Artículo escrito por: A PASO FIRME
Analicemos esto por partes y comencemos por revisar la soberanía jurídica versus la soberanía efectiva.
Desde la Paz en Westfalia en 1648, la soberanía se entiende como autoridad suprema dentro de un territorio y ausencia de subordinación externa, pero en el siglo XXI, esa definición resulta incompleta, hoy la soberanía no se mide solo en términos jurídicos, se mide en capacidad material, Control tecnológico, Autonomía energética, Independencia estratégica y Poder económico.
El reciente episodio en que Estados Unidos revocó visas a tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric obliga a revisar esta distinción con mayor profundidad.
En el centro del debate no está una visa, está el Proyecto Humboldt; se trata del primer cable submarino que busca conectar directamente Sudamérica con Oceanía y Asia, consolidando a Chile como hub digital regional.
Los cables submarinos no son simples infraestructuras comerciales, transportan más del 95% del tráfico global de datos, son arterias financieras, tecnológicas y estratégicas.
En el actual escenario de competencia sistémica entre Estados Unidos y la República Popular China, la infraestructura digital es terreno geopolítico.
Washington había advertido previamente a la representación diplomática chilena sobre los riesgos estratégicos de ciertos esquemas de cooperación tecnológica con Beijing, la advertencia existió, por lo tanto la reacción posterior no puede entenderse como improvisación, sino como uan parte de una doctrina consistente de contención tecnológica frente a China.
El gobierno chileno invocó soberanía nacional y jurídicamente tiene razón, Chile decide con quién desarrolla su infraestructura, pero la soberanía es simétrica, si Chile decide con quién se asocia, Estados Unidos también decide a quién concede o revoca visas. No estamos ante una violación del derecho internacional, estamos ante un choque de decisiones soberanas en un entorno de asimetría de poder, así las cosas, la discusión entonces, no es jurídica, es estratégica.
Aquí entra un elemento adicional, durante su trayectoria política, Gabriel Boric fue particularmente crítico del presidente Donald Trump, las diferencias fueron ideológicas y discursivas; en sistemas presidenciales fuertes, la política exterior no está completamente desvinculada del liderazgo político, no se trata de personalizar la sanción, pero sí de reconocer que el clima político influye en el margen de negociación y en la disposición al diálogo. En diplomacia, las relaciones personales importan.
Aquí es donde llegamos al punto más delicado, en 2017, la República Popular China promulgó su Ley de Inteligencia Nacional y en su Artículo 7mo. establece:
“Cualquier organización o ciudadano deberá apoyar, asistir y cooperar con el trabajo de inteligencia nacional de conformidad con la ley, y guardar el secreto de las actividades de inteligencia nacional de las que tenga conocimiento.”
Este artículo genera fricción estructural con Occidente por tres razones:
- Primero: obligatoriedad universal.
- Segundo: alcance sobre empresas.
- Tercero: ausencia de contrapesos judiciales independientes.
Este marco normativo es parte del análisis estratégico que realiza Estados Unidos cuando evalúa infraestructura crítica.
La objeción habitual es inmediata, Estados Unidos también tiene leyes de inteligencia con alcance extraterritorial, es cierto, existen normas como la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) y disposiciones del Patriot Act que permiten recolección de datos bajo determinadas circunstancias; la diferencia entonces no está en la existencia de facultades de inteligencia, todos los Estados las tienen, la diferencia radica en Sistemas de contrapesos judiciales independientes, Posibilidad de litigio público, Prensa libre y una División de poderes efectiva.
En el sistema estadounidense, una empresa puede impugnar decisiones en tribunales federales. En el sistema chino, la independencia judicial frente al Partido Comunista es estructuralmente inexistente.
No quiero que nos perdamos en esto, porque aquí no se trata de idealizar a Washington, se trata de comparar arquitecturas institucionales. Para infraestructura crítica, la diferencia institucional SÍ importa y es crucial.
Revisemos brevemente asuntos relacionados con este análisis y desglosemos casos de dependencia estratégica de lecciones comparadas.
Alemania aprendió en 2022 lo que significaba depender energéticamente de la estatal rusa Gazprom, cuando Gazprom redujo el suministro de gas en medio de tensiones por la guerra en Ucrania, formalmente Alemania era soberana, materialmente, su margen de maniobra era reducido.
Perú experimenta hoy las tensiones derivadas de su acuerdo con COSCO Shipping en el puerto de Chancay, aquí se ilustra cómo la soberanía contractual puede verse condicionada por compromisos asumidos bajo asimetría de poder.
En ambos casos, los contratos eran legales, pero la asimetría de poder condiciona la capacidad de revisión futura, entonces el problema no es firmar acuerdos, el problema es firmarlos sin considerar el marco estructural del socio con el que se hacen los acuerdos.
La cuestión finalmente no es ideológica, no es “Estados Unidos bueno” versus “China malo”, a mi juicio, la pregunta estratégica es, ¿Qué riesgos incorpora el Estado de Chile cuando vincula infraestructura digital crítica a actores sujetos a una legislación que obliga cooperación con su aparato de inteligencia?, más aún, ¿Está Chile en posición material de gestionar simultáneamente la presión de Washington y las obligaciones contractuales con Beijing?. En un sistema internacional competitivo, la neutralidad tecnológica es cada vez más difícil de sostener.
Queridos oyentes, Chile es soberano desde 1818, consolidado tras la independencia liderada por don Bernardo O’Higgins, sin embargo, nuestro país ha cedido jurisdicción voluntariamente en múltiples tratados internacionales. La soberanía moderna no es absoluta, es relacional; depende de poder, con capacidad y coherencia estratégica. Invocar soberanía sin medir consecuencias estructurales es retórico, ejercer soberanía exige inteligencia y cálculo.
La soberanía no desaparece en la globalización, pero su margen efectivo depende del poder relativo.
Para países medianos, la pregunta clave no es si pueden decidir, es cuánto pueden sostener esa decisión frente a grandes potencias y en el caso particular de infraestructura crítica, las decisiones no son meramente comerciales, son geopolíticas y, en geopolítica, las normas internas del socio son parte del contrato, aunque no aparezcan en la firma.
Al final de este análisis, la verdadera pregunta no es si Chile es soberano, la verdadera pregunta es ¿Está ejerciendo Chile su soberanía con plena conciencia del entorno estratégico en el que opera?, porque en el siglo XXI, la soberanía no es un eslogan, es una variable absolutamente dependiente del poder.
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