué considera realmente grave.

    Entendámonos bien, si comprometer seriamente las finanzas públicas, administrar deficientemente recursos que pertenecen a todos los chilenos o adoptar decisiones que condicionan a gobiernos futuros constituye una falta menor, entonces la acusación constitucional sobra, pero si esas conductas son realmente tan graves como se afirma en cada conferencia de prensa y en cada discurso parlamentario, entonces la pregunta se vuelve ásperamente inevitable, ¿Por qué la máxima sanción política de la República termina pareciéndose tanto a una suspensión temporal con fecha de vencimiento?

    Cuando la sanción más severa que contempla el sistema puede convertirse apenas en una pausa antes del regreso a la vida pública, el problema deja de ser la conducta del acusado, el problema pasa a ser la credibilidad de la propia sanción y peor aún, los que la promueven.

    Una República que pierde la capacidad de sancionar con seriedad termina enviando un mensaje peligroso y es que, los errores graves se pagan poco, que las responsabilidades se diluyen con el tiempo y que, al final, siempre existe una segunda oportunidad para quienes ejercieron mal el poder, aunque las consecuencias de sus decisiones las sigan pagando otros.

    ¿Cuándo aprenderemos la lección?, me refiero al soberano, porque los otros al igual que los bueyes, nunca se dan cornadas entre ellos.

LA TRAGEDIA DE UNA DEMOCRACIA SIN CIUDADANOS

Artículo escrito por: A Paso Firme 

 Bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis y reflexión. Hoy abordo un tema respecto del que quiero que nos detengamos un momento a pensar y, es algo sobre lo que solemos dar por sentado. Siempre nos han dicho que la mayor virtud de la democracia es que todos tenemos voz. Pero, ¿se han puesto a pensar en su verdadera tragedia? No es que todos hablen, sino que, frente a una urna, el peso de una idea brillante y el peso de la más profunda ignorancia valen exactamente lo mismo.

La democracia libera una fuerza numérica inmensa, la de las mayorías. El problema es que, cuando esas mayorías dejan de ser ciudadanos que reflexionan y se convierten en masas movidas solo por la emoción o la manipulación, el sistema empieza a pudrirse desde adentro. Y es que la democracia no nos garantiza sabiduría; nos garantiza participación, y son dos cosas radicalmente distintas.

Si miramos la historia, las sociedades rara vez caen por enemigos externos; se erosionan por dentro cuando olvidan qué es lo que las sostiene. Chile no es la excepción. Nuestra crisis actual nace de ahí: de décadas donde la política dejó de formar ciudadanos para dedicarse a fabricar consumidores de ideologías.

Quienes nacimos en los años 60 recordamos un país distinto. No digo que fuera perfecto ni libre de conflictos, pero había estructuras. Había respeto por el profesor, por la autoridad, un sentido del deber y una disciplina que hoy parecen de otro mundo. En ese entonces, la educación cívica nos enseñaba que la democracia no era solo un catálogo de derechos para exigir, sino una obligación moral de participar con responsabilidad.

Luego, algo se rompió. Las consignas reemplazaron a las ideas y la emoción le ganó a la reflexión. La política descubrió que era más rentable agitar resentimientos que formar conciencias. Esa polarización nos llevó al quiebre de 1973 y a diecisiete años sin democracia. Sé que muchos, por comodidad o conveniencia, prefieren ver ese periodo como una caricatura: o pura estabilidad o solo oscuridad. Pero la historia honesta es compleja. Hubo una ausencia de pluralismo y libertades, sí, pero también una disciplina social, un respeto institucional y una continuidad económica que muchos percibían a diario y que terminaron moldeando el Chile moderno. Mirar esto sin fanatismo es, simplemente, honestidad intelectual.

Lo irónico es que esos años nos entregaron una sociedad, en muchos sentidos, más estructurada para volver a la democracia. Había límites claros y el esfuerzo aún tenía prestigio. Pero la democracia que recuperamos en los 90, en lugar de fortalecer esos cimientos, empezó a desmontarlos. La educación cívica salió de las salas de clases. La autoridad del profesor se erosionó hasta lo impensable. De pronto, lo que antes era falta de respeto se celebró como rebeldía política. ¿Recuerdan aquel jarro de agua lanzado a una ministra? Fue un símbolo devastador: degradar la autoridad ya no daba vergüenza, daba capital político.

Mientras tanto, la clase política se encerró en su propio ecosistema, lejos de la gente común. La democracia, que debía limitar el poder, terminó creando élites que viven del conflicto eterno. Les dimos nuestro voto y ellos lo usaron para cavar trincheras ideológicas y proteger sus privilegios. La pirámide se invirtió: ahora somos nosotros los que trabajamos para sostener estructuras políticas que solo parecen existir para perpetuarse a sí mismas.

Hoy, esas consecuencias han dejado de ser teoría para volverse nuestra realidad cotidiana. Lo vemos cuando la violencia física reemplaza a la palabra, como en esa agresión a puños y patadas contra un parlamentario en un club deportivo, un síntoma brutal de que ya no hay espacios sagrados para el respeto. Lo vemos cuando se llama a “rodear” el Congreso para imponer exigencias por la fuerza, o cuando se bloquean debates antes de que siquiera comiencen, restando votos para la discusión inicial solo por cálculo político.

Incluso vemos grupos parlamentarios dedicados a presentar miles de indicaciones, no con el afán de mejorar una ley, sino con el objetivo mezquino de paralizar al gobierno de turno. Pero debemos entender algo: el resultado final no es solo un gobierno estancado; el verdadero resultado es un país que ha extraviado el valor del diálogo. Al dejar de reconocer al otro como un rival legítimo, hemos permitido que el espíritu de nuestra democracia se vacíe de contenido, dejando atrás solo instituciones de cartón.

Votar no basta. Una urna no convierte mágicamente a alguien en un ciudadano consciente. Podemos seguir teniendo elecciones mientras nos hundimos en el populismo, la dependencia y el resentimiento. El daño más profundo ha sido cambiar el deber por el derecho. Se nos enseñó a exigir, pero no a contribuir. Se habló de derechos, pero se olvidó la responsabilidad, el mérito y el autocontrol, entonces, lo que tenemos como resultado es una sociedad de masas hipersensibles y líderes oportunistas, donde cualquier límite se siente como opresión.

En este “modelo de democracia”, el premio se lo lleva el que grita más fuerte, el que simplifica lo complejo y el que alimenta las emociones más básicas. Decir la verdad o pensar demasiado hoy cuesta votos y popularidad. Por eso, los peores ascienden y los prudentes callan para evitar ser destruidos.

Pero no nos equivoquemos, el problema no es solo la democracia, el problema es una sociedad que olvidó cómo sostenerla. Las democracias no solo mueren por golpes militares; mueren cuando los ciudadanos dejan de actuar como tales. Mueren cuando la familia no transmite respeto, mueren cuando la autoridad es ridiculizada y mueren cuando la verdad se percibe como una agresión personal.

Al final, la pregunta más inquietante no es si la democracia fracasó. La verdadera pregunta es si todavía somos una sociedad con la madurez suficiente para merecerla.

CHILE NO COMENZÓ EL 11 DE SEPTIEMBRE

Artículo escrito por: A PASO FIRME

Bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis y reflexión. Hoy abordo un tema del que llevamos más de 50 años intentando conciliar y es comprender que Chile no comenzó el 11 de septiembre de 1973.

Nací en la década de los 60 y fui testigo de uno de los períodos más complejos y dolorosos de la historia de Chile. No aprendí sobre 1973 en redes sociales ni en documentales producidos muchos años después; lo viví junto a mi familia, junto a millones de chilenos que experimentaron la polarización, el miedo, la escasez, la violencia política y el quiebre institucional.

En mi hogar, como en muchos otros, la intervención militar fue vista como una respuesta necesaria frente a un país que parecía avanzar hacia el caos y la confrontación total. Esa fue la percepción de una gran parte de Chile en ese momento, aunque con el tiempo muchos hayan preferido silenciarlo o simplificarlo.

Este podcast no nace desde la neutralidad artificial ni desde consignas ideológicas. Nace desde la experiencia, desde la memoria y desde la convicción de que la historia de Chile no comenzó el 11 de septiembre de 1973. Mucho ocurrió antes, y entenderlo es indispensable si realmente queremos comprender lo que pasó después.

Chile vive desde hace más de cincuenta años una fractura histórica, política y emocional que sigue condicionando la forma en que distintas generaciones comprenden el pasado. El problema no radica únicamente en los hechos ocurridos entre 1970 y 1990, sino también en la manera en que esos hechos han sido relatados, interpretados y utilizados políticamente.

Durante décadas se ha intentado instalar la idea de que la historia chilena comienza el 11 de septiembre de 1973, como si el quiebre institucional hubiese surgido espontáneamente, desconectado de los acontecimientos previos. Sin embargo, cualquier análisis serio exige comprender el contexto completo: la crisis política, económica e institucional del gobierno de la Unidad Popular, la radicalización ideológica propia de la Guerra Fría, la existencia de grupos armados revolucionarios, la polarización extrema de la sociedad chilena y la posterior intervención militar.

Comprender ese contexto no implica negar ni relativizar lo que pueden ser considerados abusos cometidos posteriormente bajo el gobierno cívico-militar. Del mismo modo, reconocer violaciones a los derechos humanos no obliga a omitir la existencia de una crisis institucional profunda ni la violencia revolucionaria impulsada desde sectores de izquierda.

La historia de Chile no puede entenderse desde relatos absolutos ni desde consignas ideológicas. Requiere aceptar simultáneamente hechos incómodos para todos los sectores.

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El contexto político previo al 11 de septiembre de 1973

Salvador Allende llegó al poder en 1970 obteniendo la primera mayoría relativa, pero no mayoría absoluta. Conforme a la Constitución vigente, correspondía al Congreso Pleno decidir entre las dos primeras mayorías presidenciales.

La Democracia Cristiana, liderada por Eduardo Frei Montalva, terminó facilitando la ratificación de Allende mediante un acuerdo político sustentado en el denominado Estatuto de Garantías Constitucionales.

Este punto resulta fundamental porque demuestra que el acceso de Allende al poder no respondió a una mayoría nacional clara, sino a un mecanismo institucional válido dentro del sistema político chileno de la época.

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Chile en el contexto de la Guerra Fría

El conflicto chileno no ocurrió aislado del mundo. Chile se encontraba en medio de la Guerra Fría, escenario donde Estados Unidos y Unión Soviética disputaban influencia ideológica, política y estratégica en América Latina.

La revolución cubana y el liderazgo de Fidel Castro impulsaban activamente proyectos revolucionarios en la región. La extensa visita de Castro a Chile durante el gobierno de Allende fue percibida por amplios sectores políticos y sociales como una señal de creciente alineamiento ideológico con Cuba y el bloque soviético.

Documentos desclasificados posteriores confirmaron tanto la intervención estadounidense para impedir la consolidación de la Unidad Popular como la colaboración política e ideológica existente entre Cuba y sectores revolucionarios latinoamericanos.

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La crisis institucional y económica

Durante el gobierno de la Unidad Popular el país experimentó:

l Inflación descontrolada

l Desabastecimiento

l Paralización productiva

l Tomas de industrias y fundos

l Expropiaciones masivas

l Debilitamiento institucional

l Creciente violencia política

l Fragmentación social y política

Amplios sectores de la población comenzaron a percibir que el gobierno intentaba avanzar hacia un modelo revolucionario inspirado en el marxismo-leninismo.

El acuerdo de la Cámara de Diputados de Chile del 22 de agosto de 1973 acusó formalmente al gobierno de Allende de infringir gravemente la Constitución y quebrantar el Estado de Derecho.

Ese documento constituye una de las pruebas políticas más importantes para comprender que el conflicto no era exclusivamente militar, sino también institucional y parlamentario.

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La radicalización política y las organizaciones armadas

La violencia política no fue patrimonio exclusivo de un sector. Existieron organizaciones armadas de izquierda como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, laVanguardia Organizada del Pueblo, el GAP vinculado a la protección presidencial y, posteriormente el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Estas organizaciones promovían abiertamente la vía armada revolucionaria, realizaron entrenamientos militares, internación de armas, asaltos, secuestros y atentados políticos.

El asesinato de Edmundo Pérez Zujovic por el VOP en 1971 constituye uno de los casos más emblemáticos de violencia política previa al pronunciamiento militar.

Posteriormente, el FPMR ejecutó internación masiva de armas en Carrizal Bajo y realizó el atentado contra el presidente Augusto Pinochet en 1986.

Del mismo modo, existieron organizaciones de derecha como Patria y Libertad, involucradas en sabotajes, enfrentamientos y acciones violentas contra el gobierno de Allende.

Por tanto, describir el período como completamente pacífico antes de la intervención militar constituye una distorsión histórica.

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La carta de Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor

Uno de los documentos más relevantes para comprender el clima político de la época es la carta enviada por Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor tras el 11 de septiembre de 1973.

En ella, Frei responsabiliza directamente al gobierno de la Unidad Popular del quiebre institucional y denuncia:

l Destrucción del orden constitucional

l Creación de estructuras paralelas de poder

l Internación de armas

l Influencia cubana

l Preparación revolucionaria armada

La carta demuestra que la percepción de una amenaza totalitaria no era exclusiva de las Fuerzas Armadas ni de sectores de extrema derecha, sino también de parte importante del mundo democrático civil chileno.

Al mismo tiempo, Frei sostuvo la necesidad del respeto a los derechos humanos y del retorno a la democracia, reflejando la complejidad política del período.

La carta desmonta así dos simplificaciones históricas, la idea de que no existía amenaza revolucionaria y, la idea de que cualquier acción posterior del régimen militar quedaba automáticamente legitimada.

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El 11 de septiembre de 1973

El 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas de Chile intervinieron militarmente y derrocaron al gobierno de Allende.

Amplios sectores civiles apoyaron inicialmente la intervención militar, interpretándola como una respuesta frente al colapso institucional y económico del país.

Para muchos chilenos de la época, el conflicto era percibido como una confrontación existencial entre modelos incompatibles, por un lado una revolución marxista y por otro la preservación del sistema republicano tradicional.

Ese apoyo civil inicial es un hecho histórico frecuentemente minimizado en algunos relatos posteriores.

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Régimen militar, crecimiento económico y derechos humanos

El régimen encabezado por el entonces General Augusto Pinochet impulsó profundas reformas estructurales:

l Apertura económica

l Modernización del Estado

l Desarrollo de infraestructura

l Control de la inflación

l Crecimiento económico especialmente desde mediados de los años 80

Muchos consideran que dichas transformaciones sentaron las bases del modelo económico chileno contemporáneo. Sin embargo, no se puede omitir que también se cometieron serias violaciones a los derechos humanos.

La Comisión Rettig y la Comisión Valech documentaron miles de víctimas. Al mismo tiempo, existe un debate persistente respecto de eventuales falsos exonerados, irregularidades en sistemas de reparación, la utilización política de los derechos humanos y diversas controversias judiciales relativas a beneficios estatales asociados al tema. También persiste controversia sobre la figura jurídica del “secuestro permanente” aplicada en numerosos procesos judiciales relacionados con detenidos desaparecidos. Todas estas discusiones continúan generando profundas divisiones políticas y sociales.

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Violencia política posterior al retorno democrático

La violencia política no terminó inmediatamente con el fin del régimen cívico-militar. Organizaciones armadas continuaron operando durante los años posteriores, incluyendo acciones terroristas, atentados y asesinatos políticos.

El asesinato del Senador Jaime Guzmán en 1991 por miembros vinculados al FPMR sigue siendo uno de los episodios más traumáticos de la transición democrática.

La persistencia de divisiones ideológicas respecto de estos hechos refleja que la reconciliación nacional continúa siendo incompleta.

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La disputa por el relato histórico

Durante décadas, distintos sectores políticos han intentado construir relatos parciales sobre el período.

Un sector ha enfatizado exclusivamente la represión, las violaciones a los derechos humanos y, el carácter dictatorial del régimen cívico-militar. Otro sector ha enfatizado la crisis previa, la amenaza revolucionaria, el apoyo civil al pronunciamiento y, los logros económicos posteriores.

Ambos enfoques suelen omitir elementos incómodos. La historia de Chile exige reconocer simultáneamente la crisis institucional del gobierno de la Unidad Popular, la radicalización ideológica, la existencia de organizaciones armadas, la intervención extranjera, el apoyo civil a la intervención militar, las violaciones a los derechos humanos y, las consecuencias traumáticas posteriores.

Reducir el período a una lucha entre “demócratas” y “monstruos” impide comprender la complejidad real de lo ocurrido.

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Reflexión final

Chile continúa enfrentando una herida histórica porque gran parte del debate público sigue atrapado entre relatos incompatibles y memorias enfrentadas.

La reconciliación auténtica no puede construirse negando la crisis previa a 1973, ni relativizando las violaciones a los derechos humanos, ni utilizando el dolor como herramienta política permanente.

Comprender la historia exige abandonar visiones absolutas y aceptar que el país vivió uno de los períodos más complejos, polarizados y también por qué no, violentos de su vida republicana.

Sólo una comprensión completa del contexto histórico permitirá que futuras generaciones estudien este período con mayor equilibrio, lejos de consignas ideológicas y más cerca de la verdad histórica en toda su complejidad.

Manifiesto por la Dignidad Humana: El Límite ético del castigo

 

Artículo escrito por: A PASO FIRME

EL LABERINTO DE LA MEMORIA: ENTRE EL DOGMA Y LA LIBERTAD

Artículo escrito por: A PASO FIRME

    Bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis y reflexión. Hoy abordo una cuestión que atraviesa no solo el debate político contingente, sino también los fundamentos de toda democracia: La relación entre la memoria histórica, la coherencia en la aplicación de principios y la legitimidad de determinadas tradiciones ideológicas en contextos democráticos.

    Percibo que la salud de una democracia no se mide únicamente por la regularidad de sus elecciones, sino por su capacidad para reconocer y procesar tensiones internas que no son evidentes a primera vista. Una de ellas es particularmente incómoda, se trata de la convivencia entre el pluralismo democrático y corrientes ideológicas que, en su formulación histórica, han cuestionado o buscado superar ese mismo orden.

En el Chile actual, esta tensión ha dejado de ser abstracta.

    Declaraciones recientes del presidente del partido comunista de Chile Lautaro Carmona, no dejan espacio para la ambigüedad: la reafirmación del carácter leninista del partido y la reivindicación del marxismo como “herramienta científica para transformar la realidad”, ambas constituyen definiciones explícitas dentro de un sistema democrático.

    Estas afirmaciones no operan en el vacío, coexisten, y lo hacen dentro del mismo ecosistema político, con corrientes aún más radicales como la encabezada por Eduardo Artés, que han reivindicado figuras como Stalin. No se trata de equiparar actores con distinto peso político, sino de reconocer la existencia de un continuo ideológico que va desde formulaciones teóricas hasta defensas abiertas de experiencias autoritarias del siglo XX.

    La pregunta, entonces, no es de simple retórica: ¿puede una democracia liberal integrar sin fricción proyectos cuya tradición doctrinaria ha tendido a concentrar poder y a relativizar el pluralismo político?

    Esta tensión se vuelve más visible en contextos electorales. La candidatura de Jeannette Jara evidenció un fenómeno digno de análisis, aquello fue la adopción de un lenguaje y posicionamiento más cercano a la socialdemocracia, en contraste con la tradición marxista-leninista declarada por su propio partido.

    El punto relevante que pretendo exponer no es cuestionar la evolución estratégica —algo legítimo en política—, sino la falta de claridad hacia el electorado respecto de esa transición. Cuando existe una distancia perceptible entre la identidad ideológica de una organización y el discurso presentado en campaña, lo que emerge no es necesariamente moderación, sino una interrogante sobre coherencia y transparencia.

    En democracia, la competencia política no solo exige mayorías; exige también honestidad intelectual respecto de los proyectos que se proponen.

    Cuando hurgamos en búsqueda de evidencia histórica y patrones recurrentes, la implementación de modelos inspirados en el marxismo-leninismo durante el siglo XX dejó un registro ampliamente documentado de concentración de poder, restricción de libertades políticas y crisis humanitarias de gran escala visibles hasta el día de hoy, no tan lejos nuestro.

    Figuras como Mao Zedong, Josep Stalin y Pol Pot lideraron procesos cuyos costos humanos, según estimaciones académicas que hasta hoy son debatidas, se sitúan en decenas de millones de víctimas, pero, más allá de la discusión sobre cifras exactas, el patrón es consistente, es decir, cuando desaparecen los contrapesos institucionales, el poder tiende a concentrarse y el pluralismo a erosionarse.

    El argumento que expongo no es determinista, pero sí histórico: existe una tensión estructural entre estos modelos y los principios de una democracia liberal.

        Giremos un poco hacia un elemento que desde mi punto de vista no puede ser excluido de este análisis, me refiero a la formación ciudadana, el eslabón más vulnerable.

    A mi juicio, esta discusión no se agota en la política institucional, también se juega en los espacios donde se forman los criterios con los que los ciudadanos interpretan la realidad, más concretamente me refiero a la escuela y la familia.

    El rol de la educación formal no es transmitir una visión única del mundo, sino entregar herramientas para analizarlo críticamente. Cuando ese equilibrio se pierde —no necesariamente por diseño, sino por sesgos, omisiones o simplificaciones— el resultado no es educación, sino formación incompleta. Y una formación incompleta es terreno fértil para que las personas adopten ideas sin cuestionarlas, especialmente cuando esas ideas se presentan como explicaciones totales. Ahí es donde el problema deja de ser educativo y pasa a ser terreno fértil para que las personas acepten ideas sin cuestionarlas. Cuando eso ocurre, la educación deja de formar criterio y empieza a facilitar procesos de ideologización.

    Por su parte, la familia cumple una función insustituible como primer espacio de formación de criterio, referencia afectiva y contraste frente a narrativas externas. Cuando ese rol se debilita, ya sea por delegación total en instituciones o por fragmentación social, se genera un vacío que otros actores, legítimos o no, tienden a ocupar. El punto no es atribuir intencionalidad sistemática ni construir teorías de conspiración, es algo más simple y más incómodo y es que: una sociedad con déficits en la formación crítica de sus ciudadanos se vuelve más permeable a discursos que prometen explicaciones totales para problemas complejos.

    Existe, además, una asimetría en la forma en que las sociedades procesan su memoria histórica. Mientras ciertos símbolos del siglo XX generan una condena inmediata, otros son objeto de reinterpretaciones más flexibles.

    El problema no es equiparar ideologías distintas, sino la inconsistencia en el juicio crítico. Una democracia madura no selecciona qué tragedias recordar según conveniencia; establece estándares éticos coherentes frente a cualquier experiencia que haya implicado la negación sistemática de derechos fundamentales.

    Al cierre de este análisis y crítica reflexiva, la pregunta de fondo ya no puede seguir postergándose: ¿debe una democracia tolerarlo todo, incluso aquello que históricamente ha socavado sus propios fundamentos?

    Se me ocurre que el punto no es restringir ideas, sino comprender sus implicancias. La reafirmación del carácter leninista por parte de actores políticos en Chile no es un gesto simbólico menor, ello remite a una tradición que, en su aplicación histórica, ha privilegiado la concentración del poder por sobre el pluralismo político. Y esto que menciono no es un juicio ideológico, es una constatación histórica.

    La evidencia acumulada del siglo XX muestra un patrón difícil de ignorar, cada vez que estos modelos han operado sin contrapesos efectivos, las libertades individuales han sido desplazadas en nombre de proyectos totalizantes. No se trata de afirmar que la historia se repite mecánicamente, pero sí de reconocer que ignorar sus lecciones tiene costos.

    Por eso, en mi forma de ver los hechos, el desafío no es la coexistencia de ideas, sino la calidad del juicio crítico con que una sociedad las evalúa. Cuando la memoria histórica se vuelve selectiva, el debate público se empobrece y la democracia pierde una de sus defensas más importantes, me refiero con esto a la pérdida de conciencia de sus propios límites.

    En ese contexto, lo que advierto como verdadero riesgo no es la presencia de estas doctrinas, sino la indiferencia frente a lo que representan, porque una democracia no se debilita solo por lo que enfrenta, sino también por lo que decide no examinar.

Cuando esa renuncia ocurre, el problema ya no es teórico, es político.

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