EL LABERINTO DE LA MEMORIA: ENTRE EL DOGMA Y LA LIBERTAD

Artículo escrito por: A PASO FIRME

    Bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis y reflexión. Hoy abordo una cuestión que atraviesa no solo el debate político contingente, sino también los fundamentos de toda democracia: La relación entre la memoria histórica, la coherencia en la aplicación de principios y la legitimidad de determinadas tradiciones ideológicas en contextos democráticos.

    Percibo que la salud de una democracia no se mide únicamente por la regularidad de sus elecciones, sino por su capacidad para reconocer y procesar tensiones internas que no son evidentes a primera vista. Una de ellas es particularmente incómoda, se trata de la convivencia entre el pluralismo democrático y corrientes ideológicas que, en su formulación histórica, han cuestionado o buscado superar ese mismo orden.

En el Chile actual, esta tensión ha dejado de ser abstracta.

    Declaraciones recientes del presidente del partido comunista de Chile Lautaro Carmona, no dejan espacio para la ambigüedad: la reafirmación del carácter leninista del partido y la reivindicación del marxismo como “herramienta científica para transformar la realidad”, ambas constituyen definiciones explícitas dentro de un sistema democrático.

    Estas afirmaciones no operan en el vacío, coexisten, y lo hacen dentro del mismo ecosistema político, con corrientes aún más radicales como la encabezada por Eduardo Artés, que han reivindicado figuras como Stalin. No se trata de equiparar actores con distinto peso político, sino de reconocer la existencia de un continuo ideológico que va desde formulaciones teóricas hasta defensas abiertas de experiencias autoritarias del siglo XX.

    La pregunta, entonces, no es de simple retórica: ¿puede una democracia liberal integrar sin fricción proyectos cuya tradición doctrinaria ha tendido a concentrar poder y a relativizar el pluralismo político?

    Esta tensión se vuelve más visible en contextos electorales. La candidatura de Jeannette Jara evidenció un fenómeno digno de análisis, aquello fue la adopción de un lenguaje y posicionamiento más cercano a la socialdemocracia, en contraste con la tradición marxista-leninista declarada por su propio partido.

    El punto relevante que pretendo exponer no es cuestionar la evolución estratégica —algo legítimo en política—, sino la falta de claridad hacia el electorado respecto de esa transición. Cuando existe una distancia perceptible entre la identidad ideológica de una organización y el discurso presentado en campaña, lo que emerge no es necesariamente moderación, sino una interrogante sobre coherencia y transparencia.

    En democracia, la competencia política no solo exige mayorías; exige también honestidad intelectual respecto de los proyectos que se proponen.

    Cuando hurgamos en búsqueda de evidencia histórica y patrones recurrentes, la implementación de modelos inspirados en el marxismo-leninismo durante el siglo XX dejó un registro ampliamente documentado de concentración de poder, restricción de libertades políticas y crisis humanitarias de gran escala visibles hasta el día de hoy, no tan lejos nuestro.

    Figuras como Mao Zedong, Josep Stalin y Pol Pot lideraron procesos cuyos costos humanos, según estimaciones académicas que hasta hoy son debatidas, se sitúan en decenas de millones de víctimas, pero, más allá de la discusión sobre cifras exactas, el patrón es consistente, es decir, cuando desaparecen los contrapesos institucionales, el poder tiende a concentrarse y el pluralismo a erosionarse.

    El argumento que expongo no es determinista, pero sí histórico: existe una tensión estructural entre estos modelos y los principios de una democracia liberal.

        Giremos un poco hacia un elemento que desde mi punto de vista no puede ser excluido de este análisis, me refiero a la formación ciudadana, el eslabón más vulnerable.

    A mi juicio, esta discusión no se agota en la política institucional, también se juega en los espacios donde se forman los criterios con los que los ciudadanos interpretan la realidad, más concretamente me refiero a la escuela y la familia.

    El rol de la educación formal no es transmitir una visión única del mundo, sino entregar herramientas para analizarlo críticamente. Cuando ese equilibrio se pierde —no necesariamente por diseño, sino por sesgos, omisiones o simplificaciones— el resultado no es educación, sino formación incompleta. Y una formación incompleta es terreno fértil para que las personas adopten ideas sin cuestionarlas, especialmente cuando esas ideas se presentan como explicaciones totales. Ahí es donde el problema deja de ser educativo y pasa a ser terreno fértil para que las personas acepten ideas sin cuestionarlas. Cuando eso ocurre, la educación deja de formar criterio y empieza a facilitar procesos de ideologización.

    Por su parte, la familia cumple una función insustituible como primer espacio de formación de criterio, referencia afectiva y contraste frente a narrativas externas. Cuando ese rol se debilita, ya sea por delegación total en instituciones o por fragmentación social, se genera un vacío que otros actores, legítimos o no, tienden a ocupar. El punto no es atribuir intencionalidad sistemática ni construir teorías de conspiración, es algo más simple y más incómodo y es que: una sociedad con déficits en la formación crítica de sus ciudadanos se vuelve más permeable a discursos que prometen explicaciones totales para problemas complejos.

    Existe, además, una asimetría en la forma en que las sociedades procesan su memoria histórica. Mientras ciertos símbolos del siglo XX generan una condena inmediata, otros son objeto de reinterpretaciones más flexibles.

    El problema no es equiparar ideologías distintas, sino la inconsistencia en el juicio crítico. Una democracia madura no selecciona qué tragedias recordar según conveniencia; establece estándares éticos coherentes frente a cualquier experiencia que haya implicado la negación sistemática de derechos fundamentales.

    Al cierre de este análisis y crítica reflexiva, la pregunta de fondo ya no puede seguir postergándose: ¿debe una democracia tolerarlo todo, incluso aquello que históricamente ha socavado sus propios fundamentos?

    Se me ocurre que el punto no es restringir ideas, sino comprender sus implicancias. La reafirmación del carácter leninista por parte de actores políticos en Chile no es un gesto simbólico menor, ello remite a una tradición que, en su aplicación histórica, ha privilegiado la concentración del poder por sobre el pluralismo político. Y esto que menciono no es un juicio ideológico, es una constatación histórica.

    La evidencia acumulada del siglo XX muestra un patrón difícil de ignorar, cada vez que estos modelos han operado sin contrapesos efectivos, las libertades individuales han sido desplazadas en nombre de proyectos totalizantes. No se trata de afirmar que la historia se repite mecánicamente, pero sí de reconocer que ignorar sus lecciones tiene costos.

    Por eso, en mi forma de ver los hechos, el desafío no es la coexistencia de ideas, sino la calidad del juicio crítico con que una sociedad las evalúa. Cuando la memoria histórica se vuelve selectiva, el debate público se empobrece y la democracia pierde una de sus defensas más importantes, me refiero con esto a la pérdida de conciencia de sus propios límites.

    En ese contexto, lo que advierto como verdadero riesgo no es la presencia de estas doctrinas, sino la indiferencia frente a lo que representan, porque una democracia no se debilita solo por lo que enfrenta, sino también por lo que decide no examinar.

Cuando esa renuncia ocurre, el problema ya no es teórico, es político.

¿Y usted qué opinión tiene? - Deje sus comentarios y abramos un espacio de debate responsable, serio y respetuoso.

LA CANDIDATURA IMPOSIBLE: BACHELET ATRAPADA ENTRE LA POLÍTICA CHILENA Y EL DESCRÉDITO DE LA ONU

Artículo escrito por: A PASO FIRME

    La carrera de Michelle Bachelet hacia la Secretaría General de la ONU no solo está chocando contra el muro de las potencias internacionales, sino contra un nuevo y peligroso paradigma en la diplomacia chilena y una crisis existencial en el corazón de las Naciones Unidas. Lo que antes era un apoyo sagrado del Estado a sus candidatos, hoy es un campo de batalla ideológico que la deja sin protección.

 

     Para entender la negativa del presidente Kast a respaldar a Bachelet, es imposible ignorar la "doctrina Boric" aplicada con el jurista Claudio Grossman. Al romper la tradición de apoyar a figuras nacionales independientemente de su color político, la administración anterior validó que la diplomacia fuera una herramienta de gobierno y no de Estado. Hoy, ese bumeran golpea a Bachelet: si un gobierno de izquierda restó apoyo a un técnico de excelencia como Grossman, el gobierno de Kast se siente legitimado para negarle el piso a la expresidenta, argumentando que la organización requiere una "manera distinta de abordar los problemas".

 

    Este aislamiento interno llega en el momento de mayor vulnerabilidad internacional para Bachelet. Su gestión como Alta Comisionada para los Derechos Humanos dejó una herida abierta en Washington y Bruselas. Fue acusada de retrasar deliberadamente un informe sobre posibles crímenes contra la humanidad en Xinjiang para evitar confrontaciones con Pekín, publicándolo apenas minutos antes de expirar su mandato. Este manejo generó un "fantasma de desconfianza" en el Consejo de Seguridad, donde potencias con poder de veto, como Estados Unidos, miran con recelo su historial de supuesta "suavidad" ante China.

 

    Según el análisis de Foreign Policy, Bachelet no corre sola, pero su posición es extremadamente precaria. En una carrera que incluye nombres como Rafael Grossi, Rebeca Grynspan o Macky Sall, la expresidenta chilena aparece como una figura cargada de "bagaje político". Mientras otros candidatos se posicionan desde la eficiencia técnica o nuevos liderazgos regionales, Bachelet debe cargar con el peso de su controvertido paso por Ginebra, lo que la sitúa en una posición de desventaja frente a perfiles que no arrastran las mismas resistencias en el P5 (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido - Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho a veto).

 

    Finalmente, la viabilidad de su candidatura se mide en un contexto de agonía institucional. Especialistas como Richard Gowan, del International Crisis Group, alertan que la ONU enfrenta una crisis de relevancia y moral, caracterizada por la parálisis geopolítica y cortes presupuestarios severos. La organización lidia con un "desperfilamiento" funcional agravado por un incumplimiento financiero récord de los Estados miembros, lo que coloca el funcionamiento de la ONU en riesgo en el corto plazo. En este escenario de quiebra técnica y política, la llegada de una figura que ya genera división antes de empezar, parece ser el último riesgo que una organización debilitada puede permitirse correr.

PRIMER MES DE KAST: ENTRE EL GOLPE DE REALIDAD Y LA PRUEBA DE FUEGO

 

Artículo escrito por: A PASO FIRME

    Chile no está viviendo un inicio de gobierno cualquiera. Lo que estamos viendo en este primer mes del mandato de José Antonio Kast es algo más incómodo, más crudo, se trata a mi juicio del momento exacto en que una expectativa enorme choca de frente con la realidad.

    Comencemos por donde corresponde, el triunfo de José Antonio Kast no fue sólo electoral, fue simbólico. Ganar en todas las regiones no ocurre por casualidad, es el reflejo de un país que se cansó, cansado de promesas, de ambigüedades, de una forma de gobernar que terminó por diluir responsabilidades. Y en ese sentido, este cambio de ciclo tiene una profundidad que muchos aún no terminan de dimensionar. No es sólo alternancia, es corrección de rumbo, por eso mismo, el estándar es otro y, ahí es donde comienzan los problemas.

    Gobernar no tiene nada que ver con ganar elecciones, el primer mes ha dejado en evidencia algo que suele ser letal si no se corrige a tiempo: desorden comunicacional. La vocera Mara Sedini y otras figuras han cometido errores evitables, de esos que no tumban un gobierno, pero sí erosionan su credibilidad. Declaraciones que después se corrigen, ideas mal explicadas, mensajes que llegan tarde. ¿El resultado? Un espacio abierto que la oposición no ha dudado en ocupar, aquí no me refiero a cualquier oposición, me refiero al Partido Comunista de Chile y el Frente Amplio, ellos entendieron rápido el libreto: no necesitan grandes derrotas del gobierno, les basta con amplificar cada tropiezo hasta convertirlo en un síntoma de incapacidad estructural, ellos no buscan tener razón, buscan instalar una sensación.

    Mientras el ruido político crece, hay un elemento mucho más determinante que no depende de La Moneda y es el contexto internacional. Kast asumió con una crisis energética en desarrollo que terminó impactando de lleno en el precio de los combustibles. Ahí aparece una de las decisiones más incómodas, y al mismo tiempo más reveladoras de este inicio, la del ministro de Hacienda Jorge Quiroz, de transparentar el precio real del petróleo; en efecto, se acabó el subsidio silencioso, se acabó la ficción.

    El problema con lo anterior es que decir la verdad en economía casi nunca es popular y menos cuando implica que la bencina suba más de 400 pesos y el diésel aún más. La izquierda reaccionó como era esperable, atribuyendo la responsabilidad al gobierno. Pero la discusión de fondo es otra, si el país quiere seguir viviendo en una ilusión financiada con deuda o si, de una vez por todas, se enfrenta a los costos reales.

    Esa misma tensión aparece cuando se empieza a mirar hacia atrás, porque parte importante del relato oficial se ha construido sobre una herencia fiscal más frágil de lo que se decía. Las cifras son incómodas, pero más incómodas son las preguntas que abren sobre la gestión de Gabriel Boric. Si efectivamente hubo gastos no registrados o maniobras para maquillar balances, el problema deja de ser técnico y pasa a ser político y bastante profundo. Ahora bien, hay un dato que descoloca a todos, el país no estalló. Con aumentos mucho más agresivos en los combustibles, no vimos lo que sí ocurrió en el Estallido delictual de 2019. No hubo incendios, no hubo desborde masivo y eso dice algo, no necesariamente que el malestar haya desaparecido, sino que cambió de forma, significa que hay un aprendizaje, quizás más silencioso, quizás más desconfiado, pero aprendizaje al fin.

    En medio de todo esto, aparece uno de los primeros costos políticos reales del gobierno, la auditoría que no fue. Era una promesa potente, casi fundacional. Entender dónde y cómo se gastaron o malgastaron, los recursos del Estado. Pero la decisión de no avanzar en una auditoría profunda por falta de recursos dejó una sensación difícil de administrar.

    Apoyarse en la Contraloría General de la República es razonable desde lo institucional, especialmente considerando el liderazgo que ha mostrado Dorothy Pérez, pero no alcanza, no porque la Contraloría no pueda, sino porque no tiene con qué. Y ahí es donde la expectativa empieza a chocar con los límites reales del Estado.

    Aun así, no todo es retroceso. Hay figuras dentro del gabinete que han comenzado a marcar diferencia. El ministro de Vivienda Iván Poduje, por ejemplo, ha hecho algo que parece básico pero no siempre ocurre: enfrentar el problema en terreno, sin intermediarios y sin filtros, directo al corazón del problema que la gente tiene a la vista, eso, en política, construye autoridad.

    En contraste, episodios como el que vivió la ministra Lincolao en la Universidad Austral de Chile dejan en evidencia que hay espacios donde el Estado simplemente no logra imponerse. La pasividad del rector Egon Montecinos frente a hechos de violencia no es un detalle, es una señal de fondo, el orden sigue siendo una disputa abierta.

    Y así, casi sin darse cuenta, el gobierno llega a su primer mes real, sin luna de miel, sin margen para errores prolongados y con un paquete de medidas, 45 en total, que será su primera prueba seria, no por lo que diga en el papel, sino por su capacidad de gestión y la muñeca política de sus subsecretarios y ministros, más que lo poco y mal que ha hecho hasta el momento el segundo piso de Palacio con Valenzuela a la cabeza...de los errores.

Porque al final del día, Chile no necesita más diagnósticos, necesita resultados.

    Reducir el tamaño del Estado, reasignar recursos, concentrarse en seguridad y justicia, donde el Estado no puede fallar, no son ideas nuevas. Lo que está en juego es si esta vez alguien será capaz de ejecutarlas sin diluirse en el intento. Ese es el verdadero examen.

    En ese examen, este primer mes no genera una conclusión, pero sí una advertencia y es que la realidad no se adapta al relato. Es el relato el que tiene que empezar a adaptarse a la realidad.

    Si uno observa con frialdad las críticas más duras que hoy circulan, incluso aquellas que vienen desde sectores que se suponen cercanos o intelectualmente afines, aparece un patrón interesante: más que un rechazo al gobierno, lo que hay es una advertencia sobre sus límites actuales.

    Se habla de falta de articulación política, de dificultad para ampliar mayorías, de una derecha que aún no logra ordenar sus propias tensiones internas. Se cuestiona la ausencia de una estrategia clara para convertir el triunfo electoral en poder efectivo. Y se insiste en algo que es clave: ganar no es gobernar.

    Pero ahí es donde la lectura cambia, porque si esas críticas se interpretan no como un veredicto, sino como diagnóstico, lo que aparece es una oportunidad, una bastante clara, además, corregir temprano.

    La historia política en Chile y fuera del país muestra que los gobiernos que logran adaptarse en sus primeros meses, que entienden el entorno y ajustan su propia forma de ejercer el poder, son los que terminan consolidándose. Los que no, simplemente administran su desgaste.

    El contexto actual tampoco ayuda, porque el malestar social ya no desaparece con elecciones, se vuelve persistente, casi estructural. Eso obliga a una política distinta, algo con menos épica y con más precisión; con menos promesas grandilocuentes, pero con más resultados concretos.

    En ese escenario, la clave no está en intentar imponer una identidad rígida, sino en construir capacidad de acción, priorizar, elegir las batallas, ejecutar bien, aunque sea poco, generar acuerdos donde antes sólo había trincheras.

Dicho de otra forma, se trata de pasar del impulso a la conducción.

    Porque si algo queda claro tras este primer mes, es que el margen existe, pero no es infinito. El verdadero capital político de este gobierno no está en lo que prometió, sino en lo que logre hacer rápido, bien y con sentido.

Ahí se juega todo.

SOBERANÍA EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN - Poder, infraestructura crítica y coherencia estratégica

 Artículo escrito por: A PASO FIRME

    Analicemos esto por partes y comencemos por revisar la soberanía jurídica versus la soberanía efectiva.

    Desde la Paz en Westfalia en 1648, la soberanía se entiende como autoridad suprema dentro de un territorio y ausencia de subordinación externa, pero en el siglo XXI, esa definición resulta incompleta, hoy la soberanía no se mide solo en términos jurídicos, se mide en capacidad material, Control tecnológico, Autonomía energética, Independencia estratégica y Poder económico.

    El reciente episodio en que Estados Unidos revocó visas a tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric obliga a revisar esta distinción con mayor profundidad.

    En el centro del debate no está una visa, está el Proyecto Humboldt; se trata del primer cable submarino que busca conectar directamente Sudamérica con Oceanía y Asia, consolidando a Chile como hub digital regional.

    Los cables submarinos no son simples infraestructuras comerciales, transportan más del 95% del tráfico global de datos, son arterias financieras, tecnológicas y estratégicas.

    En el actual escenario de competencia sistémica entre Estados Unidos y la República Popular China, la infraestructura digital es terreno geopolítico.

    Washington había advertido previamente a la representación diplomática chilena sobre los riesgos estratégicos de ciertos esquemas de cooperación tecnológica con Beijing, la advertencia existió, por lo tanto la reacción posterior no puede entenderse como improvisación, sino como uan parte de una doctrina consistente de contención tecnológica frente a China.

    El gobierno chileno invocó soberanía nacional y jurídicamente tiene razón, Chile decide con quién desarrolla su infraestructura, pero la soberanía es simétrica, si Chile decide con quién se asocia, Estados Unidos también decide a quién concede o revoca visas. No estamos ante una violación del derecho internacional, estamos ante un choque de decisiones soberanas en un entorno de asimetría de poder, así las cosas, la discusión entonces, no es jurídica, es estratégica.

    Aquí entra un elemento adicional, durante su trayectoria política, Gabriel Boric fue particularmente crítico del presidente Donald Trump, las diferencias fueron ideológicas y discursivas; en sistemas presidenciales fuertes, la política exterior no está completamente desvinculada del liderazgo político, no se trata de personalizar la sanción, pero sí de reconocer que el clima político influye en el margen de negociación y en la disposición al diálogo. En diplomacia, las relaciones personales importan.

    Aquí es donde llegamos al punto más delicado, en 2017, la República Popular China promulgó su Ley de Inteligencia Nacional y en su Artículo 7mo. establece:

        “Cualquier organización o ciudadano deberá apoyar, asistir y cooperar con el trabajo de inteligencia nacional de conformidad con la ley, y guardar el secreto de las actividades de inteligencia nacional de las que tenga conocimiento.”

Este artículo genera fricción estructural con Occidente por tres razones:

• Primero: obligatoriedad universal.

No distingue entre territorio nacional o extranjero, un ciudadano chino trabajando en infraestructura estratégica fuera de China está legalmente obligado a cooperar si se le solicita.

• Segundo: alcance sobre empresas.

La ley incluye organizaciones, compañías como Huawei o COSCO Shipping, ellas están jurídicamente sujetas a esa obligación.

• Tercero: ausencia de contrapesos judiciales independientes.

No existen mecanismos institucionales robustos para negarse si el Estado invoca seguridad nacional.

    Este marco normativo es parte del análisis estratégico que realiza Estados Unidos cuando evalúa infraestructura crítica.

    La objeción habitual es inmediata, Estados Unidos también tiene leyes de inteligencia con alcance extraterritorial, es cierto, existen normas como la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) y disposiciones del Patriot Act que permiten recolección de datos bajo determinadas circunstancias; la diferencia entonces no está en la existencia de facultades de inteligencia, todos los Estados las tienen, la diferencia radica en Sistemas de contrapesos judiciales independientes, Posibilidad de litigio público, Prensa libre y una División de poderes efectiva.

    En el sistema estadounidense, una empresa puede impugnar decisiones en tribunales federales. En el sistema chino, la independencia judicial frente al Partido Comunista es estructuralmente inexistente.

    No quiero que nos perdamos en esto, porque aquí no se trata de idealizar a Washington, se trata de comparar arquitecturas institucionales. Para infraestructura crítica, la diferencia institucional SÍ importa y es crucial.

    Revisemos brevemente asuntos relacionados con este análisis y desglosemos casos de dependencia estratégica de lecciones comparadas.

    Alemania aprendió en 2022 lo que significaba depender energéticamente de la estatal rusa Gazprom, cuando Gazprom redujo el suministro de gas en medio de tensiones por la guerra en Ucrania, formalmente Alemania era soberana, materialmente, su margen de maniobra era reducido.

    Perú experimenta hoy las tensiones derivadas de su acuerdo con COSCO Shipping en el puerto de Chancay, aquí se ilustra cómo la soberanía contractual puede verse condicionada por compromisos asumidos bajo asimetría de poder.

    En ambos casos, los contratos eran legales, pero la asimetría de poder condiciona la capacidad de revisión futura, entonces el problema no es firmar acuerdos, el problema es firmarlos sin considerar el marco estructural del socio con el que se hacen los acuerdos.

    La cuestión finalmente no es ideológica, no es “Estados Unidos bueno” versus “China malo”, a mi juicio, la pregunta estratégica es, ¿Qué riesgos incorpora el Estado de Chile cuando vincula infraestructura digital crítica a actores sujetos a una legislación que obliga cooperación con su aparato de inteligencia?, más aún, ¿Está Chile en posición material de gestionar simultáneamente la presión de Washington y las obligaciones contractuales con Beijing?. En un sistema internacional competitivo, la neutralidad tecnológica es cada vez más difícil de sostener.

    Queridos oyentes, Chile es soberano desde 1818, consolidado tras la independencia liderada por don Bernardo O’Higgins, sin embargo, nuestro país ha cedido jurisdicción voluntariamente en múltiples tratados internacionales. La soberanía moderna no es absoluta, es relacional; depende de poder, con capacidad y coherencia estratégica. Invocar soberanía sin medir consecuencias estructurales es retórico, ejercer soberanía exige inteligencia y cálculo.

    La soberanía no desaparece en la globalización, pero su margen efectivo depende del poder relativo.

    Para países medianos, la pregunta clave no es si pueden decidir, es cuánto pueden sostener esa decisión frente a grandes potencias y en el caso particular de infraestructura crítica, las decisiones no son meramente comerciales, son geopolíticas y, en geopolítica, las normas internas del socio son parte del contrato, aunque no aparezcan en la firma.

    Al final de este análisis, la verdadera pregunta no es si Chile es soberano, la verdadera pregunta es ¿Está ejerciendo Chile su soberanía con plena conciencia del entorno estratégico en el que opera?, porque en el siglo XXI, la soberanía no es un eslogan, es una variable absolutamente dependiente del poder.

EL LITIO EN LA CUERDA FLOJA - ¿RIQUEZA DEL FUTURO O ERROR DEL PASADO?

 

Artículo escrito por: A PASO FIRME

    Chile tiene aproximadamente el treinta por ciento de las reservas mundiales de litio, treinta por ciento, un número que suena a poder, a ventaja estratégica, a futuro asegurado; sin embargo, mientras discutimos cómo administrar esa riqueza, el mundo tecnológico ya está trabajando, silenciosamente en alternativas que podrían relativizar ese dominio.

La historia económica no premia al que tiene el recurso, premia al que entiende el momento.

    Durante años, el litio fue el rey indiscutido del almacenamiento energético: alta densidad, eficiencia, versatilidad; se trata de la columna vertebral de los vehículos eléctricos y de la transición energética global, pero el litio no es perfecto.

    Su extracción en salares requiere enormes volúmenes de agua, particularmente sensibles en zonas como el norte de Chile. El proceso de reciclaje es tanto complejo como costoso y las baterías contienen elementos críticos como cobalto y níquel, que agregan desafíos ambientales y sociales.

Nada de esto lo invalida, pero sí lo relativiza.

    Mientras tanto, el sodio, un elemento abundante, presente en la sal común y en el océano, comienza a ganar terreno.

    Las baterías de sodio no tienen la misma densidad energética que las de litio, es decir, pesan más para almacenar lo mismo, pero ofrecen ventajas relevantes, por ejemplo, menor costo, materias primas ampliamente disponibles, menor presión geopolítica, menor toxicidad, mayor facilidad de reciclaje, mejor tolerancia a temperaturas extremas. En aplicaciones de almacenamiento estacionario como redes eléctricas, el sodio puede ser perfectamente competitivo.

    Aquí es donde aparece el dato estratégico, empresas como BYD ya han anunciado avances tanto en baterías de sodio como en baterías de estado sólido, con planes de producción hacia 2027. China no está apostando todo a una sola carta química, está diversificando, está investigando, está anticipando.

    Mientras tanto, en Chile, el debate público gira en torno a cómo administrar la renta del litio …y cómo cubrir déficits fiscales inmediatos, he aquí donde el análisis se vuelve incómodo, porque tener el recurso no equivale a dominar la tecnología, tener reservas no equivale a tener industria, tener ventaja natural no equivale a tener estrategia. Chile podría estar invirtiendo agresivamente en investigación aplicada, fabricación de celdas, desarrollo de reciclaje avanzado, formación de capital humano especializado y diversificación hacia nuevas químicas como el sodio.

Pero el foco, el foco sigue estando, una vez más, en la extracción primaria.

Entonces, conviene mirar hacia atrás.

    A comienzos del siglo XX, Chile era el principal productor mundial de salitre natural; el salitre era nuestro oro blanco, financiaba al Estado, sostenía la economía y parecía una fuente inagotable de recursos ...hasta que la ciencia hizo su trabajo.

    En 1909, el químico alemán Fritz Haber, junto a Carl Bosch, desarrollaron el proceso que permitió sintetizar amoníaco a partir del nitrógeno del aire, el famoso proceso Haber-Bosch, ¿el resultado? Fertilizantes sintéticos, ¿el impacto? Devastador para la industria salitrera chilena.

    No fue una guerra, no fue un bloqueo, no fue una conspiración, fue ciencia, innovación, conocimiento aplicado y, en pocos años, la riqueza que parecía eterna se evaporó. Las oficinas salitreras quedaron abandonadas en el desierto, pueblos completos desaparecieron, la economía chilena entró en una crisis profunda.

    La pregunta es inevitable, ¿Aprendimos algo? Porque hoy volvemos a escuchar el mismo relato: “Tenemos el recurso estratégico del siglo XXI.” y puede ser cierto, pero también puede ser parcialmente cierto.

    Si el mundo avanza hacia baterías de sodio, estado sólido u otras químicas emergentes …si la densidad energética mejora …si los costos bajan …si el reciclaje se simplifica…

    ¿El litio seguirá siendo importante? Sí, pero no necesariamente hegemónico y depender exclusivamente de su renta podría ser, otra vez, un error histórico.

    La experiencia del salitre debería formar parte de la memoria colectiva de Chile, porque no fue la política la que reemplazó al salitre, fue la ciencia; no fue un decreto, fue conocimiento aplicado con disciplina y visión de largo plazo.

    La pregunta final es incómoda, pero necesaria, ¿Estamos usando el litio para construir futuro tecnológico …o para financiar presente político? Porque si la respuesta es lo segundo, la historia podría repetirse.

    La porfía de anteponer la política al conocimiento no es una experiencia heredable, es una experiencia repetible y Chile, Chile ya sabe cómo termina esa historia.